Rueda, contra su sombra en el debate de mitad de mandato: oposición a la oposición y fracasos en industria y sanidad
Alfonso Rueda afronta este miércoles el debate sobre el estado de la Autonomía justo cuando ha consumido la mitad de su mandato como presidente de la Xunta. Lo hace con un balance triunfalista -asegura que el 85% de sus compromisos están cumplidos- y con la promesa de profundizar en anuncios en vivienda, un ámbito sumido durante años en la desatención, en rebajas fiscales y en gestión de bajas laborales, para las que el Gobierno gallego ya tiene en marcha un plan de control. Dice que valora que el horizonte electoral no sea inmediato para seguir con su programa, pero ha evitado esta semana confirmar si eso significa que va a agotar la legislatura. Recurrió para ello a una de sus declaraciones vagas: “Mi intención es tener mucho tiempo por delante para ejecutar todo aquello a lo que nos comprometimos”.
La oposición rebaja el entusiasmo en su evaluación y considera que hay pocos frutos apreciables de las políticas de la Xunta. “Todo está en proceso, ¿pero en proceso de qué?”, se preguntó Lara Méndez, viceportavoz parlamentaria del PSdeG, en vísperas del debate de política general. Añadió que “una parte importante son cartas al Gobierno” y no iniciativas propias. La diputada del BNG Olalla Rodil apuntó en una dirección similar: “El estilo Rueda es pura propaganda, no tiene ni una sola propuesta para resolver los problemas que atraviesan a miles de gallegos. Anuncia, anuncia y anuncia, pero no hace”. La parlamentaria nacionalista no espera tanto novedades en el discurso del presidente gallego como “un refrito de anuncios”. Tanto el BNG como el PSdeG prevén poner el foco en problemas pertinaces como las listas de espera en la sanidad pública y las dificultades de acceso a la vivienda, que persisten en medio de la acumulación de anuncios de Rueda para duplicar en esta legislatura -y llegar hasta 8.000 pisos- el parque público residencial.
Otra cuestión recurrente en el debate político ha vuelto a los titulares en vísperas del debate sobre el estado de la Autonomía: un incendio forestal iniciado en el municipio pontevedrés de Ponteareas ha amenazado viviendas y ha arrasado 750 hectáreas. Es el primer gran fuego de este año en Galicia, que cerró en 2025 un ejercicio de récord. Se calcinaron, según los cálculos de la Xunta, 119.000 hectáreas y se registraron los mayores incendios de la historia de la comunidad. En numerosas poblaciones los vecinos protestaron porque se vieron solos, mientras había medios autonómicos parados. El de Ponteareas tiene un añadido: el terreno afectado había ardido ya en otras ocasiones, pero eso no evitó que volviesen a prender las llamas, como ocurre en otros puntos de la comunidad.
El fracaso del gran plan industrial
No son las únicas zonas en sombra de la gestión de la Xunta, que ha visto frustrarse el que era su gran plan industrial para estos años, el de la macrofábrica de celulosa proyectada por la empresa portuguesa Altri para Palas de Rei (Lugo). La pretensión de instalar esa factoría en el corazón de Galicia se encontró con una férrea oposición ciudadana, críticas de especialistas en valores naturales y culturales y unas manifestaciones históricas. Aunque el Gobierno gallego no vio inconvenientes ambientales, la Justicia sí puso reparos y rechazó por ilegal una reducción de la protección de los terrenos. Cerrado el camino de la pastera, Rueda tampoco ha aclarado si tiene otra ruta industrial trazada para la comunidad.
Hay más proyectos frenados en Galicia: 85 parques eólicos están parados cautelarmente en los tribunales y dos de los jueces que firmaron esas sentencias -criticadas por la Xunta- acaban de ser apartados de la sección que se ocupa de esos asuntos y trasladados forzosamente a otra. Uno de los argumentos que se repite en esas sentencias es el de un posible daño ambiental irreparable, pero las críticas por el impacto sobre el entorno se extienden a otros planes empresariales amparados por la Xunta y con fuerte contestación social, de explotaciones mineras a plantas de biogás.
La réplica de Alfonso Rueda ante las movilizaciones que protestan contra sus políticas, ya sea en materia industrial, educativa o sanitaria, consiste recurrentemente en distinguir entre manifestantes “de buena fe” y aquellos a quienes considera politizados. Rueda trata de identificar las críticas a sus decisiones con intereses de los partidos de sus adversarios y, bajo su liderazgo, el PP ha ahondado y llevado un paso más allá sus ataques a la oposición. Su número dos en el partido, Paula Prado, equiparó el derecho a manifestación con la kale borroka y acusó al BNG de estar tratando de replicar esa estrategia en Galicia. El propio Rueda insiste en un tono desdeñoso en sus debates en el Parlamento con los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.
Menos huecos para la oposición
También bajo su batuta el PP está desarrollando un intento de constreñir los espacios para la oposición en las instituciones. Rueda ha aumentado el control político sobre los medios públicos con una ley, aprobada por el PP en solitario, que permite nombrar al director de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG) sin una mayoría cualificada, lo que equivale a que se puede escoger sin necesidad de negociar con la oposición, un escenario que no se daba con la norma anterior. La elegida fue Concha Pombo, que había sido antes la responsable de los muy cuestionados informativos de la TVG. Después de eso, el presidente gallego se ha puesto de perfil sobre cuestiones que afectan a la CSAG. El pasado mes de marzo, rechazó hacer comentarios después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenase a la Corporación por represaliar a una periodista.
En marzo se dio también una situación nunca vista en el Parlamento gallego: el PP vetó al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, con lo que rompió el pacto que se ha respetado tradicionalmente en la Cámara gallega y que consiste en que el grupo mayoritario propone a la persona para encabezar esta institución y el segundo grupo con más representación, al adjunto. La formación nacionalista había cumplido su parte y votado para revalidar como Valedora a Dolores Fernández Galiño. Pero la formación conservadora se negó después a aceptar el nombre dado por los nacionalistas -el del profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela- con el argumento de que no tenía “antecedentes de imparcialidad”. De Abel forma parte de la asociación ecologista Adega y la asesoró en la batalla contra el proyecto de Altri. En su intento por justificar el bloqueo del PP, Rueda aseguró que quien quería “imponer su voluntad” era el BNG.