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El presidente y consejero delegado de la cadena hotelera Meliá, Gabriel Escarrer, ha arremetido con dureza contra las nuevas medidas planteadas por el Govern balear del PP para contener la saturación turística en Balears. Lo ha hecho a través de una carta difundida en prensa en la que recrimina el desbloqueo previsto de 90.000 plazas de alquiler vacacional que, en su opinión, provocará que las islas se llenen “de turistas low-cost con maletas rodando por el centro de nuestras poblaciones y cajetines con llaveros en los portales, servicios públicos saturados e infraestructuras -carreteras, playas, transportes- colapsados”.
“Unas islas insostenibles a las que los turistas rentables, respetuosos, de alto valor añadido, irán dejando, progresivamente, de venir, porque Balears no será un destino de calidad, rentable, ni sostenible, y en las que nuestros hijos y nietos no podrán acceder a una vivienda. La pregunta a nuestros legisladores es: '¿Habrá valido la pena el puñado de votos que hayan conseguido a cambio?'”, se pregunta en su columna Escarrer, cuya empresa obtuvo en 2024 unos ingresos de 2.056 millones de euros.
Sus palabras han tenido lugar en medio del debate generado en torno al decreto de medidas de contención turística que este viernes prevé aprobar el Govern de Marga Prohens (PP). Aunque finalmente el Ejecutivo ha cedido a las presiones de la patronal -y de Vox- respecto a varias de las propuestas que se incluyen, entre ellas la relacionada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) -que inicialmente los conservadores planeaban incrementar en contra de la posición de hoteleros y extrema derecha-, los empresarios no han tardado en tildar de “aberrante” y “escandaloso” el borrador de las nuevas medidas.
Bajo el pretexto de la actual crisis de la vivienda, atravesada por la especulación inmobiliaria y la voracidad de los fondos de inversión, Escarrer achaca al alquiler vacacional las dificultades a la hora de acceder a un hogar: “¿A quién interesa esta deriva? ¿Las decisiones se basan realmente en el interés general y en el análisis de las necesidades sociales? ¿Puede entender alguien que ante una emergencia habitacional no se priorice, entre otras medidas que puedan impulsarse, la posibilidad de acceder a una vivienda a los trabajadores y ciudadanos de las islas?”. En su texto, augura, además, una segunda “balearización”, término con el que se conoce el crecimiento sin ningún tipo de control que se produjo en los años sesenta y setenta en Balears y que promovió un urbanismo desenfrenado, desordenado y sin planificación al abrigo del auge del turismo en España.
Meliá y el desenfrenado modelo de los 70
Paradigmáticamente, Meliá fue una de las grandes empresas que contribuyó a este fenómeno al exportar al Caribe, junto a otras grandes cadenas del imperio hotelero balear, un modelo turístico-inmobiliario asociado con el modelo de sol y playa y a la construcción de infraestructuras turísticas a gran escala en detrimento de la sostenibilidad ambiental y la diversidad cultural. En palabras de los investigadores Iván Murray y Macià Blàzquez, Balears se han erigido desde entonces en “paradigma de tensiones depredadoras de territorio para la acumulación de capitales y de poder”.
Las manifestaciones de Escarrer se han encontrado de inmediato con la respuesta frontal de la Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Balears (Habtur), que ha criticado que quien ha heredado y expandido uno de los mayores imperios hoteleros españoles, “construido a base de una 'balearización' que devoró litoral, territorio y recursos públicos”, ahora “se presente como un defensor de la sostenibilidad y la convivencia”. Desde Habtur ironizan con que la “balearización” de la que habla Escarrer es, a su juicio, una “Escarrernización”. “El 100% de los beneficios de los hoteleros se quedan en sus únicas manos”, aseveran, asegurando que los del colectivo del alquiler turístico se reparten entre comercio de proximidad y las miles de familias que forman este colectivo.
Bajo su criterio, el modelo hotelero que representa Escarrer “es responsable directo del colapso infraestructural y del inicio de la crisis de vivienda” que, critican, “ahora quiere atribuir a otros”. “Que no nos vendan lecciones de planificación urbanística aquellos que durante décadas han podido construir en primera línea de mar, han recibido ayudas públicas, han modificado leyes a medida y han conseguir recalificaciones a golpe de decreto”, incide la asociación en un comunicado.
El papel de los alquileres turísticos
En este sentido, reprocha que hablen de legalidad “aquellos que han explotado a trabajadores, han tenido hoteles funcionando sin licencia definitiva y han aplicado prácticas fiscalmente más que discutibles”. Habtur señala que el sector del alquiler vacacional no llega al 2% del parque total de viviendas de Balears y considera “especialmente ofensivo” que el presidente de Meliá “acuse a los residentes que intentan alquilar una casa para complementar su renta de ser responsables de todos los males”.
Con todo, el alquiler vacacional no se ha librado de las críticas de las entidades sociales al considerar que el auge de este fenómeno, junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y avidez de los fondos buitre, ha disparado los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación. No en vano, muchos propietarios prefieren alquilar a turistas a corto plazo para obtener mayor rentabilidad, lo que ha agravado la escasez de vivienda disponible para los ciudadanos locales y ha provocado la pérdida de identidad de las barriadas.
Asimismo, las asociaciones vecinales, los sindicatos y las plataformas por el derecho a la vivienda en Balears centran sus denuncias sobre los alquileres turísticos ilegales al recriminar que estos alimentan una espiral de exclusión residencial y degradación del tejido social mientras cientos de familias no pueden permitirse un alquiler digno. Un informe de The Airbnb ‘movement’ for desregulation (el ‘movimiento’ de Airbnb por la desregulación) apunta a cómo la plataforma Airbnb se encarga de “seleccionar, reclutar y construir relaciones de confianza con los propietarios adecuados” para sabotear la regulación de los pisos turísticos, tal como difundió en abril de 2021 la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana (ATTAC).
Otras polémicas de Escarrer
Entre otras polémicas declaraciones, en julio de 2024 el presidente de Meliá abogó por erradicar el turismo de excesos, en el que incluyó los viajes de estudios al aseverar que “no aportan nada” y que “conllevan un malestar para los ciudadanos”.
Además, el padre de Escarrer, Gabriel Escarrer Julià, fundador de Melià, fue uno de los grandes hoteleros que libró una encarnizada batalla contra la 'ecotasa' aprobada por la primera coalición de izquierdas que gobernó Balears, el Pacte de Progrés. El objetivo de esta medida pasaba por compensar el elevado consumo de recursos y el deterioro del territorio como consecuencia de la actividad turística. Pese a seguir el ejemplo de países como Francia o Suiza, el nuevo impuesto, que logró una recaudación de 160 millones de euros durante los dos años en que estuvo vigente (2002–2003), se topó con la furibunda resistencia de gran parte del imperio hotelero, alzado en bloque contra el tributo.
El enfrentamiento entre Escarrer y el entonces conseller de Turismo, Celestí Alomar, artífice de la ecotasa, se insertó en un complejo debate -que dura hasta hoy en día- sobre el futuro del modelo turístico de Balears: mientras el Ejecutivo liderado por Francesc Antich se centraba en la necesidad de regular y moderar el impacto del turismo masivo, los hoteleros veían en la ecotasa una amenaza a la competitividad y a la rentabilidad del sector. Pese a las críticas en contra, la 'ecotasa' -hoy Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)- se convirtió en una de las principales fuentes de financiación en las islas.