Millones de niños en Afganistán faltan a la escuela para ayudar en la manutención de la familia
Un informe publicado hoy por el Gobierno Afgano y la ONU afirma que los casi 30 años de conflicto vividos en Afganistán han obligado a millones de niños a faltar a la escuela para poder ayudar a alimentar a sus familias. El documento se basa en una encuesta realizada en tres de las provincias más pobladas del país: Kabul, Badajshan y Herat.
De los 8,4 millones de niños afganos -más de un tercio de la población- 1,2 millones son los cabezas de familia. “Hay cerca de 6,5 millones de niños en riesgo en Afganistán a quienes se les priva de educación”, afirmó el viceministro afgano de Trabajo y Asuntos Sociales, Wasel Noor Momand. “El trabajo infantil es una de las principales cuestiones en Afganistán que tienen que ser eliminadas”, añadió.
Momand, basandose en los resultados de la encuesta, afirmó que la pobreza, la falta de seguridad, la falta de educación y el influjo de refugiados que regresan a Afganistán desde los países vecinos son los principales factores que obligan a las familias a forzar a sus hijos a trabajar.
Según los datos recogidos, los trabajos más habituales para estos niños se desarrollan en fábricas, tiendas y restaurantes y lavando coches en la calle. Las niñas a menudo son las encargadas de permanecer en casa para asistir a sus familias.
Afganistán es uno de los países más pobres y menos desarrollados del mundo. La mayor parte de afganos vive con unos dos dólares al día y la tasa de desempleo está en un 40%. La legislación sobre el empleo en este país estipula que los niños pueden trabajar desde los 15 años, pero que las horas de trabajo no deben superar las 35 horas a la semana.
Momand aseguró que los límites de edad y de horas de trabajo no se cumplen. Paula Kantor, directora de la organización independiente Unidad de Evaluación e Investigación de Afganistán (AREU) que también ha participado en el estudio, indicó que la educación y la conciencia sobre los derechos de los niños juegan un papel importante a la hora de impedir que las familias y las comunidades utilicen a sus menores como trabajadores.
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