El 20 de abril de 2023, el Consello de la Xunta aprobó el anteproyecto de la Ley de lucha integral contra los incendios forestales, un texto que presumía de su carácter pionero y que estaba llamado a dar un giro al monte gallego. Si durante décadas los sucesivos gobiernos populares habían apostado de forma clara —y cara— por la extinción, la futura norma, basada en las directrices establecidas por más de 200 expertos e impulsada por el conselleiro José González, priorizaba la prevención. Más de dos años después de aquella presentación a bombo y platillo, Galicia se enfrenta a la peor oleada de fuegos en varias décadas, González pasa desapercibido al frente de la Consellería de Emprego y el anteproyecto duerme el sueño de los justos en un cajón del departamento que ahora dirige María José Gómez.
En su exposición de motivos, el anteproyecto cita tres “tristes recuerdos”: agosto de 2006 —con el gobierno bipartito, cuando ardieron entre 80.000 y 95.000 hectáreas, según las distintas fuentes—, octubre de 2017 —unos violentos fuegos otoñales que calcinaron más de 60.000 hectáreas y llegaron a correr por las calles de Vigo— y julio de 2022 —el antecedente directo de esta oleada, con los primeros fuegos de más de 10.000 hectáreas en territorio gallego—.
La ola de 2006 provocó la aprobación, al año siguiente, de la actual Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales, un texto modificado a lo largo de los años —“parcheado”, según el sector, utilizando año tras año ese cajón de sastre que es la ley de acompañamiento de los presupuestos— para adaptarse a las necesidades reales y cambiantes. En 2023, Rueda presentaba el anteproyecto anunciando que iba “a actualizar una normativa que tiene ya 16 años”. Hoy, aquella ley del bipartito ha alcanzado ya la mayoría de edad sin que exista relevo.
Los fuegos de 2017 marcarían otro punto de inflexión. Su impacto hizo que el Parlamento de Galicia constituyese una comisión especial para estudiar la reforma forestal. Allí empezó a marcar perfil propio González, portavoz de Medio Rural de los populares pero casi un desconocido tras apenas dos años en la Cámara. El dictamen de la comisión salió adelante con el apoyo de “tres cuartas partes de la cámara”. PP y PSOE votaron a favor mientras se oponían BNG y En Marea, “pese a que se recoge la práctica totalidad de sus reclamaciones”, escribía González en un artículo en Faro de Vigo.
Su trabajo tuvo premio inmediato. Apenas unos días después de la aprobación del dictamen, Feijóo lo nombraba conselleiro de Medio Rural en sustitución de Ángeles Vázquez, uno de los pesos pesados de su gobierno, a quien trasladaba a Medio Ambiente. Suponía todo un gesto tras las diferencias de criterio entre ambos durante el trabajo de la comisión. Algunas aristas del dictamen no dejaban demasiado bien parada la gestión de la Xunta en los fuegos, pero aun así González se negó a eliminarlos.
Una vez en la Consellería, no tardó demasiado en confirmar que, tal y como parecía, “iba por libre”. Lo hizo al cesar al hombre que durante más de 20 años dirigió la lucha contra los incendios en Galicia. Salvo un paréntesis de tres años con el bipartito —que incluso lo mantuvo en su primera campaña de verano—, Tomás Fernández-Couto había sido el director xeral de Montes desde 1996 hasta 2021. Él moldeó un servicio basado en la extinción que llegó a ser un referente en Europa. Pero, además de resultar demasiado caro, fuegos como los de 2017 habían demostrado que ya no era suficiente.
(Fernández-Couto no pasó demasiado tiempo en el dique seco. Ángeles Vázquez —desaparecida durante esta ola de incendios— no tardó en recuperarlo para Medio Ambiente, donde hoy continúa ejerciendo como subdirector xeral de Espacios Naturais).
Tocaba cambiar de modelo y los fuegos de 2022 lo confirmaron. Por primera vez en Galicia se registraron —simultáneamente, además— dos fuegos de más de 10.000 hectáreas, los mayores de la historia antes de este agosto negro. En medio de aquel impacto, el texto normativo incorporó las orientaciones estratégicas aprobadas en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Pero ya desde el año anterior, más de 200 expertos, coordinados por la Universidade de Vigo, venían trabajando en la elaboración de las directrices del futuro anteproyecto.
“Es uno de los principales objetivos de la ley, y por eso gran parte de las medidas van encaminadas a la planificación preventiva”, indicó González aquel 20 de abril cuando compareció con Rueda tras el Consello de la Xunta. La prevención era, junto a la vigilancia e investigación y la extinción, uno de los tres ejes de la planificación de un futuro Sistema de Lucha Integral contra los incendios. De ese triple diseño saldría el Plifoga (Plan de lucha integral contra los incendios forestales de Galicia) un plan quinquenal que se actualizaría cada año y sustituiría al actual Pladiga (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia).
Los mecanismos de prevención... y colaboración institucional
En esa planificación de prevención estaba prevista la creación, en el ámbito autonómico, de un mapa dinámico de peligro de incendios, un documento técnico que tendría en cuenta el combustible existente, la frecuencia histórica de fuegos o sus causas y motivaciones. Se establecerían zonas de alto riesgo para definir las “áreas estratégicas de gestión” y González sacaba pecho afirmando que sería la primera ley autonómica que recogiese su creación.
Cerrando el foco, se incluían los planes preventivos de cada distrito forestal, que ampliarían los municipales y establecerían las distintas fajas de seguridad, darían orientación para diversificar las masas de árboles a través de teselas de diferente inflamabilidad, identificarían zonas para quemas prescritas y puntos de vigilancia y de abastecimiento de agua.
Como novedad en las herramientas que actuaban sobre el territorio se presentaban los paisajes en mosaico, un freno a la propagación de grandes incendios a través de la inserción de usos agrícolas, ganaderos o forestales en áreas con alto grado de abandono, que interferirían con las masas de combustible para facilitar la extinción. Se desarrollarían a través de los llamados “paisajes cortafuegos”. Además, estaba previsto regular la posibilidad de dar órdenes para ampliar las fajas de seguridad si fuese necesario.
El texto incluía sistemas preventivos dirigidos a la población, entre ellas, un sistema de información que facilitase los datos cartográficos de las medidas que afectasen a cada parcela y se pudiese consultar vía web. Así se podrían conocer en tiempo real las zonas de alto riesgo, las áreas estratégicas de gestión y las fajas de seguridad, los usos permitidos en ese momento, además de las medidas preventivas para cada parcela, superficies quemadas y plazo de las limitaciones de uso y actividades.
Pero, en un escenario en el que el cruce de reproches y acusaciones entre la Xunta y el Gobierno central ha sido constante, la ley también aportaba fórmulas para mejorar la colaboración institucional, no sólo con Madrid sino también con Lisboa, las comunidades limítrofes y los ayuntamientos. En su articulado, instaba al ejecutivo autonómico a ser proactivo, a “promover y participar” en el desarrollo de esos instrumentos de coordinación y cooperación ante los esperados grandes incendios que, como se ha demostrado, no entienden de fronteras ni de lindes administrativos.
El futuro inmediato
La previsión de González, en aquella rueda de prensa, era que el proyecto de ley pudiese llegar a lo largo de 2023 al Parlamento. Sin embargo, el último trámite que todavía se puede encontrar en el portal de transparencia de la Xunta fue el cierre del período de alegaciones al anteproyecto en junio de aquel año.
Seis meses después, Alfonso Rueda —designado a dedo como sucesor de Feijóo cuando este fue nombrado presidente del PP— adelantaba las elecciones autonómicas que lo confirmarían como presidente con mayoría absoluta. Su gabinete, anunciado en abril de 2024, mantenía a González, pero lejos de Medio Rural: al frente de la Consellería de Emprego e Comercio. En su lugar, Rueda colocó a María José Gómez, alcaldesa de Guntín (Lugo), con experiencia en cargos de cultura y propietaria de una explotación ganadera.
Gómez era la cuota lucense junto a Alfonso Villares, exconselleiro de Mar que dimitió tras ser imputado por agresión sexual. “Estas dos consellerías tratan temas que son la esencia de Lugo”, celebraba entonces la presidenta provincial, Elena Candia. También lo hacían los guardianes de esas esencias, para quienes González y sus planes —como la reactivación del banco de terras, aquella medida “comunista” del bipartito que ahora está permitiendo, por ejemplo, ofrecer parcelas a los apicultores afectados por los fuegos— resultaban demasiado reformistas.
Una vez se apaguen las llamas, los fuegos de agosto de 2025 —al igual que sucedió con los de 2006, 2017 y 2022— deberían traer consecuencias normativas, pero también cambios en el modelo de lucha contra el fuego. Dos características que ya empezaba a reunir un texto de 93 páginas del que nadie parece acordarse desde hace más de dos años.