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El Govern balear ha impuesto una amonestación mínima a Núria Riera por absentismo al solapar su puesto de funcionaria como jefa autonómica de servicio con el de consellera portavoz del PP en el Consell de Mallorca, por los que cobra en conjunto 127.211 euros públicos anuales, una cantidad notablemente superior al salario que percibe la mayor parte de los presidentes autonómicos y que sobrepasa con creces los 90.000 euros que cobra el presidente del Gobierno. Riera compagina ambas actividades a pesar de las limitaciones que establece la normativa en materia de compatibilidades, tal como informó en exclusiva elDiario.es en julio de 2024.
Fuentes del Ejecutivo de Marga Prohens, que no especifican la amonestación decretada y se limitan a señalar que los hechos responden a una falta leve, señalan a elDiario.es que el Govern ha actuado “de forma rigurosa como lo haría con cualquier funcionario de la Comunidad” mediante la apertura, el pasado 18 de febrero, de un procedimiento de información reservada, que derivó el 25 de julio en un expediente y se resolvió el 26 de agosto con una amonestación por una falta leve.
Las mismas fuentes alegan que el procedimiento ha sido instruido por funcionarios del Govern que “han hecho su trabajo con absoluta independencia y según la normativa vigente en materia de función pública”. Asimismo, subrayan que Riera aportó documentación que justifica algunas de sus ausencias “por sus tareas de representación”. El instructor identificó tres posibles infracciones leves por participar en debates de radio durante la jornada laboral, lo que se entiende “fuera de sus tareas de representación”. Dos de ellas ya habían prescrito antes de abrir el expediente y, por lo tanto, finalmente se incoó expediente para una única infracción de carácter leve.
El pasado mes de abril, PP y Vox impidieron con sus votos la comparecencia de Riera en el Parlament balear para que diera explicaciones de su situación laboral. Unas circunstancias que el Govern balear reprobó por primera vez en febrero -más de un año después de que los grupos de izquierdas pusieran la lupa sobre estos hechos-, lamentando que se produzcan situaciones de este tipo pero sin citar directamente que la alto cargo compatibiliza ambos puestos bajo la sospecha de absentismo en su desempeño como funcionaria.
Riera justifica que nunca ha recibido “ningún informe en contra” ni como funcionaria del Govern balear ni como consellera insular, a pesar de que el problema no radica en su papel en cada una de estas instituciones ni en el hecho de que ostente dos cargos públicos, sino en la posible vulneración de la Ley de Compatibilidades en cuanto al modo de conciliar las horas de jornada laboral en ambos puestos -provocando con ello que supuestamente deje de ejercer sus funciones como funcionaria en la Dirección General de Función Pública- y al tope máximo salarial permitido al compaginar dos cargos públicos.
De hecho, la oposición no cuestiona la compatibilidad de la portavoz popular -la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades permite ostentar varios cargos públicos, aunque con limitaciones-, sino el hecho de que pueda estar contraviniendo esta normativa respecto al modo de compatibilizar ambas actividades. También recriminan que, cuando decidió reclamar la dedicación parcial en el Consell (75%), debió someterse a los límites horarios y retributivos fijados por la Ley.
En este sentido, tal como reconoció el propio Govern en una respuesta escrita, como empleada pública estaría obligada a estar, al menos, de 9.00 a 14.00 horas -acotando al máximo los horarios en el Ejecutivo autonómico- en su puesto de trabajo como funcionaria. De cumplir estrictamente con el 100% de la jornada laboral a su desempeño en el Govern así como con el 75% al del Consell, Riera, que en ningún momento ha solicitado formalmente la compatibilidad, tendría que dedicar más de 14 horas diarias a ambos cargos.