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Si al inicio de legislatura los hoteleros celebraban con euforia el regreso del PP al Govern balear, y pese a haber caminado históricamente de la mano, las tensiones entre empresarios y Ejecutivo autonómico no han dejado de sucederse a lo largo de este mandato. Y esta semana se han recrudecido a cuenta del decreto de medidas de contención turística que este viernes prevé aprobar el gabinete de Marga Prohens. Aunque finalmente el Govern ha cedido a las presiones de la patronal -y de Vox- respecto a varias de las propuestas, entre ellas la relacionada con el Impuesto de Turismo Sostenible -que los conservadores planeaban inicialmente incrementar en contra de la posición de los hoteleros y de la formación de extrema derecha-, los empresarios no han tardado en tildar de “aberrante” y “escandaloso” el borrador del nuevo decreto.
Las críticas lanzadas por los hoteleros se centran, principalmente, en el desbloqueo de las 90.000 plazas de alquiler turístico en edificios plurifamiliares, que podrán volver a comercializarse. Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) consideran, en este sentido, que el Govern ha perdido una “oportunidad de oro” para sacar de la circulación las plazas de alquiler turístico por las que en su día no se pagó, so pretexto de que esas viviendas podrían recuperar su uso residencial con el objetivo de destensionar el mercado de la vivienda.
Este jueves, el PSIB-PSOE se ha sumado a las críticas, en su caso para acusar al Ejecutivo de movilizar hasta 145.000 plazas de alquiler vacacional. El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado, sin embargo, que el decreto de contención turística no contempla la creación de nuevas plazas turísticas, como ya avanzó este miércoles Prohens.
Más allá de la 'preocupación' del sector por la actual crisis en materia de vivienda, los hoteleros recriminan la falta de medidas restrictivas en este ámbito al interpretarlo como una concesión a la “competencia desleal” que, aseguran, representa el alquiler vacacional en zonas residenciales. “Hay muchas propuestas de los hoteleros que también están recogidas en este decreto, pero después el Govern tiene una negociación parlamentaria y toma sus decisiones”, señalaba tajante Prohens este miércoles ante las manifestaciones de la FEHM. “Los sectores económicos tienen que defender sus intereses particulares y mi obligación como presidenta del Govern es defender el interés general. Y con eso estoy muy tranquila”, sentenciaba.
Incremento de la 'ecotasa' en temporada alta
No ha sido este, sin embargo, el primer encontronazo entre los hoteleros y el Ejecutivo del PP, formación que gobierna en minoría en Balears con el apoyo externo de Vox. En octubre del pasado año, Prohens anunciaba el incremento en temporada alta del Impuesto de Turismo Sostenible, que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley. El Govern pretendía incluir esta medida en el decreto de contención turística, pero, a juicio de los empresarios, esta propuesta suponía un castigo a la oferta legal frente a la pasividad ante la proliferación de la oferta turística ilegal. Aunque Prohens justificó la iniciativa como una forma de compensar los impactos de la saturación turística y destinar más recursos a los residentes, las discrepancias entre patronal y Ejecutivo dejó una primera grieta en la hasta entonces sólida relación entre ambas partes.
En este aspecto, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, se alineaba el pasado mes de marzo con la FEHM al considerar “rotundamente falso” que Mallorca sea un destino masificado. “Mallorca es un paraíso y un destino líder que, ante el incremento de la demanda, debemos gestionar mejor para lograr un turismo de mayor calidad, más sostenible y rentable social y económicamente”, aseveraba Escarrer. La patronal acusó a Prohens de penalizar la oferta reglada y advirtió de que quienes se verían beneficiados por la medida serían los alojamientos ilegales.
En la misma línea, la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), Carmen Planas, señalaba que puede haber saturación en “algún momento”, a pesar de que los residentes acusan una masificación que cada año roza límites extremos, sumada, además, a una lenta agonía: un imparable crecimiento poblacional con serias repercusiones en materia sanitaria, educativa y de vivienda así como sobre el consumo de energía y de agua. El impacto del desarrollo turístico y la actividad humana en las islas, constantemente amenazadas por el ladrillo y el asfalto, ha causado, además, un acelerado proceso de degradación que prevé agravarse en los próximos años fruto del impacto del cambio climático.
Finalmente, el decreto de contención turística no incluirá el incremento del ITS inicialmente propuesto, un aumento marcado además por Vox como una de sus “líneas rojas” al mostrarse contrario a la subida de cualquier tipo de impuesto.
Viviendas en suelo rústico
Cabe recordar que el ITS fue impulsado en 2016 por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol con el espíritu de minimizar el impacto del turismo masivo en la naturaleza y en el medio ambiente, además de desarrollar proyectos dirigidos a compensar la huella turística sobre el territorio. El tributo, que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley –desde hoteles cinco estrellas plus, donde se aplica una tasa de 4 euros diarios por estancia, a pensiones, albergues y campings, gravados con 1 euro diario, además de a los cruceros–, permitió recaudar hasta 409 millones de euros entre 2016 y 2021.
A estas desavenencias se sumó también la polémica enmienda presentada por el propio PP al decreto de simplificación administrativa, que abría la puerta a la legalización de viviendas turísticas construidas en suelo rústico. Las federaciones hoteleras interpretaron esta medida como una amnistía urbanística encubierta y acusaron al Govern de contradecir su propio discurso sobre contención del crecimiento turístico. Ante la creciente presión, Prohens se esforzó por rebajar el tono de la confrontación. Defendió que la subida del ITS “no iba contra nadie”, aseguró que el Govern mantiene abiertas las vías de diálogo con los sectores afectados y subrayó que las medidas que se incluirán en el decreto buscan garantizar un turismo sostenible y un mayor equilibrio con la vida de los residentes.