El juez de la Púnica procesa al exalcalde de Almendralejo por irregularidades con la empresa Cofely

El juez del caso Púnica Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a 37 personas, entre ellas el exalcalde de Almendralejo José García Lobato (PP), por irregularidades en la adjudicación a la compañía de servicios energéticos Cofely de contratos públicos en varios municipios, la mayoría de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2014.

En el caso de Almendralejo, aunque el auto precisa que no se llegó a adjudicar ningún contrato a Cofely por la actuación judicial, el alcalde sí facilitó supuestamente información del expediente, por lo que se procede contra él por revelación de información reservada.

Además de ocho exalcaldes -6 de ellos del PP, uno del PSOE y otro de Unión Demócrata Madrileña (UDMA)-, destaca también entre los procesados el empresario David Marjaliza, considerado socio del exconsejero madrileño Francisco Granados en Púnica y que desde hace unos años está dando muestras de colaboración con la Justicia en esta causa.

En esta pieza del caso, la número 6, Marjaliza está considerado el “conseguidor” de esos contratos para Cofely, todo ello en el seno de una trama que el juez califica de organización criminal.

La investigación afecta a contratos adjudicados en los ayuntamientos de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de En Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019); Alcalá de Henares (11.847.479); Valdemoro (50.280.748); Collado Villalba (35.467.135); Móstoles (60.449.119) y Serranillos del Valle (4.205.589), lo que suma casi 224 millones de euros.

A esto, el juez añade los procesos de adjudicación que quedaron interrumpidos en las localidades madrileñas de Brunete y Casarrubuelos, y en Almendralejo (Badajoz) al estallar de la operación Púnica en octubre de 2014.

Además de García Lobato, entre los investigados están los exalcades de Parla José María Fraile (PSOE); de Móstoles Daniel Ortiz -también exdiputado 'popular' en la Asamblea de Madrid-; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca (PP); de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga (PP); de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada (PP); de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro (PP), y de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández (UDMA).

Entre los procesados figuran además técnicos municipales y varios exdirectivos de la empresa Cofely, a la que el magistrado también propone juzgar como persona jurídica.

El magistrado de la Audiencia Nacional considera los hechos constitutivos de un total de ocho delitos: organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso con prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes; cohecho del particular en concurso con prevaricación administrativa; fraudes del particular; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero; y delito de cohecho en persona jurídica.

Por contra, acuerda el archivo de las actuaciones respecto de una treintena de personas.

En el auto, el juez relata cómo los responsables de Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos”.

“En esta tarea se involucraron hasta diez investigados entre organizadores y partícipes que ejecutaron varios roles que se desplegaban por esferas o círculos concéntricos, siguiendo una secuencia temporal continuada que iba más allá de ser hechos episódicos”, observa el juez.

Para darle una apariencia de legalidad, el directivo de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial, si bien lo hizo para que utilizase la red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que utilizaba en su etapa anterior de promotor urbanista.

Según el contrato, la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros y una parte variable, según fueran los contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

“El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, indica la resolución.

No obstante, los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales, mientras que los ayuntamientos que lo hicieron en 2014 se vieron afectados por la Operación Púnica, que “desactivó toda la organización criminal”, señala el auto.