Instituciones Penitenciarias no descarta abusos en Meco

Instituciones Penitenciarias no descarta que se hayan producido abusos sexuales o relaciones consentidas a cambio de favores en la prisión de mujeres de Alcalá Meco, así como la introducción de droga, aunque son asuntos que todavía se están investigando. De hecho, ha podido confirmar que un funcionario entró en la celda de unas reclusas la noche del pasado 4 de abril y permaneció allí “un tiempo”.

Así lo confirmó hoy en rueda de prensa la secretaria general de este departamento, Mercedes Gallizo, quien remarcó que la primera denuncia por irregularidades en el comportamiento de algunos funcionarios se recibió en enero y en ella se hacía referencia a la introducción y el consumo de alcohol en el centro.

Gallizo explicó que su departamento tuvo conocimiento de estas irregularidades, que definió como “comportamientos inaceptables”, a finales de 2009 y que fue a principios de enero cuando una funcionaria informó de la introducción de alcohol, de modo que se abrió una investigación para conocer lo ocurrido, la cual derivó en la apertura de un expediente disciplinario a un funcionario.

A principios de abril se conoció el escrito presentado por otra funcionaria acerca de otra supuesta irregularidad: al parecer un guardia entró en la celda de unas reclusas durante la noche, un hecho que, para Gallizo, ya es “extremadamente grave”, independientemente de lo que allí ocurriera.

Debido a que el funcionario permaneció “un tiempo” en la celda, la investigación que se organizó al conocerse la denuncia no descarta “nada”, incluidos las relaciones sexuales. Las dos presas implicadas han sido trasladadas de centro penitenciario, aunque Gallizo no desveló en cuál están ahora.

Después de que se conociera esta denuncia de abril, y sumada a la ya presentada en enero, la secretaria general explicó que fue ella misma la que tomó las medidas necesarias para iniciar la investigación en Alcalá Meco (ahora llamada Madrid I), ya que consideró que se trataba de un tema de “extrema gravedad”.

“CONTUNDENCIA Y MANO DURA”

Gallizo, que decidió ofrecer esta rueda de prensa para aclarar todo lo sucedido y las medidas que se han adoptado, defendió que ante las denuncias presentadas se ha actuado con “absoluta contundencia y mano dura” tanto contra los funcionarios expedientados, uno por la supuesta introducción de alcohol y otro por entrar en una celda por la noche, como contra los mandos directivos de la prisión, en total tres personas.

Según indicó, el cese de la cúpula directiva se debió a que no tomó medidas “con la celeridad necesaria” para responder a los “comportamientos inaceptables y manifiestamente deleznables” que supuestamente se habían cometido en la prisión. “Debe quedar limpio el nombre de esta institución. Vamos a dedicar todos los esfuerzos a cortar por lo sano estas malas prácticas”, añadió.

A pesar de todo, Gallizo confirmó que no se han producido más denuncias en este centro, algo que, según explicó, ha podido confirmar al revisar los correos electrónicos con los que mantiene contacto con los funcionarios y las cartas que le envían los reclusos.

“NO TIENE NADA QUE VER” CON LA LEY DE IGUALDAD

La secretaria general también anunció que pedirá su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar lo ocurrido en la prisión, al tiempo que descartó que todos estos incidentes se hayan producido por la entrada en vigor de la Ley de Igualdad. A su parecer, los responsables son personas que han actuado de forma “inaceptable”, lo cual “no tiene nada que ver” con una ley que obliga a no discrimar a las mujeres a la hora de incorporarse a este tipo de puestos de trabajo.

De hecho, afirmó que el de Alcalá Meco es un centro penitenciario que desde hace años cuenta con una plantilla de mujeres superior a la de hombres, y que estas proporciones no han variado desde que la Ley de Igualdad entró en vigor en el año 2007.

Por último, Gallizo quiso dejar claro que los comportamientos indebidos detectados en la prisión son “actuaciones individuales” que no deben “empañar en absoluto el buen nombre de estos funcionarios”, más de 25.000 en España, de los cuales “la mayoría son extraordinarios funcionarios” que trabajan “con rigor y respetando los derechos de los demás”.