Ochandiano y Tellería, exdirigentes del PNV alavés, pendientes de una evaluación médica para evitar la cárcel por corrupción

Dos de los exdirigentes del PNV de Álava condenados por corrupción en el marco del 'caso De Miguel', Koldo Ochandiano y Aitor Tellería, están pendientes de una evaluación médica para que la Audiencia Provincial de Álava pueda decidir de manera objetiva si acepta o no la suspensión de la ejecución de las condenas que han solicitado formalmente por problemas de salud, según coinciden en indicar fuentes judiciales y de las defensas sobre unas patologías adelantadas por este periódico en enero. Este trámite puede ser “muy lento”. En ambos casos, también han intentado lograr una posposición de la entrada en prisión a la luz de la presentación de un indulto. Pesan sobre ellos condenas ya firmes validadas por el Tribunal Supremo de entre siete y seis años, respectivamente.

En el caso del principal imputado, el ex 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, su nueva letrada, Estefanía Rojo, que ha relevado a Gonzalo Susaeta, también ha buscado la suspensión extraordinaria de las penas, que ascienden aquí a doce años (nueve de cumplimiento efectivo). Lo intentó sin éxito con un recurso de súplica que fue desestimado por la Audiencia Provincial y más tarde con una suspensión extraordinaria por estar pendiente de que el Gobierno de España le conceda en el indulto. Ninguna fuente es conocedora de petición alguna por motivos de salud, más allá de que alegó que era una figura importante para el cuidado de su familia. Finalmente, no consta que Xabier Sánchez Robles, exdirector de Juventud y el cuarto ex del PNV con una fuerte condena, haya realizado ningún movimiento para evitar el encarcelamiento, ni por la vía del indulto ni buscando otro resquicio.

Las fuentes consultadas, eso sí, exhiben su preocupación por la posible afección de la huelga de jueces y fiscales en este procedimiento que se inició allá por 2009 y que no termina de completarse. Sin embargo, hasta el momento “el efecto de la huelga de los letrados de la administración de justicia ha sido cero”, según una de las partes personas, y hasta el momento “la incidencia de las movilizaciones de los funcionarios tampoco ha influido mucho”, a salvo de algún retraso en las notificaciones.