Asistencia con intérpretes a presos extranjeros

La Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta alternativa a la norma promovida por la presidencia española de la UE para garantizar a los acusados el derecho a la interpretación y a la traducción en procesos penales fuera de su país de origen.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Viviane Reding, ha dado este paso por considerar que el texto español “no se ajusta a la Carta de Derechos Fundamentales ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Reding había dado a finales de febrero un ultimátum al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para que corrigiera su propuesta, con la amenaza de promover en caso contrario su propia alternativa. La ausencia de respuesta española ha llevado a la comisaria de Justicia a cumplir su amenaza.

El Ejecutivo comunitario cree que la propuesta española -apoyada también por la firma de Bélgica, Estonia, Alemania, Francia, Luxemburgo, Italia, Hungría, Austria, Rumanía, Portugal, Finlandia y Suecia- no va bastante lejos en la protección del derecho de defensa de los acusados. De hecho, incluso el Consejo de Europa ha escrito a Bruselas para denunciar los problemas de esta propuesta.

En primer lugar, la norma española no exige la traducción de algunos documentos “importantes” en procedimientos penales, sino que considera suficiente un resumen oral de los mismos. “Esto debilitaría significativamente los derechos del acusado”, explicó el director general de Justicia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Faull.

La segunda crítica de Bruselas es que la propuesta no garantiza la presencia de un intérprete en todas las reuniones entre el acusado y su abogado. Finalmente, la Comisión quiere que se deje claro que el acusado no pueda renunciar a su derecho a un intérprete si no está presente su abogado.

La propuesta alternativa del Ejecutivo comunitario corrige estos problemas y permitirá que la directiva “se ajuste a la Convención Europea de Derechos Humanos”, dijo Faull. Bruselas sostiene que sus propuestas son un “complemento” a la directiva española y cree que durante la tramitación en el Consejo de ministros de Justicia y en la Eurocámara, que tiene poder legislador en esta materia tras la entrada en vigor el Tratado de Lisboa, se logrará un texto de compromiso.