El PP reivindica sus dos años de mandato en Balears mientras la izquierda le afea su “política especulativa”

Dos años después de recuperar el poder en Balears, el PP ha sacado pecho de su gestión al frente del Govern, reivindicando principalmente sus políticas en cuanto a deducciones fiscales así como en materia de vivienda, educación y turismo. Desde la bancada de la oposición, los grupos de izquierdas han acusado a los conservadores de desplegar, de la mano de Vox, una “política especulativa”, de posibilitar el reparto de “más de 500 millones en beneficios” a los promotores con su decreto de vivienda y de no hacer frente a las graves a las consecuencias del turismo masivo.

Durante el pleno celebrado este martes en el Parlament, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha defendido las bonanzas del decreto de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo, que, tras el reciente acuerdo alcanzado con los de Santiago Abascal en materia de vivienda, permitirá construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable “siempre y cuando los ayuntamientos lo justifiquen”, tal como avanzó a inicios de esta semana el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras.

Decreto de vivienda

Mateo ha asegurado que las viviendas de precio limitado que se construirán en virtud de la nueva normativa estarán “muy por debajo del precio de mercado”, aseverando que durante la primera mitad de este mandato su Conselleria se ha dedicado a “dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y a los peligros existentes” tras ocho años del anterior Govern del Pacte. “Están ustedes perdidos y nosotros vamos a lo nuestro, con un plan de choque con 5.000 viviendas asequibles y con un decreto para desbloquear suelo para la construcción de viviendas y hacer frente a una situación de urgencia que nosotros vivimos y provocaron ustedes”, ha subrayado.

El conseller ha señalado que el decreto permitirá que se construya un 50% de viviendas de precio limitado (VPL), una nueva figura introducida por el PP en esta legislatura. Estas últimas, ha asegurado, estarán “muy por debajo del precio del mercado”, algo que desde la oposición han negado de forma reiterada desde que se anunció el decreto al alegar que el precio máximo de las VPL se verá incrementado en hasta un 30% sobre las Viviendas de Protección Oficial (VPO).

A este respecto, la diputada socialista Mercedes Garrido ha lamentado que, con la situación actual, “los ciudadanos están más desesperados que nunca” para poder acceder a una vivienda, acusando al Govern del PP de proyectar a mediados de 2023 hasta 900 VPO de las que “no hay ni una licitacion, de legalizar ”30.000 viviendas con piscina“, de regularizar la situación urbanística de unas 20 naves en el polígono industrial de Campos y de inyectar ”500 millones en beneficios a los promotores para cargarse las VPO en Palma“. ”Quienes ganarán serán sus amigos“, ha criticado Garrido.

Deducciones fiscales

Por su parte, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reivindicado las deducciones fiscales a familias y jóvenes como uno de los grandes logros del Govern una vez alcanzado el ecuador de la legislatura. Entre otras medidas, el Ejecutivo decidió eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una medida que aprobó vía decreto de urgencia a riesgo de reducir el escudo social desplegado tanto a nivel estatal como regional en los últimos años y de incumplir los objetivos de rebaja del déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) establecidos por la Unión Europea.

El archipiélago se sumó así a los recortes iniciados en su día por Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia. El tributo que grava las herencias, ya ampliamente bonificado en toda España, y el que hace lo propio con las propiedades de los más ricos, se han convertido en el fetiche de una batalla fiscal que se viene produciendo desde hace años y cuya rebaja beneficia fundamentalmente a las rentas más altas.

Con todo, Costa ha hecho especial énfasis en las familias y las ha puesto “en el centro de las políticas” especialmente a través de las deducciones fiscales, que han permitido, ha señalado, que los ciudadanos en general hayan podido ahorrar más de 530 millones de euros. En concreto, ha apuntado, unas 18.500 familias “no han pagado ni un solo euro” del impuesto de sucesiones y donaciones y más de 1.300 jóvenes menores de 30 años se han ahorrado buena parte del impuesto de transmisiones patrimoniales correspondientes a la compra de su primera vivienda habitual.

En este sentido, el portavoz adjunto del PSIB-PSOE, Marc Pons, ha recriminado que, mientras el anterior Govern dejó una “buena situación financiera”, unas “buenas previsiones económicas” y un ambiente de “paz social”, el actual se ha visto envuelto en “líos, retrocesos y mala gestión”. “Es realmente curioso que con lo que bien que lo hicieron estén en la situación en la que están”, ha ironizado Costa. “¿Se ha preguntado por qué los ciudadanos los enviaron a la oposición? ¿No cree que deberían hacer una mínima autocrítica?”, ha añadido.

Educación

Mientras tanto, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido que “sin socialismo y con el PP, la educación está mejor que nunca”, frente a lo cual la diputada del PSIB Amanda Fernández ha criticado que “desde este Govern hacen actuaciones pero no tienen un proyecto educativo”. “Falta profesorado, las aulas están masificadas, las educadoras de 0-3 años siguen con unas condiciones sociolaborales indignas, se privatiza la educación y se quiere separar a los niños según la lengua que hablan”, se ha quejado la parlamentaria socialista.

Por otro lado, el conseller ha respondido a una pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre el balance que hace de su conselleria en los dos últimos años en materia de derechos lingüísticos. Vera se ha mostrado “muy orgulloso del trabajo que ha hecho este Govern y esta Conselleria en materia de derechos lingüísticos en centros escolares, porque se ha hecho cumplir el derecho de las familias a elegir la primera lengua de enseñanza que deseen para sus hijos, un derecho que, además”, ha recordado, “viene marcado por la legislación vigente”. “Este año han participado en esta elección un total de 8.751 familias, de las cuales el 82,6% han elegido catalán como primera lengua para sus hijos, mientras el 17,33% han optado por el castellano”.

El diputado de Vox ha reivindicado la necesidad de “ser imaginativos y valientes y demostrar a la izquierda que en materia de lengua hay un cambio y un cambio real porque hay una manera diferente de hacer las cosas”. Por este motivo, ha instado a Govern y PP a “empezar este camino juntos”.

Prohens desvincula inmigración e inseguridad

En otro momento del pleno, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que no dispone de datos que vinculen de forma directa inmigración irregular e incremento de la inseguridad al ser interpelada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, acerca de la supuesta relación. “No me gusta hablar sin contar con todos los datos. En este momento no disponemos de los datos para establecer un vínculo directo entre inmigración e inseguridad”, ha justificado Prohens, quien ha eludido seguir debatiendo sobre este asunto.

En cualquier caso, ha dicho que tanto la crisis migratoria como el aumento de la criminalidad “son dos hechos que preocupan mucho” al Ejecutivo autonómico y ha recriminado a la Delegación del Gobierno de Balears que no le facilite información sobre las pateras que llegan “con impunidad” a las costas de las islas. La presidenta autonómica, por otra parte, se ha reivindicado como una de las líderes regionales que ha pedido con mayor insistencia un “cambio drástico” de la política migratoria de España “para defender nuestras fronteras y luchar contra las mafias”.