Ocho presidentes autonómicos piden un nuevo modelo de financiación que atienda a la España despoblada

La batalla trasversal por la España despoblada tiene ya sobre la mesa un documento con la firma de ocho presidentes de diferente color político. El texto de 14 páginas, acordado en la Cumbre de Santiago, reclama del Gobierno central una especial atención a las comunidades que por criterios de población, dispersión, envejecimiento u orografía tienen que gastar más para cubrir la misma carta de servicios que comunidades con la población concentrada en áreas urbanas. Entre otras reclamaciones, el documento interpela directamente a Pedro Sánchez a quien se le pide que impulse un plan nacional que permita la contratación de más médicos para las áreas de Atención Primaria y Pediatría.

El lobo, motivo de fricción entre los presidentes autonómicos reunidos en Santiago

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Las ocho comunidades cuyos presidentes se han sentado en la capital gallega representan al 61,9% del territorio pero solo aportan el 24,13% de la población. Son, además de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria.

Una cena y tres horas de reunión han bastado para la elaboración de un documento que en su formato inicial incluía 47 puntos. Solo ha habido consenso sobre 35. Se queda fuera de la declaración la reclamación que instaba al Gobierno a cumplir su propósito de universalizar el acceso a la educación infantil de cero a tres años a través de la red pública. También se cae del texto la idea con la que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, llegó a Santiago: una reversión de la prohibición impuesta en torno a la caza del lobo. El propio Revilla desveló, en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron los ocho mandatarios, que dos comunidades no quisieron incluirlo. No especificó cuales. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y anfitrión del encuentro, ahondó en el tema: "Creo que tenemos razón" las que apostaban por introducirlo.

Despoblación, dispersión y envejecimiento

El debate ha unido a los representantes de comunidades que entran en la etiqueta de "España vaciada" pero también a los de otras cuyo problema se centra en la dispersión, el envejecimiento de sus ciudadanos y las diferentes necesidades de atención entre sus partes urbanas y las rurales. En este sentido, los ocho presidentes reclaman que España trabaje en Europa para revisar el concepto de "zona escasamente poblada". Galicia ejemplifica este tipo de territorios, muy poblada en su fachada atlántica pero envejecida y dispersa en sus dos provincias de interior.

"La emergencia demográfica tiene repercusiones que imponen el deber de fomentar la cohesión territorial con medidas que permitan revertir la evolución de la realidad demográfica", asegura un documento en el que se reclama un alejamiento al criterio de que quien más recauda es quien más recibe: "La asignación de recursos entre las Comunidades Autónomas debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios". 

Los titulares de estos gobiernos han acordado reclamar mejoras en la financiación para reforzar los servicios sanitarios y educativos y solicitan "la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos". En su comparecencia, Feijóo se detuvo en la cuestión y mencionó, al igual que su colega extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, la necesidad de recibir inmigración para así invertir la pirámide poblacional. El popular, sin embargo, se refirió a la "promoción del retorno de españoles, o sus hijos y nietos, a sus comunidades autónomas de origen".

Pacto nacional para Atención Primaria

Durante el debate se han abordado las dificultades de las comunidades autónomas para prestar servicios sanitarios a sus ciudadanos. El texto incluye la reclamación al Gobierno central de un "pacto nacional" para promover la oferta de profesionales sanitarios en Atención Primaria y Pediatría, dos de las áreas sanitarias con mayores carencias sobre todo en los territorios más despoblados. A esta reclamación concreta hicieron mención varios de los presidentes, entre ellos la socialista Concha Andreu, de La Rioja, o el regionalista cántabro Revilla. Adrián Barbón fue claro, al hablar de "carencia de médicos y médicas en todo el país". La creación de plazas estables en la sanidad -cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas- está bloqueada por la Ley Montoro, todavía en vigor.

De poco ha servido el llamamiento del Gobierno para que no haya "frentes" en el debate de la financiación autonómica ni la intención de la dirección del PSOE, especialmente del nuevo presidente del Consejo de Política Federal, Juan Espadas, de llegar al debate con una "posición común" del partido. A Ferraz y a la ministra de Hacienda les quedó claro que cada presidente defenderá los intereses de sus territorios cuando se abra formalmente el melón del sistema de financiación de los servicios públicos que prestan mayoritariamente las comunidades autónomas, según se lo trasladaron los del PSOE en una reunión hace dos semanas.

Todas las intervenciones ante los medios de comunicación de los mandatarios autonómicos coincidieron en destacar la importancia de la imagen. El bipartidismo clásico -PP y PSOE-, con el añadido del Partido Regionalista Cántabro-, se reúnen para consensuar reclamaciones al Gobierno central del que Revilla calficó "país peor articulado territorialmente de Europa", España. "No es postureo, no es un documento de trámite", advirtió Emiliano García Page, el socialista que preside Castilla-La Mancha.

La batalla trasversal por la España despoblada tiene ya sobre la mesa un documento con la firma de ocho presidentes de diferente color político. El texto de 14 páginas, acordado en la Cumbre de Santiago, reclama del Gobierno central una especial atención a las comunidades que por criterios de población, dispersión, envejecimiento u orografía tienen que gastar más para cubrir la misma carta de servicios que comunidades con la población concentrada en áreas urbanas. Entre otras reclamaciones, el documento interpela directamente a Pedro Sánchez a quien se le pide que impulse un plan nacional que permita la contratación de más médicos para las áreas de Atención Primaria y Pediatría.

El lobo, motivo de fricción entre los presidentes autonómicos reunidos en Santiago

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Las ocho comunidades cuyos presidentes se han sentado en la capital gallega representan al 61,9% del territorio pero solo aportan el 24,13% de la población. Son, además de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria.

Una cena y tres horas de reunión han bastado para la elaboración de un documento que en su formato inicial incluía 47 puntos. Solo ha habido consenso sobre 35. Se queda fuera de la declaración la reclamación que instaba al Gobierno a cumplir su propósito de universalizar el acceso a la educación infantil de cero a tres años a través de la red pública. También se cae del texto la idea con la que el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, llegó a Santiago: una reversión de la prohibición impuesta en torno a la caza del lobo. El propio Revilla desveló, en la rueda de prensa conjunta que ofrecieron los ocho mandatarios, que dos comunidades no quisieron incluirlo. No especificó cuales. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y anfitrión del encuentro, ahondó en el tema: "Creo que tenemos razón" las que apostaban por introducirlo.

Despoblación, dispersión y envejecimiento

El debate ha unido a los representantes de comunidades que entran en la etiqueta de "España vaciada" pero también a los de otras cuyo problema se centra en la dispersión, el envejecimiento de sus ciudadanos y las diferentes necesidades de atención entre sus partes urbanas y las rurales. En este sentido, los ocho presidentes reclaman que España trabaje en Europa para revisar el concepto de "zona escasamente poblada". Galicia ejemplifica este tipo de territorios, muy poblada en su fachada atlántica pero envejecida y dispersa en sus dos provincias de interior.

"La emergencia demográfica tiene repercusiones que imponen el deber de fomentar la cohesión territorial con medidas que permitan revertir la evolución de la realidad demográfica", asegura un documento en el que se reclama un alejamiento al criterio de que quien más recauda es quien más recibe: "La asignación de recursos entre las Comunidades Autónomas debe tener como objetivo inexcusable que todas podamos prestar servicios similares, con independencia de la capacidad de cada una para generar ingresos tributarios". 

Los titulares de estos gobiernos han acordado reclamar mejoras en la financiación para reforzar los servicios sanitarios y educativos y solicitan "la creación de un fondo específico de carácter estatal para paliar las desventajas de las zonas con desafíos demográficos". En su comparecencia, Feijóo se detuvo en la cuestión y mencionó, al igual que su colega extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, la necesidad de recibir inmigración para así invertir la pirámide poblacional. El popular, sin embargo, se refirió a la "promoción del retorno de españoles, o sus hijos y nietos, a sus comunidades autónomas de origen".

Pacto nacional para Atención Primaria

Durante el debate se han abordado las dificultades de las comunidades autónomas para prestar servicios sanitarios a sus ciudadanos. El texto incluye la reclamación al Gobierno central de un "pacto nacional" para promover la oferta de profesionales sanitarios en Atención Primaria y Pediatría, dos de las áreas sanitarias con mayores carencias sobre todo en los territorios más despoblados. A esta reclamación concreta hicieron mención varios de los presidentes, entre ellos la socialista Concha Andreu, de La Rioja, o el regionalista cántabro Revilla. Adrián Barbón fue claro, al hablar de "carencia de médicos y médicas en todo el país". La creación de plazas estables en la sanidad -cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas- está bloqueada por la Ley Montoro, todavía en vigor.

De poco ha servido el llamamiento del Gobierno para que no haya "frentes" en el debate de la financiación autonómica ni la intención de la dirección del PSOE, especialmente del nuevo presidente del Consejo de Política Federal, Juan Espadas, de llegar al debate con una "posición común" del partido. A Ferraz y a la ministra de Hacienda les quedó claro que cada presidente defenderá los intereses de sus territorios cuando se abra formalmente el melón del sistema de financiación de los servicios públicos que prestan mayoritariamente las comunidades autónomas, según se lo trasladaron los del PSOE en una reunión hace dos semanas.

Todas las intervenciones ante los medios de comunicación de los mandatarios autonómicos coincidieron en destacar la importancia de la imagen. El bipartidismo clásico -PP y PSOE-, con el añadido del Partido Regionalista Cántabro-, se reúnen para consensuar reclamaciones al Gobierno central del que Revilla calficó "país peor articulado territorialmente de Europa", España. "No es postureo, no es un documento de trámite", advirtió Emiliano García Page, el socialista que preside Castilla-La Mancha.

La batalla trasversal por la España despoblada tiene ya sobre la mesa un documento con la firma de ocho presidentes de diferente color político. El texto de 14 páginas, acordado en la Cumbre de Santiago, reclama del Gobierno central una especial atención a las comunidades que por criterios de población, dispersión, envejecimiento u orografía tienen que gastar más para cubrir la misma carta de servicios que comunidades con la población concentrada en áreas urbanas. Entre otras reclamaciones, el documento interpela directamente a Pedro Sánchez a quien se le pide que impulse un plan nacional que permita la contratación de más médicos para las áreas de Atención Primaria y Pediatría.

El lobo, motivo de fricción entre los presidentes autonómicos reunidos en Santiago

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Las ocho comunidades cuyos presidentes se han sentado en la capital gallega representan al 61,9% del territorio pero solo aportan el 24,13% de la población. Son, además de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias, Aragón y Cantabria.