Por un plan de contratación pública socialmente responsable
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han lanzado dos nuevas propuestas para mejorar la situación que viven millones de personas discapacitadas que viven en España. Por un lado, la organización ha propuesto que la Administración central adopte un plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad, “que favorezca la inclusión social y la accesibilidad a través de la compra y adquisición de productos, bienes y servicios”.
Según CERMI, el plan contendría mandatos a todos los órganos de contratación de la Administración General del Estado para que incluyeran de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas.
La vigente legislación sobre contratación pública aprobada en 2007 permite a las Administraciones potenciar la dimensión social en las licitaciones, exigiendo condiciones de accesibilidad a productos y servicios, reservando directamente contratos a centros especiales de empleo o descartando de los procesos de adjudicación a las empresas que estando obligadas no cumplan la reserva legal de empleo en favor de trabajadores con discapacidad.
Para el CERMI, es imprescindible que la Administración central tome conciencia de toda la potencialidad social que le permite la Ley de Contratos del Sector Público, para una época de aguda crisis como la actual hacer de las licitaciones públicas una herramienta de las políticas de inclusión para personas con discapacidad.
Algunos Departamentos ministeriales, como el Defensa o Educación, ya están aplicando estas medidas en su ámbito de contratación, pero se necesita un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado, señala CERMI.
Por otro lado, la organización ha exigido a la policía local que aplique el nuevo régimen de sanción de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que eleva de infracción leve a grave el estacionamiento en lugares reservados a personas con discapacidad, y que multa con 200 euros a los conductores que estacionen sus vehículos en plazas reservadas para esas personas.
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