Marina Valdecañas declara una deuda de 20 millones, y acaba en el Juzgado
La empresa promotora del completo turístico de lujo en una isla del pantano de Valdecañas, ha presentado concurso de acreedores, aceptado por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, y alega que debe 20 millones de euros, principalmente a bancos y empresas constructoras.
Esto representa en primer lugar un problema para los trabajadores de la zona, del Campo Arañuelo que se emplean en el complejo, que temen perder sus puestos dada la mala situación económica de la empresa, o para los 160 propietarios que en su día compraron chalés de lujo en esta Marina Isla de Valdecañas, ya que la empresa se comprometió a recomprárselos si se procedía a la demolición del complejo, sobre el que pesa una sentencia en ese sentido.
Pero también la suspensión de pagos perjudica a otros intereses públicos como el Ayuntamiento de El Gordo, a quien la empresa debe algunos impuestos municipales, y sobre todo a la Junta de Extremadura y el Gobierno central, que ya han reclamado a la Marina 1,4 millones de subvención procedentes de fondos Feder por la construcción de un hotel, o creación de puestos de trabajo, que nunca se llegaron a producir.
El Gobierno regional no ha querido pronunciarse sobre este aspecto.
Daños locales
El concurso voluntario de acreedores de ella y otra empresa filial, que en teoría persigue que la empresa pueda superar dificultades momentáneas para proseguir su actividad, pero que si no es así terminaría en liquidación de la misma, se publicó en el BOE el pasado 19 de agosto pero el alcalde de El Gordo, Elías Correas (PP) desconocía la noticia hasta esta semana cuando recibió la llamada de eldiario.es Extremadura.
Su ayuntamiento es uno de los acreedores de Marina de Valdecañas, “algunos cientos de euros” en estimación de Correas, por licencias municipales o el impuesto de bienes inmuebles (IBI), dinero que se ha reclamado por medio ejecutivo y que estaría garantizado en principio por avales bancarios depositados por la empresa, e incluso el por embargo de algunas viviendas.
Pero lo que más preocupa al alcalde es que esto sea el principio del fin del proyecto, y de generación de cierto empleo y riqueza en la zona, una vez que a principios de este año el Tribunal Supremo le diera “la puntilla”, al confirmar la sentencia que ordena derribar todo el complejo, y devolver los terrenos a su estado original.
“Me gustaría que no se tirara, y que siguiera la actividad, porque si no esta comarca retrocedería sesenta años”, sentencia Elías Correas.
Burbuja residencial
Este ambicioso proyecto, además de una sentencia judicial tan adversa, ha sido víctima igualmente de la depresión del mercado inmobiliario ya que apenas consiguió vender 160 viviendas, y de las tres fases previstas sólo se construyó una.
Francisca Blanco, de Ecologistas en Acción, la asociación que junto a Adenex litigó contra el proyecto, ha declarado que en vistas de que la Junta de Extremadura, que es la judicialmente obligada, no derriba el complejo, irán a instancias superiores, europeas, para que la sentencia se ejecute.
