El TSJEx anula el nombramiento de cuatro directivos de la Diputación de Cáceres
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado el régimen jurídico del personal directivo de la Diputación de Cáceres que afecta al nombramiento de cuatro cargos directivos.
La sentencia falla a favor del recurso interpuesto por el Grupo Popular y declara que la misma “no tiene potestad para establecer el régimen jurídico del personal directivo”.
El portavoz del PP en la Diputación de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha analizado la sentencia que anula el acuerdo de pleno del 8 de noviembre de 2016, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Aguilera ha indicado que la sentencia afecta en concreto a cuatro cargos directivos y que “deberían ser cesados de inmediato”. Ha manifestado que el fallo pone de manifiesto que la Diputación “no tenía potestad para regular el régimen jurídico del personal directivo o que no podían sustraer funciones de habilitados nacionales”. Ha indicado que estos directivos “no podían supeditar jerárquicamente a los habilitados nacionales y que no se podían nombrar a personas que no fueran funcionarias del grupo A1”.
Los directivos
Afirma que dos de ellos eran personal laboral de la Diputación de Badajoz, un funcionario de la Diputación de Cáceres del grupo A2 y un cuarto que procedía de la empresa privada. Ante este cúmulo de “irregularidades”, ha recordado que decidieron interponer el recurso que, según el PP, “viene a confirmar el nepotismo socialista que reina en la Diputación porque aquí no se seleccionada al personal directivo por capacidad sino por afinidad”.
“Este personal -ha añadido- está emitiendo contrainformes, que están siendo utilizados por el equipo de Gobierno para aprobar entre otras cosas los presupuestos”, ha señalado, por lo que se pregunta “si son válidos”. Aguilera se pregunta qué hará el PSOE ahora, “si mirará hacia otro lado o echará la culpa al PP”.
Al no ser firme, el PP se ha mostrado convencido de que “el PSOE intentará alargar los tiempos y recurrirá en casación para mantener esta irregularidad de la que ya habían sido advertidos y seguir trabajando a base de contrainformes”. Por último, Aguilera ha manifestado que esta irregularidad ya la advirtió la interventora a la que el equipo de Gobierno está intentando cesar.
Respuesta de la Diputación
El Gobierno de la institución provincial de Cáceres manifiesta su convicción de estar actuando correctamente, siempre dentro de la legalidad, por lo que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Señala en un comunicado que acata la sentencia del TSJEx, aunque aclara ésta “en ningún momento” obliga a cambiar la estructura creada en la Diputación, “ni tampoco a las personas que ocupan los puestos creados en dicho organigrama y a los que hace referencia la sentencia”.
Explica que el alto tribunal entiende que “ha habido un exceso en la regulación del reglamento por encima de lo que establecen las leyes pero no obliga a modificar la estructura de la Diputación”.
En contra afirma que el PP, durante su gobierno, “decidió subir las retribuciones a su personal de confianza: El Coordinador Técnico, actual subdelegado del Gobierno, las jefaturas de servicio”. “La mal llamada RPT integral fue una excusa para premiar a determinados empleados y bajar las retribuciones a la gran mayoría de empleados. Además incumplieron acuerdos con los sindicatos como la funcionarización o promoción interna o carrera profesional”.
Los empleados públicos tuvieron que acudir a los tribunales para reclamar el abono de la paga extraordinaria de 2012, así como que el clima laboral “estaba roto por la prepotencia y nepotismo con el que gobernaba el Partido Popular en la Diputación”.
“Y por último, hablar de Sentencias perdidas por el anterior Equipo de Gobierno del PP, entre otras: Antiguos Jefes de Servicio: Coste para las arcas provinciales, con intereses judiciales: Más de 100,000 euros. Secretarias de Despacho: Coste para las arcas provinciales, con intereses judiciales: Más de 20,000 euros. Empleados públicos con derechos adquiridos: Coste para las arcas provinciales, con intereses judiciales: Más de 50,000 euros”.
“Gracias a la magnífica labor del anterior Equipo de Gobierno popular que le costó más de 200,000 euros a los Presupuestos Provinciales, que se quitaron de nuestros pueblos”.
