Las CC.AA propondrán al Ministerio de Justicia reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita

Las doce comunidades con competencias en materia de Justicia trasladarán la próxima semana al Ministerio del ramo los acuerdos alcanzados en la reunión de coordinación de estas autonomías, y entre los que destaca la propuesta de reformar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para garantizar este servicio a todas aquellas personas que carecen de recursos.

También pedirán al departamento que dirige Francisco Caamaño la “inmediata” asunción efectiva de las competencias ejecutiva y de gestión del personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia, competencias que incluyen, por ejemplo, la convocatoria de la oferta de empleo público, la gestión de la promoción interna, la carrera profesional o la formación.

Además, las comunidades solicitarán al Ministerio que se retome la especialización comarcalizada de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y que se siga apostando por el proceso de modernización tecnológica.

Los acuerdos, consensuados por “unanimidad” y que se abordarán el próximo martes, 25 de enero, en la Conferencia Sectorial, han sido dados a conocer este miércoles por el consejero cántabro de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, que ha ejercido de portavoz al término de la Comisión de Coordinación de Comunidades Autónomas con competencias en justicia y en la que también han participado los responsables en la materia del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Aragón y La Rioja.

En relación a la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, las comunidades abogan por que se vincule “exclusivamente” la concesión de este beneficio a la carencia de recursos para litigar, en coherencia con las políticas restrictivas de control del déficit establecidas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, el consejero cántabro ha considerado que no parece “muy razonable” que en la jurisdicción social y laboral “cualquier persona” pueda tener asistencia jurídica gratuita, incluso aunque gane “millones” de euros. Este hecho está “mermando” las posibilidades de otros ciudadanos que “necesitan” esa asistencia gratuita, ha razonado Mediavilla.

En la misma línea, el titular de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, Francisco Granados, ha argumentado que el modelo de asistencia jurídica gratuita de algunas comunidades no es “sostenible”. Por ello, ha apostado por que el servicio se preste “en las mejores condiciones” y “a quien lo más necesite”.

Según el consejero gallego de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, Alfonso Rueda, la asistencia jurídica gratuita preocupa “muchísimo” a todas las comunidades, que dedican “muchísimos” recursos a este servicio.

Por ello urgen a que la normativa estatal “que ya tiene muchos años” se reforme “cuanto antes” y teniendo en cuenta, además, las aportaciones de las autonomías, “que somos las que sufragamos la asistencia jurídica al cien por cien”.

“La norma es del Estado pero todo lo demás, incluido el coste económico, es de las comunidades autónomas”, ha sentenciado Rueda, para quien “no es de recibo” que se esté “pagando un abogado y un procurador” a gente que tiene recursos económicos “de sobra”.

Eso puede acabar suponiendo, según ha avisado, que “no seamos capaces de pagar a quien realmente necesita el abogado”. “Esperemos que el martes el Ministerio sea sensible y se dé cuenta de que hay que reformar la normativa ya”, ha deseado.

OTROS ACUERDOS

En conjunto, todas las comunidades autónomas se muestran optimistas de cara a la reunión con Justicia y esperan que “se tenga en cuenta” todas las recomendaciones consensuadas “al unísono”.

Entre esas peticiones figura también la demanda de mayores competencias en materia de personal. Así, expondrán al Ministerio que es “imprescindible e inaplazable la inmediata asunción efectiva” de las competencias normativas sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia.

Según el texto del acuerdo suscrito, las doce comunidades creen imprescindible para la implantación de la Nueva oficina judicial un mayor protagonismo competencial en la gestión del personal al servicio de la Administración de Justicia,.

En este ámbito, han ofrecido al Ministerio trabajar conjuntamente en la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para lograr así una “adecuada gestión del personal de la Administración de Justicia”. Del mismo modo, las comunidades consideran necesaria su participación en las negociaciones con las organizaciones sindicales.

En cuanto a la reforma de la planta judicial, las autonomías han pedido su participación en la concreción de las conclusiones de la comisión de expertos del Ministerio de Justicia, con el fin de superar el modelo tradicional de juzgados unipersonales.

La cercanía y el mejor conocimiento de las necesidades dentro de cada territorio derivada de ésta hacen necesaria, en opinión de Mediavilla, la coparticipación de las autonomías competentes en el desarrollo del nuevo sistema de planta y demarcación judicial.

Del mismo modo, los consejeros han abogado por la especialización de la Justicia, por lo que han reiterado su solicitud de que se lleve a efecto la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

En el ámbito de la renovación tecnológica, las comunidades han reiterado su compromiso con la implantación definitiva de las nuevas tecnologías de aplicación en este ámbito y han considerado “prioritario” el avance en la interoperabilidad de los sistemas. Por último, los consejeros de Justicia han acordado impulsar y potenciar la mediación como mecanismo para la resolución extrajudicial de conflictos.

Los acuerdos alcanzados serán enviados este mismo miércoles por el consejero cántabro al ministro de Justicia, para que sean incluidos en el orden del día de la Conferencia Sectorial que se celebrará en Madrid el próximo martes. El presidente del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, visitó a los consejeros, a la conclusión del encuentro celebrado en el Palacio de La Magdalena de Santander.

UNIDAD Y CONSENSO

Según ha explicado Mediavilla, el acuerdo suscrito da continuidad a los alcanzados en anteriores reuniones de la Comisión, celebradas en Barcelona, Pamplona y Valencia. Estos acuerdos se caracterizan por la “unanimidad y el consenso alcanzado” entre doce comunidades que, pese a tener “diferentes colores políticos”, tienen “muy claro las líneas a abordar para profundizar en el proceso de modernización de la Administración de Justicia en España y mejorar el servicio”, ha remarcado. “Tenemos una sola voz a la hora de llevar a efectos nuestras justas reivindicaciones”, ha enfatizado.

Para el consejero cántabro, las comunidades autónomas “son Estado” y como entes competentes en la materia tienen “mucho que decir y aportar”. Así, ha subrayado que todos, en relación al Estado, el Consejero General del Poder Judicial y la Fiscalía y el resto de operadores jurídicos con competencias en este ámbito, tienen “la obligación de remar en la misma dirección”.

Junto a él, han suscrito el documento los consejeros del País Vasco, Idoia Mendía; Galicia, Alfonso Rueda; Canarias, José Miguel Ruano; Navarra, Javier Caballero; Madrid, Francisco Granados; Asturias; María José Ramos, y Aragón, Rogelio Silva. También lo han rubricado la secretaria de Relaciones Institucionales con la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Carme Virgili; el director general de Justicia de Generalitat Valenciana, Antonio Gastaldi; el secretario general para la Justicia de la Junta de Andalucía, Pedro Izquierdo, y el director general de Justicia e Interior de La Rioja, Miguel Sáinz.