Políticos y empresas privadas, los “más corruptos”, según una encuesta

El 54% de los ciudadanos españoles estima que las empresas privadas son “bastante corruptas o extremadamente corruptas”, según el Barómetro Global de la Corrupción 2006 publicado hoy y que elabora Transparencia Internacional. Los españoles consideran que el sector de la empresa privada es el segundo más corrupto, tras los partidos políticos, al que el 63% de los españoles colocan a la cabeza del ranking.

El tercer lugar lo ocupan los servicios de registros y permisos (47%), seguidos de medios de comunicación (44%), poder legislativo (41%), sistema legal y poder judicial (41%), recaudación de impuestos (37%), servicios públicos telefónicos, de gas y electricidad (37%), servicios de registros y permisos (29%) y policía (29%).

Además, el barómetro revela que la percepción de impacto que tiene la corrupción sobre el sector de los negocios casi no ha cambiado desde el año anterior. De hecho, ha empeorado ligeramente, al pasar de 3,3 puntos en 2005 a 3,7 puntos en 2006, siendo 5 el nivel de “máxima corrupción”. Sin embargo, tan sólo el 2% de los encuestados afirma haber pagado un soborno en los últimos 12 meses.

El estudio refleja que tan sólo un 43% de las empresas que componían el Ibex 35 en 2006 “tiene una política clara de anticorrupción”, frente a otras tantas compañías que reconocen carecer de ella. Esto sucede a pesar de que el 71% de las firmas del Ibex 35 están adheridas al Pacto Mundial, que incorpora un principio anticorrupción.

Además, de las 20 empresas que cuentan con una política anticorrupción, sólo 15 compañías incluyen referencias explícitas o implícitas al soborno, y algunas se refieren sólo a recibir sobornos y no a ofrecerlos.

Por otro lado, ninguna de las empresas del Ibex 35 restringe los pagos de facilitación, un instrumento de capital que se utiliza para encubrir los sobornos y el tráfico de influencias.

Por su parte, sólo ocho de las 35 compañías del selectivo abordan el tema de la relación con los partidos políticos y de ellas son tres las que prohíben la financiación de partidos.