OPINIÓN

El presupuesto de Defensa en España: una historia por aclarar

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Un Estado como España necesita contar con un instrumento de disuasión y de último recurso para defender sus intereses legítimos. Parece algo obvio, aunque eso no significa que haya un acuerdo unánime. Esos intereses incluyen tanto el bienestar y la seguridad de su población como la integridad de su territorio y sus fronteras.

Ese instrumento de disuasión se concreta en unas fuerzas armadas y en una base industrial de la defensa, sin que ello signifique en ningún caso olvidarse del resto de instrumentos políticos, diplomáticos, comerciales y culturales que sirven al mismo propósito, ni adoptar una posición militarista en la que sean las consideraciones de la defensa las que terminen por dominar la agenda nacional.

También debería ser obvio que para que algo así sea asumido por la ciudadanía es imperativo tratarla como adulta. Eso supone hacerla participe del proceso de asignación de recursos y dar a conocer de forma transparente lo que realmente se dedica a Defensa, que es parte esencial de una paz social que a todos nos debe interesar preservar.

Todos los gobiernos que ha tenido España desde la recuperación de la democracia han optado, sin embargo, por escamotear el debate sobre el tipo de defensa que necesitamos y sobre el presupuesto que debemos dedicar. Y así ha vuelto a ocurrir con ocasión de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, a la espera de lo que determine el Senado.

Cultura de defensa

Falta mucha pedagogía política para dar a entender que las ansias de paz que suelen definir a la sociedad española son compatibles con la necesidad de defenderse de quienes tienen capacidad y voluntad para apropiarse de lo ajeno por la fuerza, conscientes de que no siempre basta con la diplomacia y las relaciones comerciales para frenar su apetito.

Se une en este punto la falta generalizada de una cultura de defensa con la costumbre de esconder el montante total del capítulo de Defensa, calculando que buena parte de la opinión pública no ve con buenos ojos lo que unos consideran inversión y otros, gasto. Así, habitualmente se nos hace creer que el gasto total es simplemente el asignado al Ministerio de Defensa –12.827,18 millones de euros previstos para 2023– o, como mucho, el resultante de sumar a esa cifra los 1.289,6 millones de euros de los organismos autónomos y los 337,05 del Centro Nacional de Inteligencia; lo que arrojaría un volumen de 14.453,83.

Pero bastaría, como hace el Centro Delàs desde hace años, con echar mano de los criterios establecidos por la OTAN para concluir que el capítulo de Defensa para el próximo año se eleva en principio hasta los 26.208,43 millones de euros (queda por saber al final del ejercicio cuál será el presupuesto realmente liquidado). Entre esos criterios se incluye el apoyo a la innovación en I+D (Ministerio de Industria), Guardia Civil, aportaciones a organismos internacionales, pensiones de guerra e Instituto Social de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Como consecuencia de esa interesada forma de presentar a la baja las cifras de Defensa, España suele aparecer situada en las posiciones de cola en el seno de la Alianza Atlántica en referencia al porcentaje que representa en términos de PIB, tan solo por delante de Luxemburgo. Una posición cómoda hacia dentro –buscando evitar el posible coste electoral de aparecer como militaristas– e incómoda hacia fuera –por las críticas recibidas del resto de los aliados en la OTAN–, que tampoco se corresponde con la realidad, puesto que siguiendo una vez más los criterios de contabilidad de la propia OTAN nos encontraríamos con que España ya va a dedicar el próximo año el 2,06% del PIB a Defensa.

Eso significa que España, a pesar de las innegables carencias de sus ejércitos, ya cumple con el compromiso de alcanzar un tan sacralizado como inexplicado 2%, establecido inicialmente en la Cumbre de la OTAN de Gales en 2014 y ahora fijado para 2029.

Aumento del presupuesto

Todo apunta a que es ahora, al calor guerrero del conflicto en Ucrania, cuando se ha encontrado el momento propicio para presentar cifras más reales y para incrementar aún más ese capítulo. De ese modo, se cuenta con que la ciudadanía admita sin apenas contestación que el presupuesto anunciado para el Ministerio de Defensa aumente un 26,31% respecto al pasado año, superando el incremento registrado en cualquier otro apartado de los PGE y que, contabilizado con criterios OTAN, lo haga un 11,67%.

Todo ello en un contexto de creciente malestar social en el que los efectos de la crisis económica de 2008, de la pandemia y del impacto de la guerra en Ucrania hacen aún más necesario el referido debate para establecer criterios de ponderación del gasto para atender a tantas necesidades imperiosas, no solo de defensa, sino, mucho más, de seguridad humana.

Por último, y sin que sirva de consuelo ver cómo Alemania y otros socios de la Unión Europea están haciendo lo mismo, vuelve a quedar claro que el instinto nacionalista se impone a la consideración básica que determina que en el mundo de hoy no hay ningún país que pueda atender en solitario a las amenazas que le afectan. Y por ese camino ni mejoramos sustancialmente nuestra seguridad ni avanzamos lo suficiente en la construcción de una Europa de la defensa que ponga fin a la subordinación a Washington.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Un Estado como España necesita contar con un instrumento de disuasión y de último recurso para defender sus intereses legítimos. Parece algo obvio, aunque eso no significa que haya un acuerdo unánime. Esos intereses incluyen tanto el bienestar y la seguridad de su población como la integridad de su territorio y sus fronteras.

Ese instrumento de disuasión se concreta en unas fuerzas armadas y en una base industrial de la defensa, sin que ello signifique en ningún caso olvidarse del resto de instrumentos políticos, diplomáticos, comerciales y culturales que sirven al mismo propósito, ni adoptar una posición militarista en la que sean las consideraciones de la defensa las que terminen por dominar la agenda nacional.

También debería ser obvio que para que algo así sea asumido por la ciudadanía es imperativo tratarla como adulta. Eso supone hacerla participe del proceso de asignación de recursos y dar a conocer de forma transparente lo que realmente se dedica a Defensa, que es parte esencial de una paz social que a todos nos debe interesar preservar.

Todos los gobiernos que ha tenido España desde la recuperación de la democracia han optado, sin embargo, por escamotear el debate sobre el tipo de defensa que necesitamos y sobre el presupuesto que debemos dedicar. Y así ha vuelto a ocurrir con ocasión de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, a la espera de lo que determine el Senado.

Cultura de defensa

Falta mucha pedagogía política para dar a entender que las ansias de paz que suelen definir a la sociedad española son compatibles con la necesidad de defenderse de quienes tienen capacidad y voluntad para apropiarse de lo ajeno por la fuerza, conscientes de que no siempre basta con la diplomacia y las relaciones comerciales para frenar su apetito.

Se une en este punto la falta generalizada de una cultura de defensa con la costumbre de esconder el montante total del capítulo de Defensa, calculando que buena parte de la opinión pública no ve con buenos ojos lo que unos consideran inversión y otros, gasto. Así, habitualmente se nos hace creer que el gasto total es simplemente el asignado al Ministerio de Defensa –12.827,18 millones de euros previstos para 2023– o, como mucho, el resultante de sumar a esa cifra los 1.289,6 millones de euros de los organismos autónomos y los 337,05 del Centro Nacional de Inteligencia; lo que arrojaría un volumen de 14.453,83.

Pero bastaría, como hace el Centro Delàs desde hace años, con echar mano de los criterios establecidos por la OTAN para concluir que el capítulo de Defensa para el próximo año se eleva en principio hasta los 26.208,43 millones de euros (queda por saber al final del ejercicio cuál será el presupuesto realmente liquidado). Entre esos criterios se incluye el apoyo a la innovación en I+D (Ministerio de Industria), Guardia Civil, aportaciones a organismos internacionales, pensiones de guerra e Instituto Social de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Como consecuencia de esa interesada forma de presentar a la baja las cifras de Defensa, España suele aparecer situada en las posiciones de cola en el seno de la Alianza Atlántica en referencia al porcentaje que representa en términos de PIB, tan solo por delante de Luxemburgo. Una posición cómoda hacia dentro –buscando evitar el posible coste electoral de aparecer como militaristas– e incómoda hacia fuera –por las críticas recibidas del resto de los aliados en la OTAN–, que tampoco se corresponde con la realidad, puesto que siguiendo una vez más los criterios de contabilidad de la propia OTAN nos encontraríamos con que España ya va a dedicar el próximo año el 2,06% del PIB a Defensa.

Eso significa que España, a pesar de las innegables carencias de sus ejércitos, ya cumple con el compromiso de alcanzar un tan sacralizado como inexplicado 2%, establecido inicialmente en la Cumbre de la OTAN de Gales en 2014 y ahora fijado para 2029.

Aumento del presupuesto

Todo apunta a que es ahora, al calor guerrero del conflicto en Ucrania, cuando se ha encontrado el momento propicio para presentar cifras más reales y para incrementar aún más ese capítulo. De ese modo, se cuenta con que la ciudadanía admita sin apenas contestación que el presupuesto anunciado para el Ministerio de Defensa aumente un 26,31% respecto al pasado año, superando el incremento registrado en cualquier otro apartado de los PGE y que, contabilizado con criterios OTAN, lo haga un 11,67%.

Todo ello en un contexto de creciente malestar social en el que los efectos de la crisis económica de 2008, de la pandemia y del impacto de la guerra en Ucrania hacen aún más necesario el referido debate para establecer criterios de ponderación del gasto para atender a tantas necesidades imperiosas, no solo de defensa, sino, mucho más, de seguridad humana.

Por último, y sin que sirva de consuelo ver cómo Alemania y otros socios de la Unión Europea están haciendo lo mismo, vuelve a quedar claro que el instinto nacionalista se impone a la consideración básica que determina que en el mundo de hoy no hay ningún país que pueda atender en solitario a las amenazas que le afectan. Y por ese camino ni mejoramos sustancialmente nuestra seguridad ni avanzamos lo suficiente en la construcción de una Europa de la defensa que ponga fin a la subordinación a Washington.

Jesús A. Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH).

Un Estado como España necesita contar con un instrumento de disuasión y de último recurso para defender sus intereses legítimos. Parece algo obvio, aunque eso no significa que haya un acuerdo unánime. Esos intereses incluyen tanto el bienestar y la seguridad de su población como la integridad de su territorio y sus fronteras.

Ese instrumento de disuasión se concreta en unas fuerzas armadas y en una base industrial de la defensa, sin que ello signifique en ningún caso olvidarse del resto de instrumentos políticos, diplomáticos, comerciales y culturales que sirven al mismo propósito, ni adoptar una posición militarista en la que sean las consideraciones de la defensa las que terminen por dominar la agenda nacional.