De Marivent a los contratos millonarios sin concurso: qué pasó con el dinero público que consiguió Urdangarin
Todo comenzó sobre una pista de pádel. La fecha: septiembre de 2003. El escenario: el palacio de Marivent, la residencia veraniega de los reyes que había de convertirse en espacio abierto a la ciudadanía y acabó consolidándose en espacio solo reservado al poder. Entre sus muros, Jaume Matas e Iñaki Urdangarin intercambiaron derechazos, pero también algo más: cada golpe iba afinando una relación de confianza de consecuencias aún inatisbables. El entonces duque de Palma había invitado a quien recién iniciaba su segundo mandato al frente del Govern balear para abordar de manera informal proyectos futuros, el preludio de un negocio que acabaría cristalizando en uno de los mayores escándalos de corrupción, resquebrajando a su paso la imagen pública labrada por la Casa Real hasta entonces.
Más de veinte años después de aquel encuentro -que tanto uno como otro narraron en dependencias judiciales- y transcurrida una década desde que arrancase el juicio del caso Nóos -el nombre con el que Urdangarin y su exsocio Diego Torres agruparon su entramado societario-, las entrevistas que el exduque ha concedido en las últimas semanas con motivo de la próxima publicación de su libroTodo lo vivido han devuelto al primer plano los interrogantes que durante años sobrevolaron las pesquisas: cuánto dinero público salió de las arcas autonómicas, qué parte se consideró ilícita y si, finalmente, las administraciones han recuperado todas esas cantidades. Urdangarin defiende que ya ha pagado por lo que se le juzgó, pero lamenta que el estigma continúa proyectándose sobre su nombre.
La estructura de Nóos emergió de entre los ingentes papeles del caso Palma Arena, la macrocausa en la que el entonces juez José Castro concentró sus investigaciones en torno a las obras faraónicas -marca personal del presidente autonómico que venía de ser ministro de Medio Ambiente-, las adjudicaciones irregulares y los contratos a dedo que auspició Matas durante su segunda legislatura (2003-2007). La trama urdida en torno al Instituto Nóos, articulada como un mecanismo de captación de dinero público mediante contratos sin concurrencia y el aprovechamiento de influencias institucionales, pasó a engrosar la pieza separada número 25. Aquellas incipientes pesquisas sobre el destino del dinero que el Govern balear había abonado a la entidad aparentemente sin ánimo de lucro por la organización de un foro sobre turismo y deporte celebrado años antes en Palma acabaron destapando un rosario de irregularidades cocinados al margen de cualquier control.
Fue una trama que no se limitó a Balears: la Comunitat Valenciana, gobernada entonces por Francisco Camps, se convirtió en el segundo gran escenario donde el Instituto Nóos encontró respaldo institucional para sus proyectos, que también acabaron bajo escrutinio judicial aunque con un desenlace económico y penal diferente al de las islas.
Las cantidades devueltas
Pese a que desde el inicio del caso Nóos las cifras millonarias vinculadas a la causa alcanzaron rápidamente una magnitud que marcaría el relato público del escándalo, no todo el dinero fue declarado ilícito ni todo el gasto público vinculado a los proyectos fue considerado fraudulento: el Tribunal Supremo cuantificó en 445.000 euros el dinero estrictamente malversado por Nóos “pese a no haberse producido la correlativa contraprestación”. Los servicios a los que obedecían dichas facturaciones, acompañadas de documentos e informes sin utilidad acreditada, no llegaron a ejecutarse, y en esa operativa el alto tribunal atribuyó a Urdangarin una implicación directa, tanto en calidad de inductor como de cooperador necesario.
Con todo, el Supremo cifró en 619.000 euros el daño económico resarcible vía responsabilidad civil -la Audiencia Provincial de Balears, el órgano que a principios de 2016 juzgó el caso, lo había establecido en 852.287-, al incluir otras partidas que, aun sin encajar plenamente en el delito de malversación, sí supusieron un perjuicio económico probado para la administración pública.
La Justicia declaró probado que parte de las cantidades defraudadas por Nóos acabaron en empresas pantalla como Aizoon, S.L. -la sociedad de Urdangarin era copropietario junto a la infanta Cristina- y otras mercantiles creadas o utilizadas por el entonces yerno del rey Juan Carlos y Torres -a quien los tribunales consideraron pieza central del entramado- para fragmentar contratos y dificultar la trazabilidad de los fondos. Unos hechos por los que no solo fueron condenados penal y económicamente ambos socios, sino también la hermana de Felipe VI como partícipe a título lucrativo de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a la administración cometidos por su exmarido.
Durante la fase de ejecución de la sentencia, sin embargo, sucedió algo atípico: la Audiencia ordenó al Ejecutivo autonómico que devolviera 201.174 euros a los dos excónyuges después de que el Tribunal Supremo acotara a 619.000 euros la valoración jurídica del daño efectivamente causado y probado. De esa cantidad, a la hermana de Felipe VI le correspondía cobrar 68.479 euros y al exduque, 132.695.
La Justicia ordenó al Govern que devolviera 201.174 euros a la infanta y Urdangarín después de que el Tribunal Supremo rebajara la valoración del daño causado y probado a las arcas públicas
Las cifras del caso Nóos, contrato a contrato
En Balears, la mayor cantidad que el Govern de Matas pagó a Nóos fue la correspondiente al patrocinio del equipo ciclista Illes Balears-Banesto: solo ese contrato supuso un desembolso global de 18 millones de euros entre 2004 y 2006. A ese importe se sumaron otros convenios, como los vinculados a los Illes Balears Forum -en torno a 2,3 millones de euros-, que situaron el volumen total de fondos públicos comprometidos por encima de los 20 millones.
El patrocinio ciclista fue un gasto políticamente muy controvertido y gestionado con controles laxos, pero la Justicia no lo consideró ilícito en su totalidad. Las magistradas que juzgaron la causa entendieron que existió una contraprestación real, si bien cuestionaron la forma en que se articularon determinados servicios asociados a este contrato, como los relativos a la denominada Oficina del Proyecto, por la que Nóos Consultoría Estratégica llegó a cobrar 293.660 euros de dinero público. A esta cantidad se sumaron los 177.093 euros pagados por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) por un encargo de asesoramiento y apoyo técnico en materia de turismo que, de acuerdo a la sentencia, no respondía a una necesidad real del organismo público, se articuló al margen de los controles administrativos ordinarios y sirvió como vía para desviar fondos públicos hacia el entramado societario de Nóos. Por ese motivo, incluyó la cantidad abonada en el cálculo del daño económico indemnizable.
El Govern pagó más de 20 millones de euros al Instituto Nóos
Comunitat Valenciana: 3,5 millones sin restitución ni condena
En la Comunitat Valenciana, el gobierno de Camps y el Instituto Nóos firmaron varios convenios que acarrearon el pago de unos 3,5 millones de euros públicos para la organización, entre 2004 y 2006, de los llamados Valencia Summit, cuya adjudicación, señala la sentencia, fue llevada a cabo sin concurrencia pública y mediante un diseño administrativo que favoreció directamente a la entidad encabezada por Urdangarin y Torres. El tribunal concluye, sin embargo, que no quedó acreditada la inexistencia de una contraprestación real ni que se produjera un desvío cuantificable que justificara la restitución de fondos públicos como sí ocurrió en Balears.
Tampoco consideró indemnizables los 382.203 euros que la Generalitat abonó al entramado Nóos por trabajos vinculados a los denominados Juegos Europeos, cuyo impulso político -dirigido a reforzar la proyección internacional de la Comunitat Valenciana como sede de grandes eventos deportivos- fue auspiciado por el exvicepresidente del Consell, Víctor Campos, y del entonces conseller de Cultura y exvicesecretario general de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons. Durante sus respectivas declaraciones como testigos, ambos defendieron las bondades de la contratación. Aunque la adjudicación se realizó sin concurrencia pública y el proyecto no acabó culminando tras la irrupción de otras candidaturas, la resolución acreditaba que los trabajos previos sí se llevaron a cabo.
En el archipiélago, los tribunales apreciaron una intervención directa de Urdangarin en el diseño de los proyectos, en la definición de sus contenidos y en la forma de adjudicación, hasta el punto de concluir que su influencia personal fue determinante para orillar los controles administrativos. Esa constatación permitió fijar una responsabilidad penal y económica concreta. En la Comunitat Valenciana, en cambio, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos.
En la Comunitat Valenciana, la Justicia no dio por acreditado ese mismo grado de dominio del hecho ni un perjuicio económico cuantificable, lo que cerró la puerta tanto a condenas penales como a la restitución de fondos
Los cinco ex altos cargos valencianos que fueron juzgados por estos hechos fueron además absueltos al no quedar probado que conocieran el carácter fraudulento de la operativa. “Se hacían objetivamente de forma no ajustada a la legislación, una legislación confusa, ambigua y susceptible de exégesis dispares”, apuntaba la resolución, pero “quienes las hacían no tenían conciencia de ello”.
La influencia de Urdangarin
Sobre las relaciones de poder que aprovechó Urdangarin en las islas, la Justicia señaló su amistad con José Luis 'Pepote' Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Govern balear, gracias a la cual “consiguió mover la voluntad” tanto de éste como de Matas para obtener uno de los contratos investigados, “orillando toda concurrencia y los condicionantes” que pudieran derivarse de una tramitación ajustada a la legalidad.
“Más aún -añadía la sentencia-, el desarrollo posterior de la secuencia con la voluntariosa y disciplinada actitud de acatamiento a todas las propuestas [de Urdangarin y Torres] por parte del presidente Matas y su desarrollo, aceptando precios, imponiendo decisiones y sin reparar en obstáculos burocráticos o rémoras de reglas administrativas, pone bien a las claras de manifiesto que se produjo ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente [en alusión a Urdangarin], actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.
La diferencia entre las cifras millonarias que rodearon el caso Nóos y las cantidades finalmente consideradas no implica, sin embargo, una relativización de los hechos juzgados en torno a la red de sociedades instrumentales urdida por Urdangarin y Torres para obtener contratos públicos de forma irregular y derivar beneficios, una conducta que, de hecho, fundamentó las condenas penales que les fueron impuestas: cinco años y 10 meses de prisión para el primero y cinco años y ocho meses para el segundo. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado.
Urdangarin fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión y su socio Torres a cinco años y ocho meses. Matas, por su parte, sería condenado a tres años y ocho meses de cárcel por regar de fondos públicos al entramado
La sentencia, que supuso un punto de inflexión institucional, marcó una frontera nítida entre mala praxis y delito penal, pero también evidenció hasta qué punto las relaciones personales, la confianza y la ausencia de controles efectivos pueden convertirse en un atajo hacia el dinero público. Lo dejó claro el tribunal al aseverar que Urdangarin logró cuantiosas cantidades de fondos de las arcas autonómicas valiéndose de la “situación de privilegio” que “disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado”. Marivent, aquel septiembre de 2003, no fue solo el escenario de un partido de pádel: fue la antesala de un modelo de gestión que acabaría sometido a lupa judicial.