Las tres torturas de Lucía: el caso de la niña violada a la que negaban el aborto y la denuncia a los únicos médicos que la ayudaron

“Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Esas palabras de Lucía han supuesto un punto de inflexión en la vida de José Gijena y su esposa, Cecilia Ousset. “Hay que tener un alma muy sombría para no reaccionar ante el dolor de esa nena de 11 años embarazada por su violador y torturada por un sistema de salud que le niega su derecho al aborto”.

Estos ginecólogos practicaron una cesárea a la pequeña –que tras numerosas dilaciones llevaba ya 23 semanas de gestación– y ahora se enfrentan a una denuncia de homicidio calificado de abogados 'provida' a causa de la muerte del bebé.  

“Entramos a la habitación del hospital y nos encontramos a una nena chiquita, de 11 años pero con escaso desarrollo genital, en un estado psicológico muy inestable. Ya había tenido dos intentos de suicidio. Ella y su mamá nos pidieron por favor que las ayudáramos a interrumpir ese embarazo”, cuenta Gijena. Para entonces Lucía (nombre con el que se protege su verdadera identidad) llevaba semanas pidiéndolo en vano.

Casi dos meses antes había ido por un dolor de barriga al centro de salud de 7 de abril, un pequeño pueblo a 150 kilómetros de la ciudad de Tucumán, en el norte de Argentina. Allí descubrieron que tenía un embarazo de 16 semanas, que desveló a su vez que la tortura para ella había empezado mucho antes, con los abusos sexuales de la pareja de su abuela, un hombre de 62 años.

Pero la siguiente tortura acababa de comenzar. El aborto es legal en Argentina desde 1921 en casos de violación o de peligro de muerte para la gestante. De hecho, ni siquiera se requiere la autorización de un juez. Pero la provincia Tucumán es la única del país que no ha adherido al protocolo sanitario para estos casos. “Las presiones de la Iglesia católica y los grupos antiderechos han dejado esta provincia al margen de la justicia”, protesta Gijena.

Los días fueron pasando para Lucía sin ninguna solución, entre escenas en las que médicos le preguntaban, con una mano en su vientre, si de verdad quería 'matar a su bebé', y declaraciones de responsables políticos que señalaban que lo mejor para ella era seguir adelante con el embarazo y hasta una fiscal buscando abogado para proteger al feto. Finalmente, una jueza instó a las autoridades sanitarias a que en menos de 72 horas atendiera la voluntad de la niña de abortar. Pero no había médicos dispuestos a hacerlo.

Por eso el Ministerio de Salud debe acudir a un médico privado. José Gijena acepta, con la condición de evaluar el caso y tomar la decisión médica que crea más conveniente. Tercera sesión de torturas: el aborto ya no es posible. El obstetra entiende que el cuerpo de la niña es demasiado inmaduro para interrumpir el embarazo con pastillas. Hubiera supuesto al menos tres días de fortísimos dolores y hemorragias, con posibles consecuencias físicas y psicológicas. Seguir con el embarazo también hubiera sido un riesgo: una niña de su edad tiene cuatro veces más posibilidades de morir en el parto que una mujer adulta.

“Decidimos hacerle una microcesárea, lo menos invasiva posible. Pero nos encontramos en el quirófano con que ni las enfermeras ni el anestesista querían participar. Se amparaban en la objeción de conciencia. Mi esposa, que es católica practicante y también es objetora, tuvo un gesto de generosidad muy grande: dejó de lado sus ideas para hacer lo que debía, que era ayudar a esa nena”, cuenta emocionado el médico.

A medianoche, la pareja de obstetras consigue, con la ayuda de una anestesista amiga, realizar la intervención. No resulta sencilla, porque Lucía desarrolló preclampsia, una complicación muy grave. La bebé nació con vida, pero murió a los pocos días. Es entonces cuando se pone en marcha la denuncia por homicidio. “Argumentan que fue extraído del vientre materno en forma prematura aun a sabiendas de sus pocas probabilidades de sobrevivir, y por eso se nos supone la premeditación. ¡Claro que hubiéramos querido que consiguiera vivir! Pero aquí el foco no soy yo ni lo que lamentablemente pasó con la bebé, sino conservar la integridad física de la nena violada y el derecho que le corresponde por ley”, sostiene Gijena.

Acoso, amenaza, denuncias...

Las consecuencias para estos médicos con dos décadas de experiencia a sus espaldas son imprevisibles. Y no solo para ellos, sino también para su familia. Este lunes, cuando recibían la noticia de la denuncia por homicidio, Gijena y Ousset estaban acompañando a sus cuatro hijos en su primer día en una nueva escuela. El acoso constante desde que sus padres se manifestaron a favor de la regularización del aborto no les dejó más opción que el cambio de centro. “Estuvieron todos en tratamiento psicológico y uno de ellos sufrió una depresión”, relata el médico.

Cuando Argentina estaba inmersa en el debate público y legislativo sobre la legalización del aborto, Cecilia Ousset escribió en su Facebook una carta en la defendía, como ginecóloga católica, la necesidad de una ley que garantizara abortos seguros para las mujeres pobres. El texto fue compartido por más de 50.000 personas en 48 horas. Desde entonces, la obstetra y su familia han sido señalados y acosados por los autodenominados 'provida' en una provincia históricamente muy conservadora.

De hecho, el rechazo de la ley de plazos en el Senado lo decantaron en buena medida los senadores de las provincias del norte argentino, donde la iglesia sigue teniendo un importante peso político.

“Estos grupos antiderechos se creen por encima de la ley. Dicen que su lema es 'Salvemos las dos vidas' pero en realidad es 'O salvamos las dos vidas o ninguna'. Se escudan detrás de un rosario o una virgen para justificar su accionar malévolo y mafioso. Quieren confundir a la población diciendo que el aborto no es legal. En el caso de Lucía ya era legal casi 100 años atrás”, se enciende Gijena.

Un grupo de abogados se ha acercado a ellos para asistirles en la causa y varias asociaciones feministas están promoviendo un escrito de apoyo a los médicos. Gijena dice no estar preocupado. “Hay que dar esta batalla. Porque lo importante no es lo que nos pase a nosotros. No me importan tanto las amenazas de muerte como que este hostigamiento no consiga amedrentar ni a los profesionales ni a las mujeres que se vean en esta situación. No queremos más Lucías”.

Para José y Cecilia, el paso que han dado es definitivo, pero también inevitable. “No es fácil hacer lo que hicimos: abrirle la barriga a una nena para sacar una beba que seguía con vida. Pero hay derechos inalienables y no podemos desconocerlos. Tampoco podemos mirar hacia otro lado ante el sufrimiento de una nena violada y después torturada. Eso es lo que quieren los que nos denuncian: hacer como que no lo ven, condenar a Lucía y a otras como ella a la clandestinidad y a la muerte”.