Las altas temperaturas disparan las alarmas sobre el impacto de la crisis climática en Balears

Mallorca está atravesando estos días una de sus peores semanas de calor. Con noches tropicales generalizadas, la isla ha dejado temperaturas superiores a los 40 grados en varios municipios del interior y el norte, hasta tal punto que, el pasado martes, la Agencia Estatal de Meteorología decretó la alerta roja por temperaturas extremas. Un episodio “breve, pero intenso”, como lo ha definido el organismo, que, para los expertos, es una clara muestra más de la vulnerabilidad de las islas al impacto del cambio climático frente a las voces que lo niegan.

Precisamente, el Gobierno central aprobaba el martes la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático (OSCC), que prevé reforzar y perfeccionar los sistemas de alerta temprana para que los ciudadanos puedan estar preparados y afrontar los fenómenos meteorológicos extremos como los que está dejando esta tercera ola de calor, que afecta a casi todo el país y en la que las temperaturas llegan hasta los 44 grados. En Catalunya, por ejemplo, se batía el 18 de julio el récord absoluto de temperatura máxima, con 45,4 ºC en la ciudad de Figueres.

Ese mismo día, en Mallorca, los termómetros registraban temperaturas superiores a los 42 grados en las localidades mallorquinas de Sineu, Santa Maria y Llucmajor. Una situación que también se repite en Menorca, donde las temperaturas se han situado en torno a los 39 grados, con los picos más altos de calor en el norte de la isla. Mientras tanto, en Eivissa, las máximas alcanzaron los 38 grados en el interior de la isla.

Los embalses de Mallorca, por su parte, se encuentran en el 59% de su capacidad. Una cifra ligeramente superior a la registrada a nivel estatal, donde la reserva hídrica se encuentra al 47,2 % de su capacidad total, con 26.470 hectómetros cúbicos (hm³) el pasado mes. Las altas temperaturas y la escasez de lluvias dibujan un panorama preocupante para la disponibilidad de agua y su consumo humano.

Una de las múltiples consecuencias de la crisis climática

Los expertos señalan que esta es tan sólo una de las múltiples consecuencias de la crisis climática. Ya en 2014, el Govern aprobó un Plan de Acción de Mitigación del Cambio Climático en las islas 2013-2020, que apuntaba que los efectos de este fenómeno ya eran perceptibles en el archipiélago, traducidos, principalmente, en una fuerte disminución de las precipitaciones anuales (en torno a un 30% entre 1951 y 2006) así como en el incremento de las temperaturas medias: en los últimos 40 años, se ha experimentado un aumento de 0,3 ºC, cifra que podría aumentar entre 2 y 7 ºC a finales de este siglo, conduciendo además a las islas hacia un clima cada vez más árido. 

Se trata de factores que suponen un elevado riesgo, sobre todo, para el agua, el territorio, la salud, el medio natural, la energía, el turismo y el sector primario. Entre los impactos concretos previstos, se prevé una exposición significativa al peligro de sequía meteorológica e hidrológica, riesgo de inundaciones e impactos sobre las diferentes infraestructuras, la pérdida de atractivo turístico por las condiciones adversas, la pérdida de cultivos por acontecimientos extremos o la aceleración de procesos de desertización y pérdida de ecosistemas costeros.

No en vano, un informe elaborado por el Consell Econòmic i Social (CES) de Balears y la Universitat de las islas, bajo la coordinación de Pau de Vílchez y Catalina M. Torres en su capítulo sobre el cambio climático, estima que las olas de calor “se amplificarán dramáticamente” en el archipiélago, sobre todo por el aumento de la temperatura media del verano. En particular, las olas de calor moderadas se harían más largas, puesto que pasarían de 10 a 30 días al año, mientras que las olas de calor extremas se extenderían de un día a cinco días al año. Respecto a las precipitaciones, se espera una disminución de entre el 10% y el 20% y un aumento de la evapotranspiración, lo que hará aumentar el estrés hídrico con un incremento de las sequías de al menos entre un 10% y un 30%.

“El calentamiento global tendrá unos efectos claros sobre el clima, tanto a nivel global como regional. Hay indicios que cuanto más se tarde en iniciar la reducción de emisiones, mayores serán los impactos y más difíciles de evitar o de adaptarse”, advierte el informe.

Incremento del nivel del mar y erosión de las playas

Respecto al nivel del mar, los expertos estiman que aumentará entre 40 y 70 cm, lo que provocará que los riesgos en la costa asociados a tormentas marinas aumenten significativamente. La temperatura del agua subiría entre 2 °C y 4 °C en superficie, con un aumento de las olas de calor marinas y una disminución de la concentración de oxígeno. En esta línea, el documento vaticina que la temperatura del agua alrededor de las Balears aumentará en superficie entre 2 °C y 4 °C, unos cambios que prevén ser más marcados durante el verano, provocando más olas de calor marinas y serán más intensas, puesto que pasarán de una cada cinco años en la actualidad a una cada año a finales de siglo.

A largo plazo, es previsible que playas y ecosistemas dunares reduzcan significativamente su extensión y complejidad debido al aumento del nivel del mar. La reducción de la superficie de los sistemas de duna causará un aumento de intrusión de agua de mar en las zonas húmedas asociadas, especialmente si, como se ha dicho, ocurre a la vez una reducción en entrada de agua dulce (debido a precipitación reducida y/o aumento del consumo de agua). Este proceso, como pasa con los recursos hídricos, se puede ver acelerado por el uso turístico masivo de las playas, especialmente si no se desarrolla una gestión adecuada.

El dictamen refleja, además, cómo desde 1990 hasta 2008 las emisiones de efecto invernadero -asociadas principalmente a la producción de energía eléctrica, al transporte, a los procesos industriales, al tratamiento de residuos y a la agricultura- aumentaron un 70% en Balears, una cifra notablemente superior a la media del Estado (+50%). En 2016, las islas emitieron un 39% más de gases de efecto invernadero que en 1990, una cifra que las situaba lejos de los compromisos adoptados por España en el marco del Protocolo de Kyoto de 1997.

Aumento de la extrema derecha y los populismos

El informe va incluso más allá: los expertos aseveran que, en caso de que las instituciones no den una respuesta adecuada al desafío del cambio climático que permita reducir al máximo el aumento de temperatura y aumentar la resiliencia de las Islas, podría producirse una “desafección creciente hacia el sistema político y las instituciones democráticas de consecuencias imprevisibles”.

En este sentido, los expertos subrayan que el aumento de la extrema derecha y del populismo en un contexto como el actual, en el que se mezclan el aumento de las desigualdades (con una crisis económica que “se ha aprovechado para favorecer la concentración de riqueza en pocas manos y que se verá agravada porque los impactos del cambio climático son más fuertes sobre las personas más vulnerables”); el desperdicio e, incluso, la “deshumanización de las personas que llegan de fuera y la desafección respecto de la clase política derivada de los numerosos casos de corrupción y de la percepción de su incapacidad para hacer frente a los problemas de la ciudadanía son un buen indicador de los riesgos para el sistema democrático que se podrían derivar de una agravación de estas tres crisis si se les suma la crisis ecológica y climática que se puede producir en el supuesto de que no se tomen las medidas adecuadas para hacerle frente”.

“Los impactos potencialmente desastrosos del calentamiento global y el cambio climático aumentarán las tensiones actualmente existentes en nuestros sistemas democráticos. La percepción que las autoridades no han hecho lo suficiente puede ser un elemento adicional de pérdida de legitimidad. Además, la previsión de impactos a escala planetaria provocará movimientos migratorios mucho más importantes que los actuales, que es previsible que también afecten a nuestra Comunidad Autónoma”, añaden.

Balears reduce sus emisiones de CO2 desde 2016

Sin embargo, un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación indica que, desde 2016 -coincidiendo con la aprobación en 2019 de una norma precursora a nivel estatal y europeo: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética-, Balears ha logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta 2021 en 2.529 toneladas, equivalentes a la absorción de este gas de efecto invernadero por parte de 600.000 árboles. Del mismo modo, durante estos últimos años el archipiélago ha dejado de emitir un total de 4.985 toneladas de óxidos de azufre, el equivalente a las emitidas por 16 cruceros durante un año.

Desde 2016 -coincidiendo con la aprobación en 2019 de una norma precursora a nivel estatal y europeo: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética-, Balears ha logrado reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) hasta 2021 en 2.529 toneladas

Ante la vulnerabilidad de las islas al impacto del cambio climático, el Govern decidió aprobar el 12 de febrero de 2019 la Ley de Cambio Climático, bajo cuyo paraguas se pretende conseguir que en 2050 las islas estén libres de combustibles fósiles. El Ejecutivo autonómico puso en marcha, entre otras medidas, el Instituto Balear de la Energía (IBE), a través del cual la Comunidad Autónoma comenzó a vender a finales de 2021, a precio de coste, los primeros kW renovables con la instalación de placas fotovoltaicas en edificios públicos para generar energía y alimentar las necesidades de las familias más vulnerables del entorno.

El archipiélago quiere así romper con su alta dependencia exterior en materia energética -las islas importan el 96% de la energía que consumen y la factura energética se estima en unos 1.000 millones de euros, un 3,8% del Producto Interior Bruto (PIB)-, una circunstancia a la que se suma el hecho de presentar la mayor ratio de coches privados por habitante -909,55 por cada mil personas en 2021, de acuerdo a los datos del Instituto Balear de Estadística- y ser el territorio insular con el índice de intensidad turística más elevado del mundo, según un informe elaborado por los investigadores Carles Manera, Ferran Navinés y Elisabeth Valle, con el consiguiente y elevado consumo de recursos y utilización de infraestructuras.