Extremadura da su apoyo al nuevo modelo de residencias del Gobierno, que sale adelante

El Gobierno ha logrado aprobar el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia en el Consejo Territorial con una ajustada votación, en la que han mantenido su oposición las comunidades gobernadas por el PP, País Vasco, Cataluña y la socialista Castilla-La Mancha. En esta ocasión, Extremadura ha votado a favor de la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra.

Durante la reunión del Consejo Territorial de Derechos Sociales se ha aprobado con la diferencia de un voto el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, después de que se aplazara el pasado mes de mayo por falta de consenso ante el rechazo de ocho comunidades, entre las que entonces se encontraba Extremadura.

La propuesta de Derechos Sociales, negociada durante meses con entidades sociales, la mesa del diálogo social, profesionales y regiones, ha sido finalmente respaldada por 10 votos a favor y 9 en contra de gobiernos autonómicos -con la competencia en este ámbito-, Ceuta y Melilla. “Hemos logrado alcanzar un acuerdo con las comunidades para mejorar la calidad de las residencias y convertir en consenso político lo que ya es un amplísimo consenso social tras la pandemia”, ha destacado Belarra, que lo ha calificado como “el acuerdo más importantes de esta legislatura”.

La nueva estrategia, que fija un plazo de transición hasta 2030, plantea impulsar la teleasistencia y la atención a domicilio para los mayores para que puedan permanecer con apoyos, si así lo desean, el mayor tiempo posible en sus domicilios.

Para los que decidan vivir en residencias, propone modelos similares a hogares y eleva el ratio de profesionales por usuario. Así, las que ya existan deberán reorganizarse en “unidades de convivencia” de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.

Los nuevos centros que se construyan deberán además respetar un máximo de plazas (120 en residencias en zonas urbanas de alta densidad y 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas) y contar con al menos un 65 % de habitaciones individuales.

El nuevo modelo ha contado en este proceso de negociación con la oposición de las patronales de residencias, que consideran que va a reducir las plazas y elevar los costes para el usuario, y reprochan al Gobierno la ausencia de una memoria económica que justifique las nuevas estructuras de la atención a mayores y dependientes.