Cómo la tala de 250.000 árboles para construir un centro de datos rompió el idilio entre Finlandia y Google

Hace dos meses, Finlandia celebraba que Google invertiría 13.000 millones de euros para ampliar y construir varios centros de datos. El proyecto se perfilaba como la mayor apuesta de la empresa tecnológica en Europa y la mayor inversión jamás anunciada en la historia del país nórdico. La noticia fue recibida con entusiasmo por el Gobierno, que veía una oportunidad para atraer capital extranjero, generar empleo e incrementar los ingresos fiscales en un momento en que el país arrastra años de estancamiento económico y registra la tasa de paro más alta (11%) de la Unión Europea.

Sin embargo, del entusiasmo inicial se ha pasado a un clima de confusión e indignación generalizado entre la opinión pública por la forma en la que Google está desarrollando sus planes sobre el terreno. Las obras para la construcción de los centros de datos están paralizadas desde el 23 de octubre. El motivo es que se han iniciado los trabajos de construcción y se han talado centenares de hectáreas sin que la empresa hubiera obtenido aún los permisos para hacerlo ni presentado los informes de impacto medioambiental que exige la ley.

Las consecuencias de todo esto quedaron al descubierto en las imágenes difundidas por los medios de comunicación. Donde antes se extendían bosques, ahora solo queda un terreno arrasado, cubierto de turba negra y agua embarrada. Este paisaje casi lunar se extiende a lo largo de 330 hectáreas cerca de la ciudad de Muhos y otras 200 hectáreas en la de Otanmäki, ambas en el centro del país. Las imágenes se han convertido en el símbolo de los excesos de las grandes tecnológicas en su carrera por levantar centros de datos en Finlandia.

Los centros de datos crecen como setas

En los últimos años, la proliferación de proyectos para construir centros de datos por todo el país ha avanzado a un ritmo difícil de seguir. Ya hay más de 145 proyectos anunciados y en proceso de aprobación, según The Guardian.

Google no era la única tecnológica que había puesto sus ojos en Finlandia. Otros gigantes del sector como Microsoft, Meta y TikTok también operan en el país o tienen proyectos para instalarse en él, ya que reúne unas condiciones especialmente favorables para acoger este tipo de infraestructuras. Su clima frío facilita la refrigeración de los servidores, mientras que el país dispone de una buena red eléctrica que suministra energía relativamente barata y con bajas emisiones de CO2.

Las inversiones relacionadas con los centros de datos han recibido el respaldo del Gobierno conservador en los últimos años. Pero, a raíz del caso de Google, el debate sobre su impacto se ha vuelto ineludible.

Pese a ello, hace un mes, el primer ministro, Petteri Orpo, restó importancia a la preocupación sobre el elevado consumo energético del proyecto de Google y su posible efecto en los precios de la electricidad. En cambio, señaló que “ayudaría a impulsar” la economía local. Todo ello, pese a que el operador de red eléctrica Fingrid prevé un aumento del 40% del consumo eléctrico durante los próximos cinco años debido a la proliferación de los centros de datos.

“Incumplimiento deliberado o negligencia grave”

En la ciudad de Muhos, los vecinos de la zona afectada por los planes de Google también denuncian que, desde el inicio de las obras, fluye un arroyo de agua parduzca por los alrededores. Según Björn Klöve, profesor de la Universidad de Oulu, la zona está expuesta al riesgo de acidificación del agua, un fenómeno que en el pasado ha provocado episodios de mortandad masiva de peces en Finlandia.

A raíz de lo sucedido, la policía anunció el 29 de octubre que abría una investigación contra Finland OY, la filial finlandesa de Google, por presuntos “daños medioambientales”. La empresa también está acusada de haber talado 250.000 árboles entre los emplazamientos de Muhos y Otanmäki sin esperar a los resultados de los informes medioambientales obligatorios.

Además, la policía también advirtió de posibles irregularidades en los sistemas de drenaje y tratamiento del agua en los sitios de construcción, ya que se excavaron cerca de nueve kilómetros de zanjas sin contar todavía con los permisos necesarios. Por el momento, se desconoce cuánto tiempo necesitará la policía para concluir la investigación y cuándo podrán las autoridades finlandesas autorizar la reanudación de las obras.

La gente empieza a preguntarse: ¿de dónde vendrá toda la electricidad? ¿De dónde vendrían todos los constructores? ¿Emplearán solo a unas pocas personas, consumiendo gran parte de la producción eléctrica mientras los beneficios de las empresas se van todos al exterior?

Más allá de la vulneración de la legislación medioambiental, este suceso ha abierto el debate sobre la falta de reacción de las autoridades ante un problema que empezó a hacerse visibles meses atrás. Los trabajos de tala habían arrancado en marzo, pero no fue hasta el 18 de septiembre cuando la Agencia de Autorizaciones y Supervisión, el organismo responsable de controlar la concesión de permisos, contactó con Google. La intervención llegó un día después de que la Federación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza (SLL) alertara públicamente sobre la situación.

Ante las acusaciones, la filial de Google ha tenido que dar explicaciones y su director regional, Antti Järvinen, pidió disculpas por la magnitud de la deforestación, aunque defendió que la empresa había actuado de “buena fe” y aseguró que contaba con todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo los trabajos. Además, la empresa ha prometido plantar de árboles 130 hectáreas en Muhos.

Pero estas explicaciones no convencieron a la exdiputada ecologista y presidenta de la SLL, Hanna Halmeenpää, que declaró en la televisión pública YLE: “A mi entender, se ha incumplido la legislación de manera deliberada o se ha cometido una negligencia grave”.

A Ismo Pölönen, profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Finlandia Oriental (UEF), también le cuesta entender cómo Google pudo iniciar las obras sin disponer de toda la información sobre los requisitos legales. “Todos los actores del sector tecnológico saben perfectamente que no pueden poner en marcha grandes proyectos sin haber completado los procedimientos legales y obtenido todos los permisos”, señala el profesor, que opina que lo ocurrido “sugiere que no se querían respetar las normas”.

La ciudadanía reclama mayor control

A pocos meses de las elecciones legislativas previstas para abril de 2027, el Gobierno finlandés ha presentado una propuesta para endurecer las leyes que hasta ahora han permitido la proliferación de los centros de datos. Sin embargo, en un contexto en el que el país nórdico atraviesa una grave crisis de austeridad, los pequeños municipios rurales donde se construyen los centros de datos han visto en estas instalaciones una fuente de ingresos inesperada. “De repente, alguien aparece prometiendo una gran inversión en el municipio y muchos puestos de trabajo nuevos. En ese momento, es muy difícil decir que no a la construcción de los centros”, señala a elDiario.es Markku Heikkilä, profesor de la Universidad de Laponia.

Sin embargo, Heikkilä advierte de que el auge de los centros de datos se observa cada vez con más escepticismo. “La gente empieza a preguntarse: ¿de dónde vendrá toda la electricidad? ¿De dónde vendrían todos los constructores? ¿Emplearán solo a unas pocas personas, consumiendo gran parte de la producción eléctrica mientras los beneficios de las empresas se van todos al exterior?”, argumenta.

En septiembre, además, se puso en marcha una iniciativa ciudadana que reclama un mayor control legislativo sobre este tipo de infraestructuras tecnológicas. La propuesta ya ha superado las 50.000 firmas, el umbral necesario para que sea debatida en el Parlamento.