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El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa (PP), ha asegurado este miércoles que el nuevo sistema de financiación autonómico no se puede “negociar únicamente pensando en una comunidad autónoma y dejando las migajas a las demás”. Lo ha manifestado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el cual el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas el nuevo sistema de financiación. La adscripción propuesta por el Ministerio de Hacienda será “voluntaria”, como se establece en la legislación de 2009, por lo que permitirá a las regiones que lo deseen permanecer con el modelo que caducó en 2014.
El conseller del ramo, también portavoz del Ejecutivo, considera, sin embargo, que el proceso de reforma del sistema de financiación ha empezado “muy mal” como consecuencia “de la voluntad de la ministra María Jesús Montero”. “Desde el Govern de les Illes Balears estamos dispuestos a negociar un nuevo sistema, pero hay que hacerlo de forma multilateral y atendiendo a los intereses de todos”, ha manifestado. Según Costa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está priorizando Catalunya por encima de otras comunidades, entre ellas, Balears.
Así, Costa ha advertido que la propuesta del Ministerio de Hacienda “se cierra tras varias reuniones entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras”. “El señor Junqueras no gobierna en ninguna comunidad autónoma y no tiene ninguna potestad para negociar nada en absoluto en nombre de los ciudadanos de las Illes Balears”, ha destacado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación.
Fuentes del Ministerio de Hacienda han detallado que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha abierto la puerta a que solo se adscriban al nuevo modelo aquellas comunidades que lo consideren, permitiendo que continúen con el diseñado durante el Gobierno de Zapatero. El Gobierno, además, ha presentado ante el órgano que reúne a Hacienda con los responsables autonómicos del ramo, la propuesta para reformar el modelo de financiación regional que el Ejecutivo cerró con ERC. El planteamiento de Montero supone casi 21.000 millones de euros más de recursos para las comunidades, a través de una mayor cesión de los principales impuestos (IRPF e IVA) y de transferencias adicionales por parte del Estado, además de otros mecanismos.
Esta propuesta, no obstante, no ha gustado al Govern. “No aceptamos ningún sistema que nos obligue a subir los impuestos, porque eso está en contra de lo que han votado los ciudadanos”, ha dicho Costa, que ha definido como “línea roja”. “No vamos a recuperar el impuesto de sucesiones porque en Balears es historia y queremos que siga así”, ha añadido, en relación a la intención del Ejecutivo de Pedro Sánchez de establecer un mínimo de tributación de impuestos en toda España. En opinión de Costa, el modelo propuesto por Montero perjudica los intereses de la ciudadanía balear.
Costa: “Vamos a negociar”
“Nos dicen que con el nuevo sistema tendríamos 400 millones más, pero si hubieran tenido en cuenta las reclamaciones que hacemos desde Balears, estaríamos hablando de una mejora de cientos de millones más”. “Y desde el Govern no estamos dispuestos a renunciar a ellos”, ha advertido. No sería la primera vez que algunas de las comunidades se descuelgan del modelo en vigor para seguir con el anterior. Ya sucedió entre 1997 y 2001, cuando las comunidades dirigidas por el PSOE (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha) rechazaron el diseñado por el Ejecutivo de José María Aznar y siguieron con el que estaba en marcha entonces. De hecho, en el Ejecutivo recuerdan que es algo que ya está en vigor en la ley de 2009.
La reunión ha sido meramente informativa, ya que el Gobierno no llevará a votación la propuesta hasta que tengan diseñada la ley. El Ejecutivo convocará entonces un nuevo Consejo de Política Fiscal y Financiera, que en algunos gobiernos autonómicos esperan que se celebre a finales de febrero. Después de la cita de este miércoles, en la que los consejeros autonómicos del PP (la mayoría) han cargado en tromba contra la propuesta del Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo comenzará una serie de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en los pormenores del modelo.
“Es cierto que [Montero] se ha abierto a la negociación. No sabíamos si la propuesta era cerrada o negociable. En este sentido, al ser una primera propuesta, nos vamos con una valoración positiva”, ha matizado Costa. El conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha avanzado que el Ejecutivo balear entrará a negociar con el Gobierno. “Necesitamos los datos. No podemos negociar si no tenemos toda la información sobre la mesa”, ha argumentado. “Se puede negociar y vamos a negociar. Si se abre el melón, siempre hemos dicho que íbamos a estar”, ha indicado, en relación a la futura reforma del sistema de financiación.
El nuevo modelo: 21.000 millones más
El nuevo modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda prevé una inyección de 21.000 millones de euros adicionales, disparando el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones en 2027, cuando entraría en vigor. Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.
Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.
Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.
La propuesta que desgranó el viernes la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recibido el aval de la agencia de calificación Standard & Poor’s, que pone en valor los mayores recursos que recibirán las comunidades. Esto las acercaría al objetivo que persigue Hacienda: que los gobiernos regionales puedan financiarse en los mercados y someterse a su disciplina. Pero pone en duda que salga adelante, precisamente por lo precario de la mayoría que sustenta el Gobierno.