Feijóo se sumó a la exigencia al Gobierno desde Galicia para que plataformas como Netflix tradujesen el 50% al gallego

La ley del audiovisual que tramita el Congreso de los Diputados debe “igualar contenidos y porcentajes mínimos en gallego y castellano en doblaje, substitulado y audiodescripciones [...] en los canales y plataformas de televisión lineales o bajo demanda”. Así lo recoge el acuerdo que el Parlamento de Galicia aprobó el pasado abril. Y lo hizo por unanimidad: aunque la propuesta partía de BNG y Partido Socialista y recogía la iniciativa de la asociación A Mesa pola Normalización Lingüística, el PP se sumó a ella. Mientras con una mano Feijóo ampara la escandalera de Pablo Casado a respecto del pacto de Esquerra con el Gobierno central para que las plataformas incluyan en sus catálogos un 6% de producciones en lenguas cooficiales, con la otra autoriza a sus diputados a firmar declaraciones que elevan sensiblemente ese porcentaje. Eso sí, siempre que no haya que adoptar medidas legislativas.

“¿Alguien entiende que la negociación de los presupuestos pase por pagar a plataformas extranjeras para que produzcan contenidos en catalán?, ¿y por qué no se hace en gallego o por qué no se hace para fomentar los vinos de la Rioja?, ¿por qué no se plantea que Netflix tenga que colgar un reportaje del Camino de Santiago o del románico palentino?”, se preguntó Casado la pasada semana en un acto en A Coruña. A su lado, Feijóo asentía a las diatribas de su superior, que por cierto no había reparado en que el acuerdo de ERC también beneficia a gallego y euskera. Lo que el presidente gallego no se atrevió a defender ante Casado fueron las reclamaciones a las que su grupo parlamentario se había adherido a lo largo del año, recogidas en la denominada Iniciativa Xabarín, impulsada por la asociación A Mesa pola Normalización Lingüística y cuyo nombre hace referencia a un popular programa infantil y juvenil de la Televisión de Galicia.

La propuesta llegó al Parlamento Gallego avalada por 33.000 firmas ciudadanas y en forma de Inciativa Lexislativa Popular. En abril, los tres partidos con representación en la Cámara -PP, PSdeG y BNG- la apoyaron. Consta de cuatro puntos, dos dirigidos a la Xunta de Galicia y otros dos al Gobierno español. Los primeros instan a la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), de titularidad pública, a “aumentar la oferta en gallego destinada a la infancia y a la juventud” -una reclamación histórica y que, bajo los gobiernos de Feijóo, el medio ha desatendido-, y al Ejecutivo gallego a “llegar a acuerdos con otras administraciones y empresas con el fin de garantizar la opción doblada y subtitulada a gallego en todas las plataformas digitales de televisión”. Además, pide avanzar en la “recepción mutua” entre las televisiones públicas de Galicia y Portugal. Las reclamaciones al Gobierno central son relativas a la Corporación de Radio Televisión Española -“que emita todos sus contenidos con opción doblada al gallego”- y la ya mencionada sobre la ley de comunicación audiovisual y el espacio para el gallego en “canales y plataformas de televisión lineales o bajo demanda”.

El acuerdo tripartito adoptó forma de proposición no de ley. Esta figura parlamentaria no tiene efectos vinculantes para los gobiernos apelados. Son definidas como “iniciativas de impulso y control político”, pero a menudo duermen el sueño de los justos una vez aprobadas. En esta caso concreto, A Mesa pola Normalización Lingüistica -que agrupa a unos 3.000 socios y socias-, siguió ejerciendo su labor de presión sobre los grupos políticos y el pasado septiembre volvió a reunir a derecha, socialistas y nacionalistas en torno a la solicitud de que la nueva norma audiovisual “iguale para la lengua gallega las cuotas establecidas para el castellano en las plataformas digitales, tal y como contemplaba la Iniciativa Xabarín aprobada por unanimidad el pasado mes de mayo”.

La diputada del PP, Raquel Arias, fue contundente: “Queremos que la ley general audiovisual reconozca también la obligatoriedad de que el gallego este presente en proporciones adecuadas y que lo esté en todos los medios y plataformas y muy especialmente en los medios públicos”. Los socialistas, que impulsan la nueva normativa en el Gobierno central, también respaldaron una petición que eleva notablemente lo que en Madrid acordaron con Esquerra Republicana. “Lo único que pedimos es la igualdad. Esto tiene que salir adelante”, declaró Noa Díaz, con escaño en la Cámara gallega por el PSdeG. A Mesa pola Normalización Lingüística ha continuado con sus acciones de movilización y propaganda en defensa de la Iniciativa Xabarín, la ha llevado a los plenos municipales y ha convocado concentraciones de apoyo. Las acciones concretas de la Xunta de Feijóo al respecto se desconocen.

El retroceso por ley del gallego en la escuela

El PP gallego, y muy especialmente su jefe de filas, se ha especializado en reclamar a otras administraciones lo que aquellas que gobierna distan de realizar. La política lingüística es un ejemplo. Cuando en 2009 Alberto Núñez Feijóo obtuvo la primera de sus cuatro mayorías absolutas consecutivas, lo hizo también a lomos de un discurso lingüístico alimentado de bulos contrarios al gallego. Dio alas a Galicia Bilingüe, una asociación que atacaba la enseñanza de la lengua gallega en la escuela y que, tras la victoria del PP, despareció de las noticias. Y en 2011 aprobó, por primera vez en la historia de la autonomía gallega, un retroceso de la presencia del idioma propia de Galicia -así la define el Estatuto vigente: el llamado decreto del plurilingüismo-.

Aquella reforma saboteó el consenso parlamentario que en 2004 se había sustanciado en el Plan de Normalización Lingüística. El PP la sacó adelante contra el parecer de la oposición, la comunidad educativa, asociaciones de defensa del gallego o incluso la Real Academia Galega, que la llevó a los tribunales y perdió. Esta institución centenaria no es proclive a enfrentarse con los gobiernos de turno y, sin embargo, le ha afeado en varias ocasiones a la Xunta su actitud ante el gallego y su futuro. Todavía recientemente su presidente, el escritor y periodista Víctor F. Freixanes, volvía a exigir la derogación del denominado decreto del plurilingüismo. “El gallego es un patrimonio que produce riqueza y no un adorno. Merece un tratamiento que en estos momentos no tiene en Galicia”, afirmó.

La misma Academia avisaba en octubre, a partir de un demorado estudio, de que la escuela estaba funcionando como destructora de gallegohablantes: una parte muy significativa del alumnado que se incorpora hablando gallego sale hablando castellano. A la inversa no sucede. Frente a esta realidad, denunciada una y otra vez por la comunidad educativa, la Xunta de Galicia se ha inhibido.