Luisa no murió sola

El 22 de agosto de 1936 apareció en La Grajera el cadáver de Luisa Marín Lacalle. Tenía un mes de cárcel a sus espaldas: la habían detenido el 9 de agosto, después de que, tras el golpe del 18 de julio, la obligaran junto a otros dirigentes de la izquierda riojana a firmar un comunicado llamando a los trabajadores a volver a sus puestos, bajo amenaza de graves represalias contra los propios detenidos.

Luisa era militante sindical del Gremio de Cigarreras de Logroño, una de las obreras más activas y documentadas de cuantas sufrieron la represión franquista en la región. Su muerte quedó registrada dos veces en los libros del Ayuntamiento: la primera el día 22, cuando los camilleros que retiraron el cuerpo la identificaron; la segunda el día 23, cuando fue su hermano quien tuvo que reconocerla. Dos partidas de defunción para una misma mujer, un pequeño detalle burocrático que, sin pretenderlo, resume bien el desorden y la brutalidad de aquellos días: ni siquiera la muerte de Luisa Marín se gestionó con el mínimo cuidado que merece un ser humano.

Luisa no murió sola. En La Rioja, el Censo de represaliados del Gobierno regional recoge cuarenta y dos mujeres asesinadas tras el golpe de Estado, sin contar los casos —como el de las hermanas Faustina y Francisca Ruiz, fusiladas en San Sebastián y transmitidos solo por vía oral— que ni siquiera llegaron a los archivos oficiales.

De esas cuarenta y dos, más de sesenta por ciento no tenían una filiación política conocida. No eran, en su mayoría, dirigentes ni militantes destacadas: eran vecinas, esposas, hijas, hermanas. Algunas sí pertenecían a la CNT, a la UGT, al Partido Socialista o a organizaciones republicanas, pero la inmensa mayoría fue eliminada por otros motivos, mucho más domésticos y mucho más terribles: por estar casadas o emparentadas con hombres de izquierdas, por una discusión con un cacique del pueblo, por “ayudar a huidos”, por “vivir en amancebamiento”. El umbral para matar a una mujer, en aquellos meses, era mínimo. Las edades de las víctimas, de los quince años de Carmen Gurrea a los setenta y dos de Nieves González Roldán, desmienten cualquier relato que quiera limitar la represión a la “militancia activa”. Aquí no hubo una lógica exclusivamente política: hubo control social, venganza vecinal y castigo ejemplarizante contra familias enteras, como la de Pilar Fernández, fusilada junto a sus dos hijas adolescentes, Carmen y Dolores Gurrea.

Conviene decir sus nombres, porque nombrarlas es la manera más sencilla de devolverles algo de la dignidad que se les arrebató: Esperanza Escribano Martínez, Dolores y Carmen Gurrea Fernández, María Sacramento Ochoa Díaz, Emilia Arnedo Moreno, María Armas García, Pilar Fernández, Victoria Huergo Tofé, Amalia Ortega Lafuente, Rufina Pérez Castillo, Gabriela Lorente Sáenz, Segunda Fernández-Maeztu Bernedo, Otilia Arpón González, Estefanía Magaña Lozano, Teresa Pérez Ruiz, María Luisa Garabina Olmedo, Manuela Aróstegui Otaño, María del Rey Rivera, Felipa Martínez González, Marina Argentina García Tourman, Rosario Azofra Nájera, María Benito de la Concepción, María Restauración Gasco Romer, Consolación Martínez Sánchez, Ana María Romero Bartolomé, Enriqueta Santamaría Gómez, Irene y Margarita Cordón Ortiz, Saturnina Gil Álvarez, Resurrección Martínez Sánchez, Julia Soldevilla Rada, Purificación Marzo Gil, Tomasa González Moreno, Carmen Cornago Arriazu, Nieves González Roldán, Luisa Marín Lacalle, Victoriana Torres Rodríguez, Consuelo Velasco Ortega, Josefa Díez, Juana Moreno Gil, Carmen Villar Aguado y Julia Zanza Raya. Detrás de cada apellido hay una historia truncada, y en varios casos, como el de Ana María Romero Bartolomé y su hija María Restauración Gasco, o el de Pilar Fernández y sus hijas, familias enteras que fueron borradas del mapa.

La violencia contra las mujeres, sin embargo, no se detuvo en el fusilamiento. El memorialista Patricio Escobal recordaba en sus escritos carcelarios que en La Industrial de Logroño llegó a haber cerca de noventa presas, incomunicadas del resto de reclusos por una verja de hierro y un guardia permanente. Procedían sobre todo de los pueblos cercanos, aunque también había cigarreras de la propia ciudad, y su calvario tenía dos partes bien diferenciadas: primero los insultos, escupitajos y pedradas durante el traslado desde los calabozos municipales; después, ya en Logroño, la purga con aceite de ricino y el corte de pelo al rape antes de ingresar en prisión. Es un episodio del que apenas quedan rastros documentales, porque la represión sobre las mujeres que no fueron asesinadas se sostiene casi exclusivamente sobre la memoria oral, mucho más frágil y mucho más fácil de perder con cada generación que pasa.

Y luego estaba el rapado, quizá la humillación más extendida y menos castigada de todas. En pueblos como San Vicente de la Sonsierra, Cenicero, Fuenmayor o Haro se cortaba el pelo al rape a mujeres señaladas (muchas veces por vínculos familiares, no por actividad política propia) y se las exhibía después por las calles, a veces con música, a veces obligándolas a acudir a misa para que todo el vecindario pudiera contemplar su castigo. El testimonio de Ignacia, tía de Eustaquia López y madre de dos militantes de CNT asesinados en San Vicente, es estremecedor: la llevaron al cuartel, la raparon, la purgaron con ricino hasta el punto de que volvió a su casa “cagándose por la calle” mientras otras vecinas se burlaban de ella. Otra mujer de Haro contaba cómo, al defender a su familia frente a una vecina carlista, estuvo a punto de correr la misma suerte, y solo se libró porque un teniente coronel que había perdido un brazo en la guerra pidió que dejaran de una vez de hacerla sufrir. Sobrevivir, en aquellos años, dependía muchas veces de un golpe de suerte tan arbitrario como el propio castigo.

Todas estas mujeres (las fusiladas, las rapadas, las que pasaron por La Industrial, las que fueron señaladas sin que su nombre llegara jamás a ningún censo) sostenían la vida cotidiana de sus pueblos: hacían el pan, cuidaban de niños y ancianos, hacían cola en las puertas de las cárceles, mantenían en pie lo que la guerra iba destruyendo. Y fueron, precisamente por eso, un objetivo tan claro de la represión como sus maridos, sus padres o sus hijos.

Recuperar sus nombres, sus edades, las circunstancias exactas de su muerte o su humillación no es un ejercicio de erudición no afán de revanchismo: es una forma de justicia tardía frente a un olvido que, durante décadas, resultó tan eficaz como la propia represión. Mientras sigamos contando estas historias, Luisa Marín, las hermanas Gurrea, Ignacia, Eustaquia y tantas otras dejarán de ser solo un nombre en una lista para volver a ser, aunque sea por un momento, lo que realmente fueron.