Ser mujer y estar en prisión: la doble condena que el sistema impone en Extremadura
Cruzar el umbral de una prisión no supone solo la pérdida de la libertad ambulatoria. En Extremadura, como en la mayoría del resto de comunidades de España, implica el inicio de una “doble condena” dictada por una desigualdad estructural que no entiende de muros. El sistema penitenciario, lejos de ser un espacio de reinserción neutro, funciona como un engranaje diseñado históricamente para hombres donde la mujer es, a menudo, una figura casi invisible.
Así lo denuncia la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), poniendo el foco en la discriminación persistente y las graves carencias que sufren las internas en la región y que se dio a conocer en unas jornadas del Partido Feministas al Congreso (PFAC) en Cáceres.
Las cifras más recientes, actualizadas a 5 de febrero de 2026 por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, confirman una realidad abrumadora. En los centros dependientes de la Administración General del Estado, de las 51.518 personas privadas de libertad, solo 3.613 son mujeres. Representan apenas el 7% del total, frente a un censo masculino de 47.905 internos.
Esta minoría numérica se traduce en una exclusión sistémica. “Las mujeres ocupan una posición de segunda dentro del sistema”, advierte Elena Alfageme Ramos, educadora social de ADHEX. Según explica, la arquitectura y el funcionamiento de las cárceles suelen ignorar las necesidades biológicas, sociales y psicológicas de la población femenina.
El mapa penitenciario es el primer síntoma: de las decenas de prisiones estatales, solo dos son centros exclusivos para mujeres: Madrid I y Ávila, donde cumplen condena 593 internas. Las 3.020 restantes se ven obligadas a habitar módulos femeninos incrustados en cárceles de hombres o en los escasos módulos mixtos existentes. Esta convivencia bajo un modelo masculino implica, en la práctica, peores espacios, actividades reducidas y un control de movimientos más asfixiante.
Extremadura: el castigo del desarraigo
En Extremadura, la situación se reproduce con precisión quirúrgica. A fecha de 11 de febrero de 2026, la región cuenta con 61 mujeres presas (incluyendo a quienes cumplen en semilibertad): 31 adscritas al Centro Penitenciario de Cáceres y 30 al de Badajoz.
Al no existir centros exclusivos ni unidades de madres en la comunidad autónoma, el sistema empuja a estas mujeres a una encrucijada cruel. Si tienen hijos menores de tres años, deben ser trasladadas a centros como el de Sevilla para no ser separadas de ellos, perdiendo el contacto con su entorno extremeño. Si deciden quedarse cerca de sus familias en la región, deben renunciar a la crianza directa, dejando a los menores bajo acogimiento familiar o institucional.
En el Centro Penitenciario de Cáceres, las 31 mujeres conviven en un único espacio sin una clasificación criminológica real. Mientras los hombres son divididos por edad, peligrosidad o comportamiento, ellas comparten módulo independientemente de su perfil. Esta falta de segregación mezcla trayectorias incompatibles, derivando en conflictos y una participación casi nula en actividades formativas.
El espejo del patriarcado y la salud en paréntesis
Para ADHEX, la prisión es un reflejo intensificado de la sociedad global patriarcal. El perfil de la mujer presa en Extremadura está atravesado por la vulnerabilidad: ocho de cada diez son madres y el 80% han sido víctimas previas de violencia de género. Además, la tasa de analfabetismo cercana al 49% y la sobrerrepresentación de mujeres gitanas y extranjeras añaden más capas de exclusión.
Uno de los puntos más críticos es la desatención sanitaria, especialmente en Cáceres. Pese a haber cinco plazas médicas presupuestadas, actualmente solo hay un facultativo a media jornada para toda la población reclusa. La ausencia de psiquiatras en plantilla y la falta de atención ginecológica especializada —pese a las recomendaciones del Consejo de Europa— vulneran derechos básicos. Alfageme cita el caso de “María” (nombre ficticio), interna de 39 años con historial de maltrato que solo recibe apoyo psicológico de forma puntual “cuando lo necesitaría de manera constante”.
Hacia la perspectiva de género: la respuesta institucional
En este escenario de precariedad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias defiende un cambio de paradigma iniciado en 2019 tras un análisis integral de las necesidades de las reclusas. Este proceso se consolidó en 2021 con una orden de servicio que busca impregnar toda la ejecución penal de una perspectiva feminista real.
La Administración ha comenzado a aplicar nuevos protocolos de ingreso que, por primera vez, tienen en cuenta la historia personal de las internas. Según ha confirmado el Gobierno a preguntas de elDiario.es Extremadura, las entrevistas iniciales incorporan ahora preguntas específicas sobre situaciones de violencia machista, experiencias de prostitución o responsabilidades de maternidad, y todo el lenguaje administrativo se ha revisado para adoptar fórmulas inclusivas. Esta perspectiva se extiende también a los programas de tratamiento, rediseñados para romper con los roles de género tradicionales y actualizar procedimientos especialmente sensibles, como el protocolo de prevención del suicidio.
Asimismo, se ha fomentado la creación de espacios de convivencia común para normalizar la vida en prisión y evitar el aislamiento de las mujeres. Actualmente, el sistema cuenta con 22 unidades terapéuticas mixtas para el tratamiento de adicciones y 8 módulos de respeto mixtos. Todo este despliegue está supervisado por el Departamento de Igualdad, creado en mayo de 2021 con el mandato de evaluar que el acceso a la formación y al trabajo sea equitativo y no perpetúe la infrarrepresentación femenina por ejemplo en ciertos talleres.
Pese a este despliegue normativo, desde ADHEX se insiste en que la “neutralidad” del sistema sigue siendo su mayor injusticia. Mientras la atención médica especializada y el fin del desarraigo geográfico no sean una realidad palpable en los módulos de Badajoz y Cáceres, la reinserción será, para estas 61 mujeres, poco más que una declaración de intenciones. El reto para este 2026 no es solo actualizar los protocolos, sino garantizar que la prisión deje de ser ese espacio ciego que castiga doblemente a quien ya llega golpeada por la desigualdad. Es obvio, que se está en el camino, pero solo eso, porque la meta se vislumbra aún bastante lejana y llena de obstáculos para las mujeres privadas de libertad y de tantos otros derechos básicos que deberían estar garantizados.