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Primero empobrecer, después amordazar

José María Rosado

Los resultados de las políticas que se han adosado a la crisis económica cada vez son más patentes. Se justificaron para mejorar la situación económica y la consecuencia ha sido el empobrecimiento masivo de la población y una mayor acumulación de poder económico y privilegios para unos cuantos. Quienes planearon estas políticas sabían que la pobreza y la desprotección da lugar a la desesperación y por ello ahora pretenden “penalizar”, es decir, convertir en delito lo que hasta ahora son derechos fundamentales de libertad de expresión manifestación, reunión y huelga.

Contrasta el desprecio y “falta de piel” con la mayoría de la población con el trato mimoso y de sumisión hacia los poderosos. Se está sacando la huelga del ámbito de las relaciones laborales para devaluar este derecho constitucional y convertirlo en un problema de orden público. De esta manera, quien pretenda defender sus derechos laborales está en el mismo saco que delincuentes comunes o terroristas. También quien sujeta el palo de una pancarta se coloca en la retahíla de quien puede portar armas o “instrumentos susceptibles de ser utilizados para realizar acciones ilegales”.

La nueva ley que cínicamente denomina el gobierno como de “protección de la seguridad ciudadana”, conocida como “ley mordaza”, da manga ancha y discrecionalidad la autoridad y desprotege a la ciudadanía, convierte a las personas en presuntas delincuentes. Para ello aumenta las medidas de privación de libertad y dispara las cuantías de multas llegando hasta los 600.000 euros. Prácticamente cualquier asistente a una manifestación se convierte en sospechoso y puede ser acusado como promotor o portador de objetos peligrosos.

Pretenden aplastar la posibilidad de una respuesta social ante quienes han provocado todo este desastre. El resultado, si no lo evitamos, puede parecer un flasback de la España de 40 años de paz, pobreza y silencio. Para evitar estos derroteros de deterioro democrático se hace necesaria una respuesta contundente del conjunto de la sociedad y un pronunciamiento nítido de los partidos políticos. Porque Huelga no es delito, porque manifestarse es democracia.

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