La relatora de la ONU advierte sobre la “interpretación discriminatoria” de los jueces españoles en casos de violencia vicaria

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, junto a la presidenta de Mujeres Libres. Mujeres en Paz, Ana María González Lupión

Los jueces en España hacen una “interpretación discriminatoria” de la legislación nacional en los casos de violencia de género y violencia vicaria. Lo ha asegurado este viernes en Mérida la relatora especial de la ONU sobre la Violencia Contra la Mujer, Reem Alsalem, que ha recordado que este asunto fue uno de los “puntos centrales” de la comunicación enviada al Gobierno de España hace varios meses y que no ha sido contestada.

La experta ha explicado que la función de esta “carta de alegaciones” es recordar a los estados sus responsabilidades y pedir explicaciones para que cumplan con sus obligaciones internacionales y los derechos humanos. En este sentido, Alsalem ha afirmado que en España se ha detectado que “algunos miembros de la judicatura tienen perjuicios y eso influye en la manera que tienen de ver los casos de violencia contra la mujer y violencia vicaria”.

La relatora ha subrayado que es obligación del Estado asegurar que todos los procedimientos judiciales son imparciales y objetivos, y que no se vean afectados por estereotipos. “El poder judicial tiene que ser consciente de esto y ante la separación de poderes, existen obligaciones internacionales”, ha dicho Alsalem, que ha propuesto formación obligatoria especializada sobre cómo tratar estos casos destinada a jueces, trabajadores sociales y psicólogos.

No obstante, también ha explicado que la violencia vicaria es un “problema global”, por lo que su intención es elaborar en 2023 un informe internacional para el Consejo de Derechos Humanos que contenga recomendaciones a los países y “aunar esfuerzos”.

Mujeres e instituciones

La relatora especial de la ONU ha participado en Mérida en el I Encuentro Estatal sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, organizado por 'Mujeres Libres, Mujeres en Paz', la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista y 'Mamá está Castigada'. Esta cita reúne por primera vez en España a representantes de asociaciones de mujeres y de instituciones del Estado a todos los niveles, además de profesionales y víctimas.

La presidenta de 'Mujeres Libres', Ana María González Lupión, ha explicado que han organizado este congreso porque se dieron cuenta que solo con la unión de todas las partes implicadas se puede erradicar este problema.

González Lupión ha afirmado que la violencia de género institucional lleva a castigar a prisión a muchas mujeres. Es la situación de Sara, uno de los 30 casos de violencia vicaria constatados que hay en Extremadura, que a su juicio es “un aviso a navegantes” para muchas mujeres, que no se van a atrever a denunciar.

También ha participado en la primera jornada Francisca Granados, directora de Igualdad del Ayuntamiento de Maracena (Granada) y abogada de Juana Rivas, que ha resaltado que hay una “disonancia” entre los avances que se van dando en el marco regulador y en la práctica.

En este sentido, ha considerado que el caso de Juana Rivas ha sido una advertencia, ya que a su despacho han llegado mujeres diciendo que, bien sus abogados o bien en los juzgados, les han comentado que si quieren ser “una nueva Juana Rivas”. A su juicio, hay que “resetear” el sistema en su conjunto, pero eso no se conseguirá mientras no cambie “la mentalidad de los operadores del sistema judicial”.

Granados ha señalado que de este encuentro pretender salir una propuesta de hoja de ruta con la idea de que se cumpla la ley. “El problemas de Juana Rivas no fue de normas”, ha aclarado, sino de que no se aplicaron, ha asegurado.

Una visión contrapuesta ha sido la defendida por la fiscal de sala delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, quien ha asegurado que no tiene la sensación de que exista esa disonancia entre la ley y su ejecución, ya que la nueva regulación limita el régimen de visitas cuando un de los progenitores está investigado por violencia doméstica o de género. De 1.600 resoluciones emitidas entre octubre y diciembre de 2021, el 70% fueron suspensiones de visitas, lo que supone un incremento muy importante respecto a otros años, ha recalcado.

Paramato, que ha destacado el trabajo de la Fiscalía para unificar criterios, ha considerado que en algunos casos se podría hablar de “falta de diligencia”, pero no de violencia de género institucional. En su opinión, el objetivo único debe ser proteger a mujeres y niños, ya que si no se protege a ellas no se protege a sus hijos y viceversa.

El I Encuentro Estatal continuará el sábado con una mesa sobre la prevención y erradicación de la violencia vicaria y la violencia de género institucional en España y concluirá con la presentación de una hoja de ruta.

La asociación 'Mamá está castigada' ha convocado una concentración a las 19 horas en la Plaza de España de Mérida en apoyo a Sara, una madre extremeña que lleva tres años separada de sus hijas.

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