“La Rioja debería percibir 400 millones de euros de aplicarse la misma fórmula del Estado con Cataluña”

El presidente del Gobierno regional, Pedro Sanz, ha afirmado que La Rioja debería de percibir 400 millones de euros más de aplicarse la fórmula que el Ejecutivo central desarrolla con Cataluña en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Sanz, en comparecencia de prensa, realizó estas manifestaciones tras la reunión, celebrada el martes, de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat catalana, en la que se acordó que el Estado invertirá en infraestructuras en Cataluña 4.806 millones de euros este año.

Según el presidente riojano con Cataluña los remanentes presupuestarios de los PGE, el Estado los suma al presupuesto del año siguiente. Con ello, indicó que en los últimos tres años, el Ejecutivo central tenía previsto invertir 540 millones de euros en La Rioja, que al ejecutarse “únicamente entre un 55 y un 60 por ciento”, hace que a La Rioja le correspondiesen 400 millones de euros más.

Ante ello, y por la reuniones “bilaterales” del Estado con Cataluña, Sanz reclamó “transparencia, igualdad y claridad” en las negociaciones de la financiación autonómica, al tiempo que reiteró que se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El presidente regional reclamó además al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre los recursos presentados ante la reforma del Estatuto de Cataluña, para de ese modo “ver lo que nos corresponde de los presupuestos del Estado”.

Sanz también criticó la “falta de compromiso” del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, con La Rioja, ya que “se comprometió a responder para el 7 de febrero a las demandas planteadas” por el propio jefe del Ejecutivo riojano, que “más de un mes después no se ha producido”.

Por otra parte, apoyó la propuesta de algunos presidente autonómicos de celebrar una “conferencia de presidentes” sin el Gobierno central.

CARTA A LA MINISTRA

En otro orden de cosas, el jefe del Gobierno informó que había remitido una carta a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa para que “realice las gestiones oportunas ante la Unión Europea para conseguir retrasar la Directiva Europea sobre alérgenos e ingredientes alimentarios 2007-2008 al 31 de diciembre de 2010”.

Sanz apuntó que había mantenido conversaciones con el sector, tanto con la OIV como por la Federación del Vino que abogan por ello.