Marilina se enfrenta a una multa de 6.000 euros por crear un refugio para lagartijas en peligro de extinción: “Las perdemos”
A finales de 2022, Marilina Serra, activista por la conservación de la lagartija pitiusa, empezó a pensar una idea: crear un refugio para esta especie protegida –en peligro de extinción– en su casa de campo. No se imaginaba entonces que la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal –dependiente del Govern– le iba a abrir un expediente sancionador, con una propuesta de sanción de 6.000 euros, por ese refugio. La razón: la ley estatal de biodiversidad no permite crear estos espacios para las especies incluidas en el listado de protección especial, ya que su conservación y protección debe estar al amparo de los programas oficiales de control de la administración balear.
“Yo tenía ocho trampas puestas de hace tiempo –para serpientes, especie invasora que se las come– y tenía lagartijas aquí delante de casa, delante del patio. Poco a poco empecé a ver que cada vez había menos y pensé: ‘No quiero perder las pocas lagartijas que quedan’. Porque, a pesar de tener ocho trampas, también iban desapareciendo las lagartijas”, explica Serra. Fue así cómo empezó a colocar piedras y rocas para ofrecerles refugio y, durante el verano, les dejaba algo de fruta y comida.
En verano de 2025, la activista cerró el vallado de su finca con una malla de nailon verde. Lo hizo, asegura, siguiendo las indicaciones de la catedrática en Ciencias Biológicas Antònia Maria Cirer, que la ha asesorado durante todo el proceso. El diseño incluía un voladizo de unos 30 centímetros hacia el exterior para evitar que las serpientes pudieran trepar por el cerramiento y acceder al interior.
Yo tenía ocho trampas puestas de hace tiempo –para serpientes– y tenía lagartijas aquí delante de casa, delante del patio. Poco a poco empecé a ver que cada vez había menos y pensé: ‘No quiero perder las pocas lagartijas que quedan’. Porque, a pesar de tener ocho trampas, también iban desapareciendo las lagartijas
Un refugio finalizado en abril
A finales de abril, cuando las instalaciones estaban prácticamente terminadas, Serra organizó unas jornadas de puertas abiertas el fin de semana. Invitó a amistades y preparó dos charlas: una de Cirer y otra sobre las trampas para capturar serpientes y cómo colocarlas. Al empezar la jornada del domingo, dos agentes de Medio Ambiente del Govern se presentaron en la finca. “Me dijeron que les habían informado de que aquí había un criadero de lagartijas”, recuerda. “Tengo a las lagartijas en este recinto para que las serpientes no se las coman”, respondió Serra. Los agentes entraron en la finca e hicieron fotos para, más tarde, realizar un informe. Además, le informaron de que estaba prohibido mantener a la lagartija pitiusa en cautividad. Serra sostiene que les explicó que estaba dispuesta a colaborar con el Govern y a permitir que los técnicos realizaran un seguimiento del refugio.
La inspección a la que se refiere la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural tuvo lugar el 26 de abril de 2026. En un comunicado, el Govern asegura que los agentes observaron tres lagartijas durante la visita y que uno de los responsables manifestó que en el recinto había un total de 18. “Podía haber 30 o 40, pero tampoco los conté. Las lagartijas se esconden, salen… Yo lo único que veía es que cada día había menos”, afirma Serra. El Servicio de Protección de Especies del Govern concluyó, después de la inspección, que las instalaciones no forman parte de sus programas oficiales de conservación y que el cerramiento no ofrecía garantías suficientes para impedir la entrada de serpientes invasoras.
Así, la Conselleria considera que los hechos pueden constituir una infracción grave de la normativa de protección de la biodiversidad, por lo que ha propuesto una sanción de 6.000 euros. La administración autonómica recuerda que los particulares “no pueden crear por iniciativa propia refugios destinados a capturar, confinar, mantener o criar ejemplares de lagartija pitiusa”, aunque el objetivo declarado sea protegerlos de las serpientes.
La Conselleria considera que los hechos pueden constituir una infracción grave de la normativa de protección de la biodiversidad, por lo que ha propuesto una sanción de 6.000 euros
“Esta exigencia no es exclusiva de las lagartijas pitiusas, sino que también se aplica a otras especies protegidas que cuentan con programas oficiales de conservación y cría en cautividad, desarrollados bajo la coordinación de las administraciones competentes y con la participación de equipos científicos y centros especializados”, señala la Conselleria.
La ley no permite criar lagartijas en cautividad
El Govern fundamenta su actuación en el Decreto ley 1/2023, que incluye a la lagartija pitiusa en el Catálogo Balear de Especies Amenazadas y de Especial Protección en la categoría de vulnerable; el Decreto 75/2005 y la Ley estatal 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. “Debemos ser conscientes de que la lagartija pitiusa es una especie protegida y que su conservación está sujeta a las mismas exigencias legales básicas que la de otras especies emblemáticas, como, por ejemplo, el lince ibérico. No se pueden capturar linces para mantenerlos y criarlos en una finca particular. Con las lagartijas ocurre exactamente lo mismo: su protección no puede quedar al criterio individual de cada persona, sino que debe responder a programas de conservación dirigidos y supervisados por la Administración”, señala Anna Torres, directora general de Medio Natural y Gestión Forestal.
La lagartija pitiusa es una especie protegida y su conservación está sujeta a las mismas exigencias legales básicas que la de otras especies emblemáticas, como, por ejemplo, el lince ibérico. No se pueden capturar linces para mantenerlos y criarlos en una finca particular
La Conselleria argumenta que la normativa fija que la participación de entidades, instituciones científicas o particulares en la conservación de las especies protegidas se debe canalizar a través de los programas impulsados o supervisados por la administración competente. “Esta colaboración no habilita para crear refugios particulares ni para capturar, mantener o criar ejemplares por iniciativa propia”, insisten. Finalmente, el Servicio de Protección de Especies considera necesario “retirar los ejemplares y trasladarlos a un espacio que reúna las condiciones técnicas y legales adecuadas para garantizar su conservación”.
Serra, sin embargo, cuestiona que se haya llegado a la propuesta de sanción sin que, según afirma, los técnicos hayan vuelto a visitar las instalaciones para evaluar su evolución. “En todo el verano nadie vino al refugio para hacer una valoración sobre si estaba bien o mal. Y ahora –la semana pasada– un agente de Medio Ambiente me trae un sobre, con un informe de 30 páginas, y la correspondiente sanción de 6.000 euros”, sostiene. Insiste en que ha contado con el asesoramiento de la científica Antònia Maria Cirer, a quien considera una de las personas que más saben de esta especie, y que desde el primer momento se puso a disposición del Govern para que pudiera realizar el seguimiento que considerase necesario.
La posibilidad de que estos espacios contribuyan en el futuro a recuperar poblaciones desaparecidas es uno de los argumentos que utiliza para defender su propuesta. Serra asegura que este verano ha visto numerosas crías y ejemplares jóvenes en la finca y plantea que, si se habilitaran refugios en otras casas de campo, podrían crearse reservas sometidas a seguimiento científico y, llegado el momento, facilitar la repoblación de zonas donde la especie ya no está presente. “Las lagartijas no pertenecen en exclusiva a nadie. Son de todos y todos tenemos el deber de protegerlas. Hay que luchar más para garantizar su preservación”, dice.
La activista asegura que este verano ha visto numerosas crías y ejemplares jóvenes en la finca y plantea que, si se habilitaran refugios en otras casas de campo, podrían crearse reservas sometidas a seguimiento científico y facilitar la repoblación de zonas donde la especie ya no está presente
Una red de refugios con control oficial
Su propuesta pasa porque el Govern se siente con las personas expertas y con quienes quieran colaborar para establecer un protocolo. Imagina una red de fincas privadas que puedan acoger refugios, con un registro de los espacios y visitas periódicas de los técnicos. “Que haya 40, 50 o 100 casas que quieran tener un refugio, que se haga un listado y que se lleve el seguimiento de esas lagartijas”. Además, que hubiera intercambio de lagartijas entre las casas, para evitar problemas genéticos entre la especie. “Estamos en un escenario excepcional y, ante un escenario excepcional, hacen falta medidas excepcionales. Y si hay que cambiar alguna ley, se tendrá que cambiar”, sostiene. “Las lagartijas han sobrevivido millones de años en islotes más pequeños que mi refugio”, añade.
La situación, asegura, le ha llevado a plantearse junto al abogado Rafa Tur la creación de una asociación. Cree que una entidad tendría más capacidad que una persona particular para reclamar cambios y defender iniciativas de conservación ciudadana. También lamenta que, a su juicio, las administraciones no estén dando a la protección de la lagartija la prioridad que necesita.
El abogado Rafa Tur explica a este diario que la situación puede ser una oportunidad para abrir “una vía de colaboración” con la administración, estableciendo un convenio y un protocolo para que este tipo de espacios se puedan desarrollar “con todas las garantías” ambientales y legales. Se plantean hacerlo, detalla, a través de la creación de una asociación. “Creo que podemos reconducirlo. Estoy bastante convencido”, asegura.
La activista propone una red de fincas privadas que puedan acoger refugios
Serra teme que la especie pueda desaparecer de buena parte de la isla en un plazo de tres o cuatro años si continúa la tendencia actual. Serra señala que todavía quedan poblaciones en zonas de Sant Josep y del sur de la isla, y en algunas zonas del norte, aunque considera que su situación es cada vez más delicada. “La naturaleza no nos necesita a nosotros, pero nosotros necesitamos a la naturaleza”, resume. Y vuelve a la idea que, a finales de 2022, la llevó a empezar a colocar piedras en su finca: que las lagartijas puedan seguir viviendo en los lugares donde siempre han estado.
La oposición pide crear nuevos protocolos de control
El PSOE, por su lado, ha reclamado al Govern que retire el expediente sancionador contra el refugio de Can Jaume Arnau y que, en lugar de poner obstáculos a la iniciativa, ofrezca a sus promotores “apoyo técnico y administrativo” para garantizar su continuidad. Los socialistas consideran que la respuesta del Ejecutivo autonómico contradice su responsabilidad de proteger la biodiversidad de las Pitiüses. Defienden que, ante el retroceso de las poblaciones de lagartija por la expansión de las serpientes invasoras, las administraciones deben “facilitar la colaboración de propietarios de fincas rústicas y entidades conservacionistas”.
El PSOE sostiene que el caso de Serra, impulsado con el asesoramiento de la bióloga Antònia Maria Cirer, es un ejemplo de “implicación de la sociedad civil ante un problema ambiental que requiere una respuesta urgente”. Por ello, reclama que el Govern se reúna con las promotoras del refugio, las organizaciones conservacionistas y los equipos científicos para encontrar una fórmula que permita mantener el espacio y desarrollar otros proyectos similares con garantías legales y ambientales. “La respuesta de la administración no puede ser amenazar con una sanción de 6.000 euros a las personas que dedican esfuerzos y recursos para proteger a una especie amenazada”, indican.
La formación también vincula el expediente con lo que considera “una falta de implicación” del Govern del PP en la conservación de la especie. Los socialistas recuerdan que el pasado octubre denunciaron que el Ejecutivo balear había dejado perder 85.412,76 euros de fondos europeos destinados a un proyecto de control de ratas en los islotes de es Vedrà, es Vedranell, s’Espalmador y Tagomago. Según el PSOE, esa actuación debía contribuir a proteger las poblaciones de lagartijas de esos espacios naturales.
Los socialistas piden, por último, que se establezca un protocolo para crear y mantener reservas de lagartijas con seguimiento científico y garantías de conservación, al tiempo que se intensifican las actuaciones para controlar y erradicar las serpientes invasoras. “El Govern no puede convertir en adversarias a las personas que quieren ayudar a salvarla: debe ponerse de su lado”, concluyen.