Noma es una microcooperativa constituida en Mallorca, dedicada al cultivo de cáñamo industrial, siguiendo el método de producción ecológica. En otras palabras: cultivan flores y producen aceite de CBD. El CBD, o cannabidiol, es una sustancia química presente en la marihuana, que se puede comercializar legalmente en España siempre que su porcentaje de THC (tetrahidrocannabinol, el componente psicoactivo de la planta que produce el 'colocón') no supere el umbral del 0,2% que marca la legislación. Esta cooperativa, que cuenta con tres miembros (Nuño Monasterio, Inés Calleja y Thom Fernández) y un cultivo de unas 2.000 plantas, recogió 100 kilos durante su primera cosecha de 2021 y más de 400 kilos esta temporada.
Productores como los de la cooperativa Noma se sienten en una situación de inseguridad jurídica, debido a que el CBD se encuentra en un limbo legal. Nuño Monasterio, cooperativista, señala en declaraciones a elDiario.es que se está llevando a cabo una persecución contra los productores de cáñamo industrial. “En los últimos dos o tres años, no paramos de leer titulares de prensa sobre grandes incautaciones de cultivos de cannabis. Al final del proceso todo acaba en nada, porque estamos hablando de CBD, pero la empresa (afectada) sale perjudicada. Y luego nadie publica las rectificaciones”, asegura.
Nuño se refiere a casos como la 'operación Jardines', presentada por la Guardia Civil el pasado 5 de noviembre como “el mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento”, que se saldó con un decomiso de 32 toneladas de “cogollos de marihuana” y veinte detenidos que, según el Instituto Armado, “formaban parte de una organización con sedes en Toledo, Ciudad Real, València y Asturias que controlaba todo el proceso de producción y distribución de la droga”. Francisco Gómez Carbo, administrador único de E-Canna Farming SL –empresa especializada en cáñamo industrial– y detenido en la operación, defiende una versión muy diferente. “Ningún juez pone en libertad a un traficante con 32 toneladas. A día de hoy estoy trabajando y tengo 30 toneladas más”, afirmó en declaraciones a elDiario.es.
Gómez defiende que se comunica entre dos y tres veces a la semana con la Guardia Civil para informar de cada vez que los productos entran o salen de su planta de procesado. “Tengo más de 2.000 documentos enviados”, detalla. “La jueza pide a la Guardia Civil que haga unas analíticas de las plantas que a día de hoy no ha hecho, mientras se ponen a difundir en todos los medios que es marihuana”, critica Darío Gutiérrez de Tena, consultor externo del despacho que defiende al empresario.
Pese a que los cooperativistas de Noma, constituida como explotación agrícola, aseguran tener toda la documentación en regla, lamentan que ello no les exime de poder ser víctimas de un operativo policial, como el que ha sufrido Francisco Gómez. “Mañana puede aparecer un tinglado enorme titulado en la prensa como 'la mayor operación antidroga de Balears’, con no sé cuántas toneladas incautadas. Obviamente, no tienes capacidad para sobreponerte a ese golpe”, lamenta Nuño.
“Trabajamos con Ananda, uno de los dos laboratorios homologados que hay en toda España, porque obviamente tenemos que estar seguros de que todos nuestros productos cumplen con los límites legales. Me parece normal que tengamos que pasar muchos controles estrictos”, argumenta. Y añade que el sector pide una actualización de la regulación. “Hemos recibido una visita de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, donde nos dijeron que trabajamos bien, lo que demuestra nuestra transparencia. Hicieron un informe que remitieron a la Fiscalía Antidroga”, explica.
Trabajamos con uno de los dos laboratorios homologados que hay en toda España, porque obviamente tenemos que estar seguros de que todos nuestros productos cumplen con los límites legales. Me parece normal que tengamos que pasar muchos controles estrictos
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia del 19 de noviembre de 2020, indicó que “a diferencia del tetrahidrocannabinol (comúnmente denominado THC), otro componente del cáñamo, el CBD no parece tener efectos psicotrópicos ni efectos nocivos para la salud humana”, haciendo referencia a los conocimientos científicos actuales. Para definir el concepto “droga”, el tribunal europeo se remite a las definiciones de la Convención Única sobre Estupefacientes (1961) y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas (1971) de Naciones Unidas. Por tanto, clasificar el CBD como “estupefaciente”, dice el TJUE, “sería contrario al espíritu general de esta convención”, cuya finalidad es preservar “la salud física”.
La interpretación que hace la Fiscalía Antidroga, haciendo referencia a la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961, es que cualquier “cogollo”, independientemente de la proporción de THC que contenga, se considera estupefaciente, exceptuando las plantaciones autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.
La normativa española vigente sobre estupefacientes, del 8 de abril de 1967 –que es una adaptación de lo establecido en el convenio de 1961 de Naciones Unidas–, establece en su artículo 8 la prohibición del cultivo y producción del listado de sustancias estupefacientes de la Convención Única, que incluye a la planta de cannabis, pero en el artículo 9 especifica que la norma no se aplica al “cultivo de la planta de la 'cannabis' destinada a fines industriales, siempre que carezca del principio activo estupefaciente (THC)”.
Para entender semejante embrollo legal, Joan Bertomeu, abogado del despacho valenciano Brotsanbert, explica a elDiario.es que “la Fiscalía Antidroga y la AEMPS interpretan que solo se puede cultivar cáñamo para fibra y semilla, pero no para flor, que consideran una sustancia estupefaciente”. Bertomeu destaca la sentencia pionera sobre CBD del Juzgado de lo Penal número 8 de València, que indicaba que el TJUE se opone a la existencia de normativa nacional que prohíba la comercialización del CBD legalmente producido en otro Estado miembro “cuando se extrae de la planta cannabis sativa en su totalidad y no solo de sus fibras y semillas”. El fallo absolvía al propietario de una tienda de productos de cáñamo que se enfrentaba a una pena de cuatro años de prisión por un supuesto delito contra la salud pública.
El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis (OECCC) ha criticado también la interpretación que hace la Fiscalía Antidroga, a quien acusa de una vulneración del derecho comunitario sobre cogollos de CBD y solicita una ley integral de los usos del cannabis y sus derivados, “clara y taxativa”, que evitaría “interpretaciones dispares” entre jueces y fiscales, que “afectan al principio de seguridad jurídica”. El observatorio cannábico lamenta que la actual “falta de claridad tiene como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales” de los agricultores y empresarios de este sector, “que se está viendo gravemente afectado”.
La Audiencia Provincial de Alicante se pronunció en términos similares en una resolución judicial que afectaba al propietario de una tienda de productos CBD, cuyo procedimiento se inició después de un registro e intervención de la Guardia Civil en dicho establecimiento. Los análisis determinaron que los productos que se comercializaban contenían menos de un 0,2% de THC. El tribunal también incidía en que en España ya existen medicamentos autorizados con un 0,15% de dronabinol, la variante sintética del THC.
Bertomeu, jurista de Brotsanbert, explica que casos como los que se han dado en la Comunitat Valenciana –empresas que producen o comercializan CBD y que han sido acusados de un delito contra la salud pública– no son aislados, sino “una situación generalizada en todo el Estado”. “Ha habido represión, sobre todo, en Andalucía”, sostiene. “Es gente que está dada de alta en el régimen de autónomos, declaran y pagan impuestos. No realizan actividades clandestinas. Sin embargo, se actúa contra ellos en el marco de operaciones contra el tráfico de drogas”, asevera.
Es gente que está dada de alta en el régimen de autónomos, declaran y pagan impuestos. No realizan actividades clandestinas. Sin embargo, se actúa contra ellos en el marco de operaciones contra el tráfico de drogas
La persecución que denuncian los afectados se sitúa en un contexto de crecimiento de los cultivos de cáñamo industrial y de proliferación de tiendas de CBD en todo el Estado. Sin embargo, Nuño asegura que los cultivos de cáñamo industrial están retrocediendo como resultado de las operaciones policiales. “Antes de 2020, la Guardia Civil controlaba los niveles de THC de las plantaciones de cáñamo. Pero en un momento dado, se dispara el comercio de la flor y el aceite de CBD y ahí es donde cambia el criterio [de la Fiscalía]”, analiza Bertomeu. “Antes no había ningún tipo de injerencia, más allá de la toma de muestras. Y no ha habido un cambio normativo como para que haya un cambio de criterio. Lo que ha habido es un interés en reprimir”, lamenta.
El 21 de junio de 2022, el Congreso dio su primer visto bueno a la regulación del cannabis medicinal, mediante la aprobación de un informe que da unas directrices al Gobierno para su posterior tramitación legislativa. La AEMPS tiene seis meses, es decir, hasta el 21 de diciembre, para decidir cómo encaja el documento en la futura normativa.
Más allá de los posibles usos terapéuticos del CBD, en el contexto de Balears, la cooperativa Noma defiende que la industria del cáñamo puede suponer una alternativa de diversificación económica, en unas islas que viven mayoritariamente del turismo. Una necesidad que, aseguran, se ha hecho más patente todavía tras la pandemia de coronavirus, que golpeó fuertemente a este sector.
Dada de alta como explotación agrícola, Noma ha suscrito un proyecto de investigación con la Universitat de les Illes Balears (UIB) para estudiar la influencia de la variedad y de las condiciones del cultivo de la planta de cáñamo sobre el contenido en cannabinoides. Están adscritos, además, a la Unió de Pagesos de Mallorca, a la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA), a las Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears, a Green Nurse (empresa que promueve el consumo de cannabis con fines terapéuticos) y a la Unión de Pacientes por la Regulación del Cannabis (UPRC).
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