Fin definitivo a la huelga del personal de la Administración de Justicia en Galicia. Después de 114 días y de casi cuatro meses de paro, los tres sindicatos que todavía permanecían en el comité de huelga han decidido este jueves desconvocarla, aunque dejan abierta la posibilidad de “impugnar” el acuerdo entre la Xunta y otras tres centrales con el que el Gobierno dio por “cerrado” el conflicto la pasada semana.
Ha sido, precisamente, la publicación de ese acuerdo en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este pasado miércoles lo que ha llevado a Alternativas na Xustiza- CUT, STAJ y CIG a comunicar la desconvocatoria de la huelga por registro al Ejecutivo gallego. El pacto, suscrito por SPJ-USO, UGT y CCOO y aprobado por el Consello de la Xunta la pasada semana, había puesto virtualmente fin ya a la huelga que llevaba días con un seguimiento testimonial y una vuelta a la normalidad en un sector en el que el paro ha provoado el aplazamiento de unos 20.000 juicios y de miles de trámites, además de importantes descuentos en las nóminas de los trabajadores, de unos 400 euros mensuales de media. Todo, tras un conflicto que empezó ya el año pasado, que vivió varios paros antes de la huelga indefinida y que suma siete meses.
“Ya no tenía sentido mantenerla”, dicen fuentes de esos tres sindicatos que continuaban en un comité de huelga donde, desde un principio y hasta hace bien poco, se mantenían las siete centrales representativas del sector, que mantuvieron una unidad rota a mediados del mes de abril ( SPJ-USO, CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CCOO). Entonces, el vicepresidente de la Xunta y conselleiro responsable de la Justicia, Alfonso Rueda, reveló un acuerdo con cuatro de las organizaciones sindicales que no se aplicó inmediatamente pero provocó la división entre los representantes de los trabajadores. El pacto decidió someterse la votación entre el personal.
Y saltó la sorpresa. El 53% del funcionariado que participó en aquella consulta dijo no al acuerdo que cuatro de los siete sindicatos habían pactado. Fue una votación tensa, con acusaciones de presiones por parte de los perdedores y euforia entre los vencedores: CUT, STAJ y CIG. Pero la Xunta se mantuvo firme y no aceptó cambio alguno en el texto, a pesar de que su última propuesta había sido rechazada por los trabajadores.
Ante la imposibilidad de cambiar la posición del Gobierno, el desgaste de una huelga histórica y la división entre los trabajadores, SPJ-USO --sindicato mayoritario--, se unió a UGT y CCOO para aceptar la propuesta y firmar el acuerdo con la Xunta en una mesa sectorial que el resto de las centrales consideraban un foro “ilegal” para el caso, al estar vigente todavía un paro que llevaba días suspendido. Las tres centrales firmantes representan menos del 50% del funcionariado y asumieron una propuesta rechazada en votación por el personal. Pero no había marcha atrás.
El amplio y masivo seguimiento de la huelga durante meses había quedado ya en un apoyo residual y con una importante división entre los trabajadores. Los sindicatos que firmaron el preacuerdo creen que cumple “con el 90% de los objetivos” marcados en el inicio del conflicto, mientras que fuentes de los que lo rechazan creen que “un movimiento histórico como el que ha habido no ha logrado ni la mitad de lo que merecía y pedía”. De hecho, CUT, STAJ y CIG ya han anunciado que sus servicios jurídicos, conjuntamente, estudiarán la posibilidad de “impugnar” el pacto de la manera “menos lesiva para los trabajadores”. “No les queremos buscar ningún problema a los funcionarios pero queremos estudiar si hay manera de mejorarlo”, dicen.
¿Qué ha conseguido el personal de la Administración de Justicia en Galicia? ¿Qué ha ganado un colectivo de unos 2.700 trabajadores en este conflicto que comenzó ya antes de la huelga con varios paros en los juzgados? En lo que tiene que ver con el sueldo, el texto firmado supone un incremento de 140 euros más mensuales para forenses, 135 para gestores, 127 para tramitadores y 122 para auxilios, a aplicar en tres anualidades. Los funcionarios percibirán el 50% de estas cantidades en este ejercicio, el 30% en 2019, y el 20% restante en 2020.
El aumento está lejos de los 400 euros más al mes que reclamaban los trabajadores en un inicio y que rebajaron luego a 250 euros, 190, 180 y 140 para todos los cuerpos, la que fue la última propuesta unitaria del comité de huelga. Pero también de las propuestas de una Xunta que se empeñó en negar más negociaciones e incrementos mientras subía la oferta en cada reunión. De hecho, su primera propuesta oscilaba entre los 27 y los 50 euros de incremento según la labor del personal de Justicia.
El acuerdo también incluye la consolidación de las plazas de refuerzo de más de tres años de duración, la creación de nuevas plazas, mejoras en los juzgados, la ampliación del permiso por maternidad y paternidad, así como de los supuestos de bajas por enfermedad en los que se percibe el 100% de las retribuciones. Además, la Xunta ya ha aclarado que en cuanto se publicase el acuerdo, el Ejecutivo se apuraría para que los sustitutos de trabajadores de rango superior cobren la misma cantidad que estos, para que se habiliten partidas para el refuerzo de los juzgados de violencia machista y para que se eliminen los descuentos por bajas de incapacidad temporal.
Ahora queda recuperar todo lo atrasado y el ritmo en la Justicia, después de la suspensión de millares de trámites y juicios. La Xunta y el Tribunal Superior de Justicia (TSXG) ya acordaron poner en marcha un plan de trabajo que no se prevé materializar, no obstante, hasta el mes de septiembre, tras las vacaciones de verano. Así lo aseguraron el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, y el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, luego de la reunión de la Comisión Mixta que el pasado 22 de mayo empezó a definir las necesidades y líneas básicas del plan de recuperación del trabajo.