El PR presentará una proposición no de ley para que el Gobierno vigile los contratos tipo

El presidente del PR, Miguel González de Legarra, considera que el sindicato ARAG-ASAJA “ha vendido al sector productor” tras la aprobación de presupuestos 2011 del Consejo Regulador que son “papel mojado” y los acuerdos a los que han llegado “sólo benefician a los mismos”.

De este modo, ha comparecido ante los medios junto al vicepresidente del PR, Ángel de Jaime Baró, para explicar que “la creación de un observatorio que va a estudiar los precios de la uva también debería vigilar los precios del vino”.

Con respecto a la creación de los contratos tipos, éste considera necesario “que sean obligatorios” porque sino “no van a aportar información”.

Por todo ello, el PR pide “un observatorio independiente bajo el amparo de la Universidad de La Rioja que cuenta con técnicos y expertos que podrán ofrecer información real y veraz para todos”.

Se trata, como explica de Legarra, de “una información que es crucial para el sector” por lo que “rompen una lanza a favor del observatorio para demostrar la transparencia”.

Por su parte, Ángel de Jaime Baró, ha demostrado con documentos, el aumento de las hectáreas de viñedos desde el año 1997 hasta el 2010, en donde se han pasado de 47.764 a 62.000, lo que supone un crecimiento del 30 por ciento, mientras que los litros de vino amparados “sólo ha pasado de 253.574.457 millones a 256.652.006, es decir, sólo un 10 por ciento”. Por todo esto, “el agricultor no se ha beneficiado del aumento de hectáreas y este ratio sólo se ha conseguido a costa de que los agricultores hayan tenido que dejar uva en las cepas”.

“Todo esto- ha continuado- es lo que tendría que explicar el observatorio para que fuera útil e independiente al igual que con la obligación de los contratos tipos” donde ha recordado que, por ejemplo, en Francia “desde el 1 de enero de 2011 son obligatorios estos contratos en la leche, las frutas y las hortalizas”.

Además, por último ha señalado, que desde el PR van a lanzar una proposición No de Ley en la que por parte del Gobierno regional “se contemple los contratos tipos obligatorios para que las bodegas accedan a diferentes subvenciones”.

Con todo ello, de Legarra ha manifestado que “la política vitivinícola del Gobierno regional es inexistente y se ha alejado del equilibrio en el sector porque el Ejecutivo ha distribuido la pobreza entre los viticultores para asegurar la rentabilidad de grupos empresariales bodegueros”.