El PNV y el PSE-EE han hecho uso este miércoles del rodillo parlamentario que les permite su mayoría absoluta y han sacado adelante el Plan Director de Vivienda sin admitir ni una sola propuesta de resolución presentada por los partidos de la oposición. Los dos grupos que sustentan el Gobierno han votado en contra de todas las propuestas presentadas por Sumar, PP o EH Bildu, que sí que han votado a favor o se han abstenido en diferentes propuestas del resto de las formaciones.
Así, uno de los planes más importantes de la legislatura se ha aprobado sólo con las aportaciones realizadas por estos dos partidos -sus resoluciones han salido todas adelante- y se suman a la propuesta inicial que ha presentado al Parlamento Vasco el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana dirigido por el consejero socialista Denis Itxaso. Sumar, PP y EH Bildu han criticado la “falta de ambición del texto, su ”carácter regresivo“ y su ”orientación equivocada“.
El parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha criticado que aunque el plan “recoge muchas acciones”, no “concreta” las fechas en las que se van a llevar a cabo ni el presupuesto que se les asigna. Además, ha lamentado que el documento plantea un “giro regresivo” hacia posiciones “neoliberales” que da mayores facilidades a un mercado inmobiliario privado que solo responde “a las necesidades de quienes quieren hacer negocio”.
La parlamentaria del PP Ana Morales ha afirmado que, con este plan, el Gobierno vasco va “en la dirección equivocada”. Ha criticado el modelo “intervencionista” que desarrolla el Gobierno vasco en materia de vivienda, y ha asegurado que este plan “no va a servir de gran cosa porque ahonda en un modelo absolutamente fracasado”. Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha denunciado que al plan “le falta coherencia y ambición”. Además, ha afirmado que “en esta emergencia, habitacional y climática, hay que potenciar la utilización del suelo ya urbanizado”; y que no hay necesidad de más vivienda libre, sino que “hay que dedicar todos los esfuerzos a la vivienda pública y protegida”.
Pese a las críticas, el documento ha salido adelante y marcará la hoja de ruta del Gobierno vasco en materia de vivienda para los próximos tres años, movilizando un esfuerzo inversor de 3.250 millones de euros en ese plazo, incluyendo el gasto consolidado del Departamento, de las sociedades autonómicas Visesa y Alokabide y el gasto fiscal de las diputaciones. El plan contempla también la creación de un gran fondo social de vivienda, con la participación del BEI, el ICO y socios vascos, para atraer capital privado hacia proyectos de vivienda asequible.
El objetivo primero es la promoción de vivienda asequible, con la intención de llegar a 7.000 viviendas de alquiler asequible durante la presente legislatura, tal y como Itxaso lleva prometiendo desde el inicio de su mandato, de las cuales 5.250 se pondrán a disposición de la ciudadanía en los próximos tres años. Estas viviendas se destinarán especialmente a jóvenes, mayores, colectivos en situación de vulnerabilidad y también a familias de clase media y personas trabajadoras con bajos ingresos.
Por otro lado, se impulsará la rehabilitación del parque edificado, con la previsión de financiar actuaciones en 62.000 viviendas y 10.000 edificios en estos tres años, de los cuales 3.500 y 20.000 viviendas lo serán incluyendo la mejora de su eficiencia energética, impulsando la aplicación de las ITE (Inspección Técnica de Edificios) y mejorando considerablemente los niveles de accesibilidad y eficiencia energética del parque existente de edificios y viviendas de Euskadi. Si en 2025 y 2026 el impacto de la política de rehabilitación debe alcanzar anualmente al 2,5% de los edificios residenciales vascos, en 2027 ese porcentaje debe situarse ya en el 3%. Este Plan refuerza las políticas de rehabilitación integral, con especial atención a los barrios vulnerables. Actualmente, el Gobierno vasco trabaja ya en 28 barrios de 23 municipios.
También se contempla potenciar las ayudas y prestaciones actuales e impulsar la modernización de sector de la construcción, apostando por la industrialización, la digitalización y la construcción modular para duplicar la capacidad de respuesta del sector. Además,se reforzará la colaboración con ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y ciudadanía y se promocionará la declaración de zonas tensionadas, que alcanzará en 2025 al 70% de los municipios vascos que cumplen las condiciones que establece la Ley.
Por otra parte, se arbitrarán medidas para que haya una reserva estratégica de terrenos sobre los que generar un parque de alquiler con carácter permanente, y en cuyo desarrollo participen tanto promotores públicos como promotores sociales privados. Todo el plan se apoya en “un sólido paquete de reformas normativas”, según ha destacado Denis Itxaso, entre ellas la Ley de Medidas Urgentes en materia de Suelo, Vivienda y Urbanismo, que agilizará la producción de vivienda protegida, y un Decreto de Medidas Urgentes que permitirá, por ejemplo, transformar locales en desuso en viviendas, o impedir la apertura de viviendas turísticas en zonas tensionadas. Tanto la Ley como el Decreto de medidas urgentes están pendientes de aprobación.
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