La Justicia autoriza el desalojo forzoso de las últimas 80 personas que subsisten en la vieja prisión de Palma

Un juzgado de Palma ha autorizado la entrada en la antigua prisión de la ciudad y el desalojo forzoso de las cerca de 80 personas que todavía residen en el inmueble, una medida que previsiblemente se ejecutará durante este mes de junio. La resolución judicial llega después de que el Ayuntamiento solicitara recuperar la posesión del edificio, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), ha informado este martes de que el auto fue dictado el pasado viernes, apenas unas horas después de que Cort formalizara la petición. Según ha destacado el primer edil, el juez avala “todos y cada uno de los puntos” recogidos en el expediente municipal y considera justificada la actuación planteada por el consistorio.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Asimismo, el juzgado subraya que los servicios sociales municipales han identificado y atendido a los ocupantes, ofreciéndoles acceso a distintos recursos asistenciales, y concluye que el desalojo forzoso constituye una medida “necesaria, adecuada y proporcionada”. La resolución también destaca que los informes sociales no han detectado la presencia de menores ni de víctimas de violencia de género entre las personas que permanecen en la antigua cárcel.

Tal como ha explicado el alcalde y recoge Europa Press, el Ayuntamiento dará cuenta este miércoles del auto en la Junta de Gobierno, al tiempo que ha convocado para el jueves una Junta Local de Seguridad extraordinaria con el objetivo de coordinar el operativo y fijar la fecha de ejecución del desalojo. Martínez no ha concretado cuándo se llevará a cabo la intervención, aunque ha asegurado que mantiene contactos con la Delegación del Gobierno para planificar el dispositivo.

Según los datos facilitados por Cort, de las más de 200 personas que residían en el edificio el pasado febrero, unas 140 ya han abandonado el inmueble. El consistorio asegura que la mayoría ha abandonado Palma y que otras 45 han accedido a recursos gestionados por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). El Ayuntamiento sostiene además que no tiene constancia de que estas personas se hayan trasladado a otros asentamientos o edificios ocupados de la capital.

Una vez ejecutado el desalojo, el Área de Infraestructuras prevé sellar los accesos al inmueble e instalar sistemas de videovigilancia, además de reforzar la presencia de la Policía Local para evitar nuevas ocupaciones. Cuando termine el proceso judicial, el Ayuntamiento prevé tapiar y demoler completamente la antigua prisión. Sobre el solar, el Consistorio proyecta construir nuevos accesos viarios vinculados al proyecto de reordenación impulsado por el Consell de Mallorca, además de desarrollar promociones de viviendas dotacionales.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

En la actualidad, encontrar una habitación asequible se ha convertido en una carrera imposible en una ciudad donde los alquileres no dejan de dispararse y en la que muchas familias destinan gran parte de su sueldo únicamente a pagar un techo: los residentes de la capital balear deben destinar casi el 70% de su salario bruto mensual al alquiler de una vivienda media de 90 metros cuadrados, cuyo precio alcanza los 1.767 euros al mes, según los últimos datos publicados por pisos.com.

Mientras los precios continúan marcando máximos históricos y acceder a un piso resulta inalcanzable para amplias capas de la población, centenares de personas se han visto abocadas a vivir hacinadas en infraviviendas, caravanas y edificios abandonados como la antigua prisión de Palma.