La CIG, principal sindicato gallego, denuncia que la Xunta retoma presiones sobre médicos de familia por las bajas de sus cupos

CIG-Salud de A Coruña ha denunciado que la Inspección Médica retoma las citaciones al personal médico de Atención Primaria, en relación con el número de pacientes en situación de incapacidad temporal en sus cupos. Una práctica que la central sindical ya advirtió en el mes de julio y que ahora, tras el parón de agosto, “se vuelve a repetir”. Así, esta organización informa en un comunicado de que tiene “conocimiento de que médicas y médicos de centros de salud del área Sanitaria de A Coruña y Cee recibieron correos electrónicos en los que eran citados por la Inspección Médica, nuevamente en relación con las bajas de sus pacientes”.

Para CIG-Salud estas actuaciones “no son decisiones aisladas de la Inspección, sino que se enmarcan en la política impulsada por el Gobierno del Partido Popular y por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para reforzar el control de las incapacidades temporales, y que es ejecutada por la Consellería de Sanidade a través de la Inspección Sanitaria”. “Es el propio Gobierno gallego el que viene anunciando el refuerzo de la actividad inspectora y presentando como resultados de esta política el número de personas citadas, las altas producidas y la reducción de la duración de las incapacidades temporales”, según subraya la secretaria comarcal de CIG-Salud, Isabel Golpe.

Visión economicista

En este sentido, el principal sindicato gallego alerta de que estas actuaciones “evidencian una visión economicista de la salud, en la que las bajas, las altas y los días de duración acaban convirtiéndose en cifras y objetivos, mientras queda en un segundo plano lo que debería ser prioritario, la salud de la ciudadanía gallega”. “No podemos aceptar que una médica o un médico de familia sea llamado por la Inspección por el número de personas de baja que tiene en su cupo”, recalca para apuntar que “una baja no es una cifra que haya que cuadrar ni una partida económica que haya que reducir, es una decisión clínica sobre una persona que no está en condiciones de trabajar”.

Por ello, CIG-Salud se pregunta si para el PP la “prioridad es proteger la salud de las personas o reducir las cifras de incapacidad temporal y su costo económico”. La central exige que “cesen las presiones” sobre los facultativos familia, así como que “se respete su criterio profesional y que, si existen rangos, indicadores u objetivos de reducción de las bajas, la Xunta de Galicia los haga públicos y transparentes”.