Ceuta, Marruecos y la trampa de la frontera

Hay fechas que España prefiere no mirar de frente. El 14 de noviembre de 1975, con Franco agonizante, el Gobierno de Arias Navarro firmó en Madrid los acuerdos que entregaban el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. No fue una cesión legal —España seguía siendo la potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización, según la propia Corte Internacional de Justicia— sino una claudicación. Hasán II ya había movilizado antes a 350.000 civiles hacia El Aaiún: la Marcha Verde. Pocos saben que detrás estaba Washington: Kissinger dio su visto bueno y EE. UU. ofreció a Rabat apoyo logístico y cobertura diplomática ante la ONU. La historiadora María Rosa de Madariaga resume bien la desproporción: el Protectorado español (1912-1956) costó a España mucho más de lo que dio. Por su parte, el periodista Tomás Bárbulo llama a los acuerdos de 1975 “el eslabón roto de la descolonización española”.

Escribo esto mientras Ceuta cuenta sus muertos. Puede parecerles que no tiene mucho que ver, pero les invito a acompañarme hasta el final. Como saben, el jueves entraron de forma masiva unas 60.000 personas desde Marruecos, la cifra más alta desde 2021. Detrás de esas cifras hay una monarquía que concentra poder político y religioso, con periodistas y activistas encarcelados —según documenta Human Rights Watch— y una población joven sin derechos ni futuro.

Después de estos datos recientes, volvemos al inicio. Es necesario porque estos días circula una comparación tramposa: llamar a esto “una nueva Marcha Verde”. La idea la lanzó en marzo el analista estadounidense Michael Rubin, exasesor del Pentágono, en un artículo donde pedía a Marruecos “excavadoras en la frontera” para entrar en Ceuta y Melilla. Pero esta comparación no resiste el análisis: el Sáhara era territorio colonial pendiente de descolonizar; Ceuta y Melilla nunca lo han sido. Pero, como historiadora, entiendo la tentación: la historia ni se repite ni rima, solo jugamos con ella para ver si encaja con lo que pensamos hoy. Y lo hacemos a izquierda y derecha, según la ocasión. En este caso, lo único que conecta ambos episodios no es el objeto de la reivindicación, sino el mecanismo: usar civiles como presión sobre un Estado.

Ya lo vivimos en mayo de 2021: España acogió por razones humanitarias al líder del Polisario, Brahim Ghali, y Marruecos respondió relajando el control fronterizo. Más de 8.000 personas cruzaron en dos días, según denunció el Parlamento Europeo, que habló de “instrumentalización de la migración”. En junio de 2022, otro episodio en Melilla dejó al menos 37 muertos, en circunstancias que Amnistía Internacional calificó de uso desproporcionado de la fuerza.

Marruecos, además, no juega solo. En 2020, Trump reconoció su soberanía sobre el Sáhara a cambio de que normalizara relaciones con Israel. Desde entonces Israel ha desbancado a Francia como segundo vendedor de armas a Marruecos, con tecnología usada contra el Polisario. Ese mismo eje Washington-Tel Aviv-Rabat es hoy el que más fricciona con España: por el rechazo español a subir el gasto militar al 5% del PIB de la OTAN —Trump amenazó en junio con “cortar todo el comercio con España”—, por las bases de Rota y Morón, y por el reconocimiento español del Estado palestino, que llevó a retirar a nuestro embajador en Israel en marzo.

A esto se suma una tercera variable: el rédito político que gobiernos de derecha europeos han sacado de la crisis. Italia y Dinamarca han hablado de la exclusión de España del espacio Schengen, algo que exigiría un acuerdo conjunto inexistente hoy, y Finlandia acusó a España de haber “fracasado completamente”. Piden lo imposible para parecer duros sin asumir el coste de conseguirlo. Y, de paso, alimentan sus propios programas y agendas mientras azuzan el fuego de las reacciones emocionales de unos y otros. Esto también lo conocemos: la política actual se nutre de reacciones emocionales más que de discursos sesudos. No debería sorprendernos.

Todo converge en una pregunta incómoda: ¿en qué condiciones hemos delegado el control de nuestra frontera sur? Marruecos ha recibido más de 13.000 millones de euros en fondos europeos en quince años, y entre 2022 y 2023 Bruselas destinó entre 500 y 624 millones específicamente al control fronterizo. A cambio, Europa creyó comprar algo que nunca puede garantizar del todo: la voluntad política de un tercero. Cuando decae, la frontera se abre.

Quizá la pregunta no sea solo qué hacer con la valla esta semana, sino si tiene sentido seguir gestionando nuestra frontera exterior como un favor que se compra a un régimen autoritario, en lugar de como una responsabilidad compartida y capaz de acoger con dignidad. Pero no les voy a engañar: para responder a esta pregunta no solo necesitamos los datos de nuestra historia reciente, sino también dejar de responder según lo que nos piden las tripas ante una crisis como esta. No olvidemos que lo que está en el fondo de la cuestión es el uso de personas como arma para provocar reacciones viscerales, irreflexivas o incluso violentas.