Los efectos del Brexit: británicos con doble nacionalidad se arriesgan a no poder entrar en su país
El 25 de febrero, el Reino Unido empezará a aplicar de manera más estricta sus nuevas reglas de entrada en el país después del Brexit. La autorización de viaje que ya se exige a todos los ciudadanos de la UE que no sean residentes puede afectar, en particular, a británicos con doble nacionalidad.
Los ciudadanos británicos que viven fuera de su país, igual que los irlandeses, no deben solicitar la autorización de viaje que pagan los demás no residentes de otros países en Europa. Los visitantes de España, como los del resto de la UE, deben rellenar un formulario llamado ETA por sus siglas en inglés y que cuesta unos 18 euros. Pero, a partir de la semana próxima, los británicos que tienen doble nacionalidad tendrán que enseñar un pasaporte británico o tener un documento especial adjunto al pasaporte de otro país que cuesta unos 670 euros.
Los ciudadanos con doble nacionalidad –algo más frecuente después del Brexit– hasta ahora tenían más formas de probar su ciudadanía británica y podían entrar en el país utilizando el pasaporte de su lugar habitual de residencia.
Además, los ciudadanos británicos no pueden pedir la autorización de entrada ETA como otros europeos. Si no pueden o no quieren renovar el pasaporte británico o no quieren tramitar el costoso papel adjunto, para seguir las reglas que se aplican a ciudadanos de la UE, tendrían que renunciar a su ciudadanía. Un factor de incertidumbre es que cuando el Gobierno británico anunció las nuevas reglas en noviembre, el formulario ya llevaba desde abril en vigor y ciudadanos con doble nacionalidad ya habían hecho este trámite, según denuncian organizaciones de derechos migratorios de británicos y europeos.
Británicos en España
Algunos países europeos ya obligan a renunciar a la ciudadanía original para conseguir la nacional. Eso sucede en España, por ejemplo, en el caso de británicos que no tengan progenitores españoles.
España sí permite mantener la ciudadanía de países latinoamericanos, y de algunos países con los que existen convenios, como Portugal y Francia. En la UE, esto no es tan relevante porque existe la libertad de movimiento y cualquier ciudadano puede instalarse, trabajar y estudiar en otro país.
El caso de España es especialmente importante para el Reino Unido, ya que es el país de la UE donde más británicos se concentran, con una comunidad estimada en más de 400.000 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023.
En caso de ciudadanos con doble nacionalidad española y británica, además, algunas organizaciones han señalado los problemas adicionales por la diferencia en el nombre en el caso de las mujeres casadas, puesto que en España no adoptan el apellido del marido y en el Reino Unido, la mayoría lo sigue haciendo. Además, en España se utilizan dos apellidos, y en el Reino Unido, uno.
Estas diferencias de identificación en dos pasaportes pueden crear problemas en la frontera o durante las renovaciones, y afectan especialmente a las mujeres. El contraste también se da con otros países de la UE, por ejemplo, en Grecia y en Países Bajos.
Doble nacionalidad desde el Brexit
La cantidad de británicos con ciudadanía de la UE se ha disparado desde el Brexit. Sólo contando a quienes han solicitado activamente otra nacionalidad –sin considerar quienes ya la tienen de manera automática por nacimiento y origen familiar–, el ritmo de peticiones se ha multiplicado por cuatro. Entre 2008 y 2016, el año del referéndum del Brexit, la media en el Reino Unido de aprobación de casos de doble nacionalidad con países de la UE era de 2.952 por trimestre; entre 2017 y 2025, fue de 13.036, según los datos del Ministerio del Interior británico.
El Gobierno británico insiste en que ya ha dado suficiente tiempo de transición y ha comunicado las nuevas reglas sobre los ciudadanos británicos que viven fuera y tienen doble nacionalidad. También advierte que los operadores de transporte pueden negar el embarque a las “personas que no puedan dar una prueba satisfactoria de su elegibilidad para entrar en el Reino Unido”.
Si hay dudas sobre la documentación, los operadores tienden a ser conservadores por miedo a las penalizaciones para ellos. Las multas para aerolíneas, empresas ferroviarias o marítimas pueden ascender a más de 2.200 euros por pasajero.
Falta de información
Los cambios post-Brexit afectan especialmente a ciudadanos que viven en países de la UE y que no estaban sometidos hasta ahora a estos controles.
Varias organizaciones que defienden los derechos de los europeos en el Reino Unido y de los británicos que viven fuera se han quejado de la falta de información con tiempo y medios suficientes y han pedido en una carta conjunta al Gobierno británico una prórroga y más flexibilidad en las reglas.
“No ha habido suficiente comunicación sobre esto, la mayoría se ha concentrado en que los visitantes soliciten la autorización de viaje”, explica a elDiario.es Monique Hawkins, directora de políticas públicas de the3Million, una organización civil que vela por los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido después del Brexit y una de las tres firmantes de la carta. “Muchos ciudadanos con doble nacionalidad que viven fuera no han renovado sus pasaportes británicos porque es un coste innecesario. Ahora de repente necesitan hacerlo o se arriesgan a no poder viajar al Reino Unido. Solicitar el pasaporte británico cuando vives fuera es engorroso y lleva mucho tiempo”.
Como recuerda Hawkins, esta es otra de las consecuencias no deseadas del Brexit, ya que los británicos con doble nacionalidad que ahora se pueden encontrar en este dilema tenían libertad de movimientos dentro de la UE.
También señala que otro de los problemas que puede haber en la frontera es para los ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y que siguen esperando respuesta para su solicitud de residencia. “Quienes todavía esperan una decisión –algunos de ellos durante años– pueden ser rechazados en la frontera del Reino Unido si viajan fuera e intentan volver”, dice Hawkins, cuya organización está intentando denunciar esta situación ante la justicia británica.
Hay decenas de miles de ciudadanos de la UE que esperan una decisión sobre su estatus o su revisión mientras el Ministerio del Interior tiene más de 100.000 solicitudes pendientes, según los últimos datos de septiembre.