Ecuador: por qué la violencia narco arrasa al país que dolarizó la economía

Tras una década de votar a la derecha por temor a convertirse en la Venezuela de Hugo Chávez, hoy Ecuador se parece mucho más a la Colombia de Pablo Escobar. En diciembre asumió el joven empresario Daniel Noboa como nuevo presidente derechista del país dolarizado. El recambio generacional como gobierno de los hijos: el papá de Daniel es el empresario bananero Álvaro Noboa: el hombre más rico del país. O lo era, hasta la llegada e instalación exitosa del negocio narco en un país sin Banco Central, abierto a la libre empresa y con la comodidad contable y evasora de operar legalmente con moneda extranjera (nacional, no hay).

El 8 de agosto, el candidato presidenciable Fernando Villavicencio, por Construye, fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto de campaña en una escuela de la ciudad capital de Quito. Nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes le había importado tan poco al crimen organizado, cuando se disponía a eliminar a un enemigo, si la democracia ecuatoriana se disponía a votar o si era cualquier otra fecha del año. Y, nunca antes se tuvo que asumir como ahora, forzadamente, que la grave situación sobre todo en la zona de la costa, donde el narcotráfico puede dar salida a su mercancía a través de los puertos, ha llegado a Quito, el corazón del país.

Algunas de las encuestas anteriores a la primera vuelta pronosticaban un posible segundo puesto para Villavicencio, detrás de la candidata correísta Luisa González de Revolución Ciudadana (RC). Con su asesinato, repudiado por la comunidad nacional e internacional, la crisis de seguridad en el país adquirió una magnitud hasta entonces desconocida. Que no hizo sino agravarse desde mediados de 2023: “Cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando la tasa de homicidios de México”, sostiene Gonstantin Groll, director de la oficina ecuatoriana de la Fundación Friedrich Ebert.

Una ininterrumpida escalada de la crisis de seguridad, económica y social, marcada por asesinatos de políticos, masacres carcelarias, violencia del crimen organizado del narcotráfico: secuestros, extorsiones a comerciantes y también a empresas, universidades públicas, centros médicos. A esta serie hay que sumar que “cada vez hay más voces de expertos que indican que hay vínculos entre el Estado y el crimen organizado” según Groll.

Emplazado en el extremo occidental de América del Sur, en pocos años Ecuador se ha convertido en tierra del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia.  

El huevo de la serpiente

Estos males recurrentes no son fruto de la casualidad. “La inestabilidad en Perú y Ecuador tiene mucho que ver con la falta de capacidad del Estado para proveer y expandir servicios de forma equitativa a la población en general. Y esto ha venido pasando desde hace muchos años, a pesar de revoluciones y de nuevos periodos democráticos”, opina Grace Jaramillo, politóloga ecuatoriana de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

La inestabilidad política, la desigualdad, las protestas, los estallidos sociales, la violencia y el narcotráfico son los factores que oscurecen el panorama de los países andinos. En una suerte de eterno retorno, tras períodos de relativa calma, la situación vuelve a encresparse y abisma a los países en la incertidumbre y la desestabilización institucional.

El poder plutócrata

En la región andina durante décadas el grupo de poder fue más una plutocracia que una oligarquía compuesta por grandes familias que han controlado la banca, los medios de comunicación y las instituciones políticas. El presidente Guillemo Lasso, exbanquero, pertenece a una familia integrante de la plutocracia. Esta dinámica del poder empezó a resquebrajarse a principios de este siglo, con la asunción de los gobiernos progresistas.  

“La disputa no solo es por el control del poder político, sino, sobre todo, de los poderes económicos y mediático. Por eso se producen acá las grandes tensiones entre diferentes partidos y organizaciones sociales” explica Jacques Ramírez, profesor de la Universidad de Cuenca, en Ecuador.

De manera generalizada,  la ciudadanía no vota por un programa, sino por la persona que se cree que puede mejorar sus condiciones de vida. Cuando eventualmente, la situación mejora se produce una reacción muy fuerte por parte de los poderes establecidos que expresan intereses económicos, a veces de empresas extranjeras, y también de las viejas familias. “Los poderes establecidos van a tratar de defender sus privilegios a toda costa, no importa que intervenga el Ejército. Para esa elite, la democracia solo es válida cuando sirve a sus intereses”, opina Wolf Grabbendorf, experto alemán que ha ocupado diversos cargos de instituciones en Latinoamérica y profundo conocedor de la región.  

Los nexos entre el Estado y el crimen organizado

De manera sostenida el narcotráfico ha ido ganando terreno en los países andinos gracias, precisamente, a la debilidad institucional y a las fronteras porosas entre los estados. Sin embargo, no es exclusivo de esta región: “En Estados Unidos y en Europa, el narcotráfico puede actuar porque tiene vínculos con mayor o menor fuerza con los gobiernos, con la Policía, con la Marina... Es algo que pasa a nivel global, si no, uno no entendería el transnacionalismo del negocio del narcotráfico”, detalla Ramírez.

Según los datos ofrecidos en el informe que realiza cada dos años la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), Ecuador alcanzó 7,07 puntos, que supera  la media global de criminalidad de 5 puntos, y es albergue  de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.

La extrema desigualdad entre la masa mayoritaria de la población y el reducido grupo de personas que detenta el poder es un factor clave para la inestabilidad en la región andina, agravado en Ecuador por la libertad económica

Ecuador, superautopista libre de la cocaína anarco

La nación ecuatoriana se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala con un creciente mercado interno, afirma GI-TOC. Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico. La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, uno de los mayores motivos que impulsa la migración de los ecuatorianos.

“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador. La investigación detalla que las llamadas extorsivas muchas veces proceden desde las cárceles o de delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El anterior gobierno de derecha, del septuagenario presidente Guillermo Lasso, un ex banquero millonario, que renunció antes del fin del mandato, perdió el control de su sistema penitenciario que se ha convertido en base de operaciones para el tráfico de drogas y los asesinatos relacionados con la extorsión.

El mismo Informe asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Las ‘narcoavionetas’  entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador.

Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. La decisión del gobierno en abril 2023 de facilitar el acceso de armas a civiles podría haber exacerbado los niveles de violencia.

Narcotráfico, lavados de activos y corrupción del Estado

GI-TOC no es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que en 2024 el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene. En el período comprendido entre enero y junio de 2023, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100 mil habitantes.

Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on–line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.

En el informe publicado por OECO figuran una serie de recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador que incluyen el diseño y establecimiento de una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; diseñar una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas; priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y FFAA, de la manera más eficaz.

Las escuelas y los colegios en riesgo

Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria con millones de personas que salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios durante la década de Gobierno izquierdista del expresidente Rafael Correa (2007–20017) se invirtieron en educación, salud y otros programas sociales. Los sectores más empobrecidos comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Después de los gobiernos de Lenín Moreno (2017–2021) y de Lasso, esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Y cómo las escuelas no quedaron ajenas a la crisis aunque la ministra de Educación, María Brown de la gestión del exbanquero Lasso, aseguró que las escuelas son los “espacios más seguros” y en razón de este presupuesto, las autoridades gubernamentales no permiten a la Policía ingresar con personal armado en los centros educativos.

Se han constatado numerosas acciones de criminalidad dentro de esas instituciones, principalmente las públicas. Expertos en temas de seguridad, como el abogado penalista Hugo Espín, quien prioriza la definición de una política pública de seguridad basada en la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía, depuradas  en todas sus jerarquías de toda sospecha de relación con el narcotráfico, sostiene que debería autorizarse la intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas.

El control de los puertos y de las principales rutas del país

La ubicación geográfica del Ecuador, ubicado entre los países de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, su corta extensión territorial y estructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas; la dolarización y baja bancarización, que facilitan enormemente el lavado de dinero del narcotráfico; el perfil costero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo han favorecido el auge del crimen organizado.

El traslado de las cargas en toneladas requiere de una gran movilización y logística. La Policía tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando, señala Espín.

Los controles aleatorios en la ciudad de Baeza –que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra– ni siquiera tienen cámaras para identificar las placas de los vehículos. No es un caso aislado. El fortalecimiento del sistema de inteligencia se ha visto totalmente mermado en los últimos años.

La gravedad de la violencia interna

Con unos efectos similares a los que causan las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otros elementos estructurales condicionan el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. “No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones” sostiene Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social de la gestión del expresidente Lenín Moreno.

Según los datos revisados por Cordero del Ministerio del Interior, “hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022” y distingue que “están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización”. 

Cordero entiende que las soluciones frente al tema de la  violencia interna no se limitan sólo al gobierno central sino que requieren de la participación ciudadana en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. 

La pobreza que existe y no se menciona

El 8 de septiembre, al término de su estadía de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DDHH, Oliver De Shutter responsabilizó al entonces presidente Lasso por no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre –especialmente entre las minorías–, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Declaró que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza.  Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas. De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.

Con todo, “Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué nadie habla de pobreza?” se pregunta Cordero. 

“Porque  justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social”, dice en su cabal respuesta.

Una macroeconomía bonita y lejana

El impopular gobierno pasado de Guillermo Lasso gestionó entre la espada y la pared tratando de cumplir con las apremiantes demandas vinculadas a la crisis de seguridad y economía y al cumplimiento de la deuda pública. Respecto al último tema, redujo el déficit fiscal  de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 %).  

Sin embargo, este ‘logro’ no ha calado en las familias, sino muy por el contrario. Una suerte de “efecto Macri en la Argentina”, afirma Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA. Pocos o ningún beneficio les ha traído la estabilización de la macroeconomía, sino más perjuicios.

AGB