El asedio a las políticas de memoria, verdad y justicia ha sido una constante en dos años de Gobierno de Javier Milei, denuncian los organismos defensores de los derechos humanos. Mientras tanto, sin embargo, los tribunales de toda Argentina mantienen las causas de lesa humanidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1976-1983).
Desde 2006, cuando se reiniciaron los juicios de lesa humanidad hasta este 1 de diciembre, 1.208 personas fueron condenadas, 316 procesadas y 247 resultaron absueltas. Esas cifras son el resultado de las 357 sentencias dictadas desde entonces, de las cuales 19 correspondieron a 2025. Este año han sido condenadas nueve personas y 51 han sido absueltas, según el informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Aumentan las absoluciones
Las sentencias más llamativas se dictaron en los últimos meses del año. En octubre, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a ocho represores y absolvió a 27 acusados por delitos contra casi 200 personas en el circuito represivo del centro de la provincia de Buenos Aires. Al mes siguiente, el Tribunal Federal 1 de Rosario (provincia de Santa Fe) absolvió a los 17 acusados en la causa por ocho homicidios y 27 secuestros de trabajadores y delegados de la empresa Acindar.
María Ángeles Ramos, fiscal a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, dice a elDiario.es que el balance es positivo sobre el proceso judicial en un contexto difícil. “Si bien hubo políticas de Estado reduccionistas montadas en cuestiones presupuestarias e ideológicas, la realidad es que no notamos en el análisis estadístico de seguimiento de casos que haya repercutido directamente. Si bien hubo picos de más logros y obtención de sentencias, en líneas generales no se detuvo. El volumen de sentencias se mantuvo estable”.
El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo cerró equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia
Una cuestión a tener en cuenta es que 2025 fue el año con la mayor cantidad de absoluciones desde la reanudación de los juicios de lesa humanidad. Siempre ha habido más condenados que absueltos. El año pasado, por ejemplo, hubo 20 condenados y 12 absueltos. Al respecto, Ramos afirma: “Todavía no tenemos un diagnóstico de la causa de esas absoluciones porque fueron bastante recientes y los tribunales todavía no nos dieron los fundamentos de esas decisiones, que estarán en febrero o marzo. Esto es algo que vamos a evaluar y a considerar para ver si tiene alguna reminiscencia, digamos, que una pueda sospechar que hay un cambio de interpretación de los estándares jurídicos con los que se venían juzgando los casos. Puede ocurrir que haya un cambio de paradigma”.
Retroceso: recortes y cierre de equipos
En mayo pasado, el Gobierno de Milei decidió degradar la política de derechos humanos: la secretaría especializada en la materia se convirtió en subsecretaría. Se redujo el personal de trabajadores en un 40% y se recortó el presupuesto. Además, se retiraron capacidades estatales en el impulso de los juicios de lesa humanidad y se despidió a los abogados que intervenían como querellantes, lo que dejó a las víctimas prácticamente sin representación en todas las provincias de Argentina.
Asimismo, el Gobierno ultraderechista desmanteló el programa Verdad y Justicia y eliminó los equipos de “relevamiento y análisis” que funcionaban en el Ministerio de Defensa desde 2010 para aportar documentación a las causas. Es el mismo Ejecutivo que presenta una “memoria completa”, concepto que salió del sector militar para contestar a las reivindicaciones de los organismos de derechos humanos y busca incluir las acciones de las organizaciones armadas, además de las del terrorismo de Estado.
“El programa político que subyace no apunta a 'completar' la memoria existente, sino a cancelarla para imponer una memoria antagónica” advierten en un informe las agrupaciones Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), H.I.J.O.S Capital y Memoria Abierta.
Sol Hourcade, abogada del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, indica a elDiario.es que el Ejecutivo ha dejado de buscar pruebas. “El mayor obstáculo para el proceso de justicia es que el Poder Ejecutivo que antes se encargaba de buscar pruebas en archivos administrativos estatales, de las fuerzas armadas, de la Secretaría de Inteligencia y del Ministerio de Seguridad, cerró esos equipos de trabajo y no busca activamente pruebas para dilucidar qué pasó con las víctimas y eso indirectamente repercute en el proceso de justicia”.
La experta agrega: “Dependemos exclusivamente de las pocas personas que sobrevivieron al genocidio y que en las condiciones en las que fueron secuestradas tuvieron conocimiento limitado de otras víctimas y victimarios. Y aun así han logrado identificar a los responsables. Los aportes de los archivos estatales eran importantes para reconstruir la estructura represiva”.
La mitad de las condenas no son firmes: están pendientes de ser revisadas por instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema. De media, la demora es de cuatro años, según la estadística oficial. “No es algo nuevo, se viene reclamando a la Corte Suprema y a Casación, les hemos pedido que tomen medidas para priorizar estas causas y se convoque a la comisión interpoderes para que busquen la forma de agilizar los procesos por delitos de lesa humanidad”, señala Hourcade.
El 83% de los condenados y 90 % de los procesados permanece en arresto domiciliario. Desde 2016, y sobre todo el último tiempo, la prisión domiciliaria es casi la norma para detener a las personas investigadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad. Solo 19 represores purgan sus condenas en cárceles comunes y 62 en la unidad 34 de Campo de Mayo, dentro de la jurisdicción militar, que cuenta con medidas más flexibles.
De acuerdo con las voces expertas consultadas, los juicios avanzan, aunque a un ritmo lento y pese a la falta de apoyo desde el Poder Ejecutivo. Hay 276 causas en instrucción, 12 juicios en desarrollo y 61 casos con elaboración a juicio, en una etapa intermedia. Eso significa que se anticipa un 2026 con una actividad judicial importante.
En tres meses se cumplirán 50 años del último golpe de Estado en Argentina, un aniversario de fuerte peso simbólico en un país con un Gobierno negacionista que ha buscado socavar el trabajo de décadas de políticas de Estado que buscan arrojar luz sobre los delitos cometidos durante la dictadura militar.