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La izquierda ha acusado al PP de favorecer el “rentismo” y “beneficiar a los promotores inmobiliarios” con sus políticas de vivienda en Balears, especialmente a través de la ley de liberalización del suelo impulsada por los conservadores con el apoyo de Vox, que flexibiliza las restricciones urbanísticas y permitirá construir en suelo rústico sin necesidad de haber agotado el urbanizable so pretexto de facilitar el acceso a la vivienda. La oposición, las asociaciones ecologistas y colegios profesionales como el de Arquitectos y el de Ciencias Ambientales denuncian, sin embargo, que la normativa pone en riesgo el territorio balear y reduce los controles públicos en un momento de creciente saturación turística y falta de recursos.
Durante el pleno que se celebra este martes en el pleno del Parlament balear, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha recriminado a la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, que su gestión en esta materia ha propiciado que “la burbuja se hinche a una velocidad mayor que en años anteriores”. “Su plan de choque, señora presidenta, ha fracasado. No ha propiciado ni la contención ni la reducción de los precios. Es más, ha favorecido el rentismo y los beneficios de los promotores inmobiliarios”, ha aseverado el ecosoberanista, quien ha instado al Ejecutivo autonómico a “intervenir en el mercado para fijar un tope en el precio de la vivienda, un bien esencial que garantiza la vida digna de las personas. Que las viviendas en Balears solo piedan comprarse para vivir y no para hacer negocio”, ha incidido.
Por su parte, Prohens ha acusado a la izquierda de “no reconocer el fracaso de sus ocho años de política de vivienda para ricos”: “Porque ustedes, al fin y al cabo, son la izquierda caviar, la izquierda que hace un chalet con piscina cada 26 horas en estas islas. A la izquierda que no le gusta que se ponga suelo para hacer plurifamiliares porque su sueño es más de chalet rústico con piscina”.
La líder balear ha asegurado que la situación de la vivienda es, “sin duda, la principal preocupación de los ciudadanos y también de este Govern”. “Está claro que los precios de venta como de alquiler no son los que querría este gobierno, pero también está claro que en estos dos años de legislatura han cambiado las políticas que hacían falta para no seguir haciendo viviendas unifamiliares para ricos y sí viviendas asequibles para la gente de aquí”, ha aseverado.
Mientras tanto, desde la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad han rechazado como válidas las estimaciones efectuadas por la plataforma 'Mallorca per viure, no per especular', que, en un estudio elaborado por un grupo de expertos liderados por el geógrafo Gabriel Garcies, señala que la ley de liberalización del suelo abre las puertas a la construcción de más de 37.400 pisos en suelo rústico en Mallorca y a un crecimiento demográfico “sin precedentes”, con la creación de 252.810 nuevas plazas residenciales, lo que se traduciría en un 37% más de población respecto al censo de 2024.
Según la Conselleria, estas cifras “no se ajustan a la realidad” puesto que no tienen en cuenta cuestiones básicas que la nueva normativa deja en manos de los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes la posibilidad de que las llamadas “áreas de transición” -franjas de suelo rústico actúan como cinturón de contención alrededor de los núcleos urbanos- la posibilidad de recalificar estas zonas como suelo urbanizable para permitir la construcción de nuevas viviendas. “No supone ninguna reclasificación automática de suelo. En el supuesto de que algún ayuntamiento opte por aplicar dicha medida, generaría vivienda asequible destinada únicamente a ciudadanos residentes en Balears”, asegura el departamento dirigido por José Luis Mateo.
Desde 'Mallorca per viure, no per especular' denuncian, sin embargo, que la 'ley de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo' es “una bomba demográfica dentro de una isla saturada y con recursos como el agua al límite”. “El Govern la ha aprobado con la excusa de hacer más 'vivienda social', pero la realidad es que se trata de un regalo a las grandes promotoras urbanísticas sin ninguna previsión de las consecuencias ambientales, territoriales y demográficas que comportará la norma”, aseveran.