Excluida de mesa electoral por ser discapacitada visual

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Nuria Vidal, discapacitada visual, fue convocada como vocal para una mesa electoral de Murcia con motivo de las Elecciones Europeas del pasado día siete.

Una vez convocada, pidió a la Junta Electoral una adaptación de la lista de votantes con la que ella debería trabajar para poder hacerlo sin problemas.

Con este objetivo, realizó y envió una solicitud a la Junta adjuntando el certificado que acreditaba su discapacitad visual.

En la solicitud, Nuria pedía que se realizase una copia del Censo Electoral “por ejemplo en Arial 18 para poder verlos con claridad”. Sin embargo, al parecer su petición suponía problemas técnicos, por lo que la Junta rechazó por escrito la solicitud de la vocal.

La afectada se dirigió a su vez por escrito a la Junta expresando sentirse “expresamente excluida del proceso electoral al no haber atendido mi solicitud ni respetar los principios de igualdad hacia personas con discapacidad establecidos en las normas sobre esta materia”.

La Junta le pidió entonces que presentase su excusa en el proceso, a lo que Vidal respondió que “en ningún caso voy a presentar excusa alguna ni mucho menos realizar alegaciones con motivos de la discapacidad”. En respuesta, la Junta Electoral le comunicó el mismo domingo de las elecciones “la aceptación de su excusa” y la notificación de que se convocaría a un sustituto que ocupase su lugar en la mesa.

Tanto Nuria Vidal como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), se han dirigido a la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia para pedir su colaboración en este asunto y pese a que “han mostrado mucho interés”, como reitera Vidal, no ha sido posible realizar dichas adaptaciones para que ella pueda ejercer su deber en igualdad de condiciones en estas Elecciones Europeas.

En este sentido, el CERMI considera que la negativa de la Administración Electoral a realizar un ajuste razonable tan sencillo constituye presumiblemente un trato desigual injustificado, contrario a la legislación vigente, que impide la realización de una actuación pública por razón de su discapacidad.

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