La Audiencia de A Coruña libra a los cargos eclesiásticos del juicio por cohecho del caso Retablo
El juicio de la Operación Retablo, la presunta trama basada en el reparto de trabajos de restauración de arte caro entre empresas afines a través de la Iglesia y cambio de mordidas para sus supuestos líderes, funcionarios de la Xunta, se encamina hacia el juicio. Y en el banquillo de los acusados no estará ninguno de los tres cargos de la Iglesia presuntamente implicados y acusados de soborno. La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de emitir un auto en el que tumba los recursos con el que la asociación vecinal de Paraños (Covelo, Pontevedra) intentaba ejercer la acusación contra dos sacerdotes y el exobispo de Tui-Vigo, José Diéguez, y hace lo mismo con el recurso de la Fiscalía, que acusaba a los dos curas y exoneraba al obispo, alejado de su cargo cuando estalló el escándalo, en 2009.
La Audiencia coruñesa se adhiere de este modo al criterio del tercer juez del caso, Andrés Lago Louro, que en junio de 2015 cerraba la instrucción manteniendo las imputaciones a Carlos Gómez-Gil, restaurador de la Consellería de Cultura durante los años de la trama (2003-2008), y contra José Manuel Pichel, que trabajaba como arquitecto para el Xacobeo. Hico lo mismo con hasta cinco responsables de las empresas de restauración a las que Pichel les prometió “repartir Galicia” y dejarles “una herencia de puta madre”, tal y como reflejan las conversaciones interceptadas por la Policía y publicadas por eldiario.es. Pero exoneraba el antiguo párroco de Paraños, José Sobrino, y al ecónomo de la diócesis, Benito Estévez, porque según el juez las escuchas telefónicas que los inculpaban no habían sido obtenidas de manera regular.
Lo que reflejaban aquellas conversas, como informó este diario, es que una de las “dádivas” más llamativas de entre las obtenidas por Gómez-Gil fue la casa rectoral de Paraños, un edificio del siglo XIX que la Iglesia le vendió al antiguo responsable de Cultura en 2008 con “condiciones muy ventajosas” por los “servicios prestados”, según la instrucción: 60.000 euros en pagos de 10.000 euros anuales. La causa del bajo precio era, según la diócesis, que la casa estaba en ruinas. No obstante, siempre según la investigación, antes de abonar el primer plazo Gómez-Gil ya la usaba como segunda vivienda y comenzó a disfrutar de “arreglos” ornamentales y de ocio en la casa, como la construcción de un porche y de una piscina, todas ellas realizadas por empresas que, presuntamente, se beneficiaban de las adjudicaciones, por parte de la Iglesia, de las obras que él subvencionaba desde la Xunta. Las subvenciones estaban condicionadas, dice la Policía, a que la Iglesia contratara a empresas amigas de la trama.
En este contexto, el caso explotó definitivamente a principios de 2009, cuando el vecindario se enteró de que Gómez-Gil había puesto la rectoral a la venta en internet, junto con la finca de 4.500 metros cuadrados que la circunda, como chalé reformado por casi 700.000 euros. Entonces ya había un proceso penal en marcha derivado de la denuncia de otras empresas de restauración. Entre las personas más dolidas por lo sucedido e impulsoras de la denuncia ante la Fiscalía estaban, detallan fuentes del caso, las “más religiosas” del lugar. Entre ellas, María Ferreira, una anciana ya fallecida que en 2009 rondaba los 80 años y que, como testificó en el juzgado, consideraba que la declaración de ruina de la rectoral no era más que “un engaño”. No en vano, ella misma había cuidado de la casa durante años e incluso llegó a residir en ella entre 2002 y 2003, mientras reformaban su vivienda.
Los argumentos de la Audiencia
Ni las escuchas, ni los testimonios del vecindario, ni las argumentaciones de los letrados que lo representan como acusación particular son válidos para la Audiencia. En el auto dictado el pasado 13 de junio, al que ha tenido acceso eldiario.es, la sala niega que la decisión de venderle la casa a Gómez-Gil hubiese sido tomada por los sacerdotes y descarta también que las condiciones de la venta fuesen “muy ventajosas”. “No sabemos en qué datos se basa dicha afirmación”, destacan, y reducen a “conjeturas” que el precio de 60.000 euros fuera “irrisorio”. Además, no consideran que el hecho de que María Ferreira residiera en la casa sea prueba suficiente para acreditar que no estaba en ruinas. Bien al contrario, creen que las fotografías de la construcción antes de la venta, entre ellas las que acompañan a esta información, acreditan su “manifiesto deterioro” y que su estado “dejaba mucho que desear”. Sin embargo, en el mismo auto los magistrados admiten que las imágenes y la declaración de la vecina “no aportan elementos suficientes para conocer el estado real de la casa”.
La sala culmina su razonamiento señalando que no es posible concluir que el párroco y el ecónomo o el obispo, en su condición de jefe de la diócesis, “sobornaran o intentaran sobornar” a los líderes de la trama, ya que “no se demostraron las dádivas, regalos o promesas que supuestamente entregaron u ofrecieron, ni la actuación ilícita que obtuvieron o pretendían obtener a través de su entrega”. Las restauraciones de iglesias y monasterios no sólo benefician al obispado, sino a la “sociedad no su conjunto”, alegan. Así las cosas, después de librarse de la acusación del juez y, como reveló este diario, también de la acusación de la Xunta, este auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, salva definitivamente a los cargos eclesiásticos de tener que responder ante la Justicia por el conjunto de los hechos.
Quienes sí serán juzgados, no obstante, son los dos extrabajadores de la Xunta -el letrado del Gobierno gallego sólo acusa a Gómez-Gil-. Tendrán que responder de delitos como soborno, fraude y exacciones fiscales por, presuntamente, haber recibido todo tipo de contrapartidas, desde dinero a una vaca o reformas en sus casas, a cambio de subvencionar fraudulentamente obras de restauración y también de construcciones de albergues de peregrinos que eran realizadas por empresas amigas. Igualmente, cinco responsables de las empresas de restauración se sentarán también en el banquillo de los acusados. La asociación vecinal puede acusar tanto a los funcionarios como a los cargos de las empresas, pero el auto de la Audiencia le impide hacer lo mismo con los curas.
