El Gobierno vasco desconoce si los municipios avanzan con los censos de amianto y los calendarios de retirada

El Gobierno vasco desconoce en qué punto se encuentra la elaboración de los censos de instalaciones con amianto por parte de los Ayuntamientos y el calendario para su retirada. El Departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente que dirige Mikel Jauregi reconoce en la respuesta a una solicitud de información a través del Parlamento Vasco que “en la actualidad, el Gobierno vasco no dispone de un registro oficial donde se recojan los censos municipales de instalaciones con presencia de amianto”.

Pese a que la parlamentaria de EH Bildu, Amancay Villalba, pregunta de forma concreta “cuántos ayuntamientos han enviado información” sobre el censo instalaciones con amianto y el calendario, el consejero no ofrece en su respuesta ninguna cifra y se limita a señalar que la ley que obliga a la realización de estos censos “no determina un plazo específico para la remisión”. Es decir, que según se desprende de la respuesta, el departamento no tiene constancia de si los ayuntamientos vascos avanzan en este censo al que están obligados por ley, pese a que Medio Ambiente es una de las partes que tiene que recibir estos censos y después comprobar la retirada de amianto de las instalaciones afectadas. Y Jauregi remite a una próxima reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, convocada el 19 de noviembre, para poder tener más información al respecto.

Hace casi un año, en noviembre de 2024, el departamento que dirige Mikel Jauregi reconocía que sólo cinco municipios habían finalizado estos censos y remitido los pertinentes informes al Gobierno vasco. Es decir, que los otros 247 estaba incumpliendo la ley que les obliga a elaborarlos. Los únicos que tenían realizados y entregados los censos eran los ayuntamientos de Errigoiti, Olaberria, Ayala, Legazpi y Beasain. Un año antes, en 2023, los habían entregado ya Errigoiti, Olaberria.

Jauregi señalaba hace un año -también en respuesta parlamentaria- que un total de 31 ayuntamientos vascos habían pedido algún tipo de ayudas para llevar a cabo diferentes actuaciones relacionadas con el amianto, y que dentro de la memoria justificativa de la ejecución de la subvención concedida figuraban la obligación de remitir estos censos. Por ello, el departamento contaba con recibir en breve los censos de los 26 municipios a los que faltaba sólo por cumplir con uno de los requisitos para percibir las ayudas. En estos momentos el censo elaborado por estos municipios, si es que existe, no parece estar registrados por parte del departamento. Sí señala el consejero en su respuesta que “es intención de este departamento poner en común en la próxima reunión a celebrar de la mesa de trabajo sobre amianto, -el 19 de noviembre- la situación de los censos recibidos oficialmente en cada uno de los Departamentos competentes a los que deben remitirse según lo dispuesto en la ley 7/2022”.

Dicha ley recoge que su disposición adicional decimocuarta que los censos serán “remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas”, por lo que se entiende que el departamento en el que se incluye Medio Ambiente debería disponer de ese listado. La norma señala que serán las autoridades autonómicas las que “deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028”. Una fecha que empieza a parecer difícil de cumplir si sigue sin tenerse constancia de dónde se encuentra esta sustancia.

Según señala el departamento, la mesa de trabajo del amianto, en la que hay representantes del departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente y de los departamentos de Salud y Economía, Trabajo y Empleo, donde se abordan temas técnicos, ha celebrado ocho reuniones en el año 2025 tratando diferentes cuestiones relacionadas con el amianto y lo regulado en ese ámbito por la Ley 7/2022. “La siguiente reunión del grupo de trabajo a nivel de responsables políticos está convocada para el próximo 19 de noviembre”, y en el orden del día previsto se encuentra analizar los avances durante el año 2025, situación de censos, instrumentos económicos (para censar y para retirar), comunicación a ayuntamientos, gestión del amianto en poder de la ciudadanía, así como soluciones a la recogida y vertido, posibles acciones comunicativas y propuestas para el 2026.

Jauregi señala que la ley no establece la obligatoriedad de elaborar un plan de desamiantado en las comunidades autónomas, pero que “es intención del grupo de trabajo interdepartamental puesto en marcha, y dentro de las competencias que tiene atribuidas cada departamento gubernamental que participa, seguir avanzando en las actuaciones que se consideren necesarias abordar para cumplir con los objetivos previstos en la citada ley”. En este sentido, señala que se está trabajando paralelamente con otros agentes implicados como son las Diputaciones Forales acordando soluciones al amianto en poder de la ciudadanía, dado que la gestión de este residuo es de competencia municipal según lo dispuesto en la Ley 7/2022 sobre los “residuos domésticos peligrosos”.

La ley estatal aprobada el mes de abril de 2022 en el Congreso de los Diputados -Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular-, imponía el plazo de un año a los ayuntamientos desde la entrada en vigor de la norma para elaborar el listado de instalaciones afectadas con esta sustancia, altamente contaminante. El censo debía acompañarse de un calendario que planifique su retirada y tanto el listado como el calendario, con carácter público, y remitirse a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas. El plazo para el cumplimiento de esta norma, que finalizaba en abril de 2023, se alargó primero hasta finales del año 2023, pero la realidad ha demostrado el incumplimiento absoluto de los plazos, porque los ayuntamientos aseguran que tienen muchas dificultades para elaborar dicho censo.

Lo cierto es que la ausencia de censos en manos del Gobierno vasco impide tener una valoración de la cantidad que amianto que existe en los municipios y de la cantidad que se prevé retirar hasta el año 2030, fecha que fija la citada norma, que obliga a que esté retirado de los edificios públicos y de mayor riesgo antes de 2028.

Desde el Gobierno vasco señalan que se han realizado “diferentes acciones para apoyar a los ayuntamientos en la elaboración de los censos de amianto”, como jornadas divulgativas, un buzón de correo electrónico para que cada entidad local pueda trasladar dudas o diferentes aspectos relativos a la elaboración de los censos de amianto, además de ayudas para llevarlos a cabo. No obstante, recuerdan que “que la responsabilidad de cumplir con las obligaciones atribuidas a las entidades locales en la ley 7/2022, es de cada ayuntamiento. El Gobierno vasco informa periódicamente a los ayuntamientos sobre dichas obligaciones legales y, tras la próxima reunión de la Mesa Interdepartamental del Amianto, evaluará nuevas acciones o comunicaciones necesarias”.