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Besteiro se querella contra la jueza De Lara por “prevaricar” imputándole hechos anteriores a su mandato

José Ramón Gómez Besteiro

“Un plan urdido para escarmentar al señor Gómez Besteiro”. Es lo que la representación legal del exsecretario general del PSdeG observa tras su imputación en la Operación Pulpo, dictada el pasado 10 de marzo por la jueza Pilar de Lara y que ha desembocado en la renuncia del socialista a optar a la candidatura a la Xunta, primero, y en su dimisión como líder del partido, después. Besteiro acaba de presentar ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) una querella contra la magistrada por lo que considera un caso evidente de prevaricación judicial. La denuncia se sustenta en que la jueza, argumenta, le atribuye al socialista el pago con fondos públicos de viajes del personal de la Diputación de Lugo realizados antes de que Besteiro accediera a la Presidencia.

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El auto de la jueza, indica el escrito de la querella, al que ha tenido acceso eldiario.es, cita a Besteiro como investigado “como presunto autor de diversos delitos en relación -entre otros hechos- con unos viajes a Euodisney, a la India, o un crucero por el Rhin” incluidas en las prestaciones del personal de la institución provincial. Las facturas y justificantes de pago -mostrados por el actual Gobierno de la Diputación la pasada semana- de esos desplazamientos, subraya el escrito, indican “fechas en las que el señor Gómez Besteiro no era presidente ni ostentaba cargo alguno”. La magistrada, afirman, “conocía” esta circunstancia pero la obvió.

“No sólo es un hecho notorio, sino que a la magistrada querellada le constan, fehacientemente, hechos que hacen que la imputación no sea ya sin fundamento, sino que es imposible”, razona la representación de Besteiro. Así, indican, en otro tramo del propio auto De Lara indica que Besteiro fue “designado presidente en el año 2007”, mientras que las fechas más recientes de las facturas son de 2006. “El conocimiento de las fechas es pleno por parte de la magistrada querellada” si bien, acusan, “ocultó en su auto cuidadosamente las fechas de las facturas, pero no así los importes”. De este modo, “se ve el gasto, pero no que el señor Gómez Besteiro nada tenía que ver con los viajes”.

En este contexto, los representantes de Besteiro ven tan “esperpéntico” como “evidente” que De Lara “inventa” que el político del PSdeG tiene “relación con los viajes”. Al hacerlo, agregan, se los atribuye a él y “deja de imputar” al “equipo anterior”, el dependiente del popular Francisco Cacharro Pardo, ya fallecido. De este modo, argumentan, en caso de que hubiese existido alguna conducta delictiva en el pago de estos viajes, De Lara estaría facilitando que “prescribiera”. “Prevarica también por no imputar a quien, según ella, debería”, afirman.

Aunque la querella de Besteiro se centra en la cuestión de los viajes, el texto alude también a las otras imputaciones planteadas por De Lara, las vinculadas a las adjudicaciones del servicio de transportes del programa turístico Kilómetro Cero y del plan Lug02. Más allá de que estos plan ya hayan sido “fiscalizados política y administrativamente” e incluso una de las adjudicaciones a Monbús haya pasado por un proceso contencioso administrativo, indican, para la representación del socialista resulta llamativo que, en el propio auto, la jueza solicite “que se aporte la totalidad de la normativa de la UE” a la que tendría que ajustarse la Diputación en la gestión de estos planes. “La magistrada primero reputa ilícito penal (...) y después solicita la normativa para comprobar la legalidad”, de igual modo que “se imputó al señor Besteiro para poder acordar unas diligencias y así saber si se le podía imputar”. “Así de sencillo y a la vez, gravísimo”, abundan.

“Empecinamiento en que la política es corrupta”

El escrito formulado por Besteiro le indica al TSXG que De Lara “sabía perfectamente lo que hacía, porque contaba con todos los datos y a pesar de eso prefirió imputar falsamente, quién sabe con qué objetivo”, y le atribuyó los viajes porque “quedan muy vistosos a los efectos de una imputación general” del entonces líder del PSdeG. Para los abogados del político es necesario enmarcar estos movimientos de la jueza en su “empecinamiento en creer que cualquier actividad política es per se corrupta”, la misma que la “ha llevado en otras ocasiones a dictar resoluciones objetivamente injustas”, dicen.

Por todo esto, y habida cuenta además que “las actuaciones procesales de la señora De Lara” contra Besteiro “siempre han coincidido con hitos de la actividad política” del socialista, tales como su posible designación como senador o su intención de concurrir a la Xunta, para los letrados cabe preguntarse si “el objetivo de la señora De Lara era un titular de prensa” en el “sentido de que el señor Besteiro malversaba el dinero público en viajes”, aunque estos se hayan realizado y pagado “años antes” del inicio de su mandato.

Así las cosas, los abogados de Besteiro solicitan que el Tribunal Superior interrogue a De Lara como investigada por un presunto delito de prevaricación judicial y que, al mismo tiempo, convoque a Besteiro como testigo. Si el proceso fuese adelante, indica el escrito, la magistrada se enfrentaría a entre 12 y 24 meses de multa y a una inhabilitación que oscilaría entre los 10 y los 20 años. Cabría además, dicen, una indemnización por los “perjuicios” causados a Besteiro que, anticipan, “serían destinados a una obra benéfica”.

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