Asociaciones de inmigrantes condenan la propuesta de reforma de Schengen

El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, considera que la propuesta de reforma del Tratado Schengen, impulsada por Francia e Italia para poder restablecer excepcionalmente las fronteras internas dentro de la UE, “tiene más que ver con la necesidad de dar una imagen de fuerza que con una verdadera aplicabilidad práctica”.

Para Valiente, dado que ya existe la posibilidad de restablecer los controles fronterizos y “ya se ha aplicado anteriormente”, esta propuesta “no es una gran novedad desde el punto normativo ni tiene tanta relevancia”, por lo que en su opinión “es más mediático” que práctico.

“La lectura que hacemos en CEAR es que Italia y Francia, y lamentablemente la Unión Europea, han optado por una medida de gran impacto mediático para, de alguna forma, mostrar su fortaleza frente a las migraciones en procesos electorales donde el ascenso de partidos xenófobos y de la extrema derecha están amenazando sus propias posiciones”, ha señalado en declaraciones a Europa Press.

No obstante, el letrado de CEAR ha reconocido que el restablecimiento de las fronteras tendrá “una implicación muy directa para los inmigrantes” residentes legales en cualquier país europeo, porque “verían reducida su posibilidad de movimiento”. “Evidentemente, es una restricción, pero ya se venían haciendo controles en Irún (País Vasco) o en Perpignan para evitar el desplazamiento de inmigrantes sin permiso para residir en un tercer Estado miembro”, ha asegurado.

Más alarma han expresado los presidentes de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Víctor Sáez, y de la Hispano Ecuatoriana Rumiñahui, Vladimir Paspuel, quienes han condenado la iniciativa por considerar que “instrumentaliza” de nuevo a la inmigración y la relaciona directamente con la seguridad ciudadana.

Para Sáez, se trata de “un retroceso en el sistema garantista de la Unión Europea, que nace de la libre circulación de las personas”, así como va en contra de todos los tratados suscritos por los Estados miembros porque, con esta medida, dejarían de tener validez documentos “expedidos legalmente por los distintos países”, como las autorizaciones de trabajo y residencia.

“El que lo institucionalicen sólo por el criterio de un país que determine que los flujos son masivos, abre una puerta a cortar el libre tránsito de las personas. Los que pagamos las culpas somos siempre los inmigrantes”, ha añadido Sáenz en declaraciones a Europa Press.

Por su parte, Paspuel ha condenado la postura de Francia e Italia porque “vulnera los principios de los acuerdos generales de los Estados miembros” y ve la inmigración “desde un punto de vista exclusivamente utilitarista” ya que, en su opinión, si no hubiese crisis económica o problemas de empleo en Europa, dejarían pasar a quienes huyen de Libia y “mirarían para otra parte”.