El nuevo secretario de Seguridad Nacional de EEUU obstaculizó los planes de Obama para cerrar Guantánamo
Donald Trump ha nombrado al general retirado John Kelly como secretario de Seguridad Nacional, según confirmó este lunes su equipo de transición.
El general retirado de los Marines, que dejó el cargo de jefe del Comando Sur en 2016, era el candidato favorito de Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional. Kelly “iniciará la urgente misión de frenar la inmigración ilegal y de asegurar nuestras fronteras”, así como modernizar la Administración de Seguridad de Transporte y mejorar la relación entre las agencias estadounidenses de inteligencia y de orden público, según señaló el equipo de Trump en un comunicado.
Al aceptar el nombramiento, Kelly declaró que el pueblo estadounidense votó en noviembre por un mandato claro: “Acabar con el terrorismo, recuperar la soberanía en nuestras fronteras y poner fin a la corrección política que durante demasiado tiempo ha dictado nuestra estrategia de seguridad nacional”. “Abordaré estos problemas con seriedad y un profundo respeto por nuestras leyes y Constitución”, añadió.
Como director del Comando Sur, Kelly era el responsable de las actividades militares y las relaciones de Estados Unidos con Sudamérica y el Caribe, incluido el polémico centro de detención de Guantánamo. Kelly discrepaba con Obama en muchas cuestiones y ha advertido en diversas ocasiones de las vulnerabilidades en la frontera sur de Estados Unidos con México.
El futuro secretario de Seguridad Nacional, de 66 años, es el tercer general nombrado para un puesto de alto rango en la nueva administración. Trump también ha nombrado al general retirado James Mattis para dirigir el Departamento de Defensa y a Michael Flynn como consejero de Seguridad Nacional.
Kelly es el alto cargo de más alto rango en haber perdido un hijo en la llamada “guerra contra el terror”. Su hijo Robert, teniente en los Marines, murió en combate en Afganistán en 2010.
En el Comando Sur, Kelly se ganó rápidamente una reputación por su oposición al cierre de la cárcel de Guantánamo pretendido por Obama. El general tuvo que hacer frente a una huelga de hambre generalizada de los detenidos, que protestaban por el trato recibido y el dolor físico de ser alimentados a la fuerza, lo que atrajo la atención internacional.
La respuesta de Kelly fue el cierre a los medios. Las autoridades de Guantánamo y del Comando Sur dejaron de proporcionar información a los periodistas sobre los detenidos en huelga, ni del número de detenidos participando en las protestas ni sobre sus condiciones sanitarias. Para evitar hablar de la huelga de hambre y sus motivos, introdujeron el eufemismo “ayuno no religioso de larga duración”.
El documento oficial con las directrices sobre el tema fue titulado Tratamiento médico de los detenidos con pérdida de peso, que sustituía a una versión anterior titulada Tratamiento médico de los detenidos en huelga de hambre, según informó el periódico the Miami Herald.
Varios altos cargos de Estados Unidos involucrados en los asuntos de Guantánamo vieron la mano de Kelly en la obstinación del Pentágono contra el plan de Obama de cerrar el centro penitenciario. Preguntado en 2015 si se cerraría Guantánamo, Kelly declaró: “Si hablas de Guantánamo en referencia a las operaciones de detención, no lo sé. Lo que está claro es que el presidente quiere cerrarlo. Hasta que eso ocurra, me ocuparé de esos prisioneros de forma digna y atendiendo a todas sus necesidades”.
El pasado de Kelly en Guantánamo ha provocado serias sospechas entre activistas de los derechos humanos, que observan inquietos al Departamento de Seguridad Nacional en la era de Trump por la posible discriminación contra los musulmanes y una nueva ola de deportaciones forzosas de inmigrantes indocumentados.
“El Departamento de Seguridad Nacional fue creado para mantener a Estados Unidos seguro. Pero el apoyo de Kelly a las políticas y prácticas de Guantánamo no han conseguido nada parecido, sino que han hecho de Estados Unidos un país menos seguro. Indudablemente, los senadores deben preguntarle y cuestionar su pasado durante el proceso de confirmación [de su cargo]”, asegura Laura Pitter, de Human Rights Watch.
