“Primero los españoles, claro que sí”: Vox saca pecho de la 'prioridad nacional' en el debate de investidura de Guardiola
“Lo decimos claro, lo subrayamos: prioridad nacional. Llamamos a las cosas por su nombre y por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros”. A diferencia de lo que hizo ayer la candidata del PP, María Guardiola, en su discurso de investidura, su socio de Vox no ha eludido uno de los aspectos más polémicos del pacto de gobierno, que convierte de nuevos en socios a las dos formaciones.
El portavoz de extrema derecha, que, además, será vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha señalado que se trata de “garantizar que quien forma parte de esta tierra tenga la prioridad en el acceso a las oportunidades que, desgraciadamente, no dan para todos”. Un concepto considerado xenófobo e ilegal del que ya han alertado el Gobierno e incluso líderes del PP, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Sin embargo, Fernández Calle ha asegurado que esa “prioridad nacional” se traducirá en medidas concretas y legales: “Prioridad para los de aquí en el acceso a la vivienda protegida, la vinculación de las ayudas al arraigo para garantizar que nadie de fuera esté por delante de ningún español y defensa de los servicios públicos para los nuestros los primeros”. A su juicio, esas medidas no son ni racistas y egoístas, sino “sentido común y realismo”.
El portavoz de Vox ha esgrimido que se trata de poner fin a “la perversión del concepto de solidaridad del que viven muchos paniaguados en esta región y en toda España. Con el esfuerzo y el dinero de los extremeños y de los españoles no da para que coma todo el mundo ni para que tenga sanidad todo el mundo. Hay que elegir y nosotros lo tenemos claro, elegimos a los españoles primero”.
Fernández Calle se ha detenido en explicar “un principio claro” del Gobierno de la Junta, que echará a andar en los próximos días: “la vivienda pública tiene que ser para los que tienen arraigo en Extremadura”. En ese nuevo sistema de acceso se priorizará a los que tienen una vinculación “real, duradera y verificable” con Extremadura, para lo que se tendrá en cuenta los años de empadronamiento y la trayectoria laboral y familiar porque “eso es poner primero a los de aquí, a los nuestros”.
Pero el próximo vicepresidente no ha hecho mención a otros aspectos del pacto de PP y Vox que tienen que ver con la migración, como la llegada de los menores migrantes no acompañados, a los que la nueva Junta de Extremadura se opondrá, ni a la gestión de los centros de menores en los que hay migrantes en cumplimiento de medidas judiciales, que estará en manos de la extrema derecha. No obstante, se ha resistido a vincular la migración con la delincuencia, aunque ha dicho que la criminalidad en la comunidad ha crecido un 5%, aunque es la más segura de toda España.
La izquierda no ha querido dejar pasar la oportunidad de denunciar la prioridad nacional del acuerdo de PP y Vox. La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha advertido que nadie “puede dificultar o prohibir el acceso a la educación, sanidad a ninguna de las personas que vivan en España. La prioridad nacional ni es legal ni es humana, hasta Ayuso se lo ha dicho”.
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha acusado a María Guardiola de “sacrificar” la región por “apuntalar estrategias de otros territorios”, así como su propia “dignidad” y la de los más vulnerables al asumir un acuerdo “inconstitucional”, “racista” y “clasista” que “carece de la más mínima fiabilidad”. Ha señalado que con este acuerdo, que habla de “prioridad naci-onal”, como lo ha pronunciado en diversas ocasiones, están construyendo “una sociedad individualista, que odia al extranjero, llena de prejuicios y de falsa moral”, de la mano de los “mayores vendepatrias” que ha visto este país y “lamebotas de Trump”.
Pero la líder del PP ha vuelto a esquivar la polémica de la prioridad nacional en su respuesta a los grupos parlamentarios. Tan solo se ha referido a la inmigración para reiterar que la concibe como “una oportunidad si se gestiona con rigor” porque “el descontrol beneficia a las mafias” y es “inhumano que se repartan por decreto a las comunidades autónomas”. Guardiola ha defendido una inmigración “legal, ordenada y vinculada al trabajo”.
Su intervención este miércoles la ha iniciado reclamnando “respeto” a la Cámara y negándose a “pedir perdón por gobernar con quien representa a una parte importante de Extremadura y por dar estabilidad a mi tierra”.
El PP y la extrema derecha formalizarán este miércoles su pacto de gobierno con sus votos a favor de la investidura de María Guardiola. El pleno, que se celebra desde las 9.30 horas en la Asamblea de Extremadura, acoge en esta jornada las valoraciones de los grupos al discurso de la presidenta en funciones, que ha decidido responder a todos en una sola intervención.