Tirón de orejas al Gobierno de La Rioja

El Consejo Económico y Social (CES) de La Rioja ha calificado como “continuista” el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2012 y ha instado al Gobierno regional a “instrumentar una política fiscal más adecuada”.

El pleno del CES ha emitido un dictamen sobre este anteproyecto de Ley, remitido por la Consejería de Administración Pública Hacienda y del que ha informado en un comunicado, en el que ha detallado su “máxima preocupación” por el alto déficit y tasa de endeudamiento de La Rioja.

El CES ha constatado “con preocupación” que el anteproyecto regula materias heterogéneas y de gran diversidad de sectores, lo que provoca una dispersión normativa, poco favorecedora para la gobernación de los ciudadanos.

Ha advertido que, dada la grave situación, “se podría pensar que el Gobierno regional hubiera podido presentar unas modificaciones fiscales y administrativas en coherencia (...), con el estímulo a la actividad económica, el crecimiento del empleo y la consolidación de la protección social”.

El Consejo Económico y Social ha calificado el anteproyecto de continuista en su dimensión fiscal y administrativa, a pesar de que los datos de los últimos años muestran la “ineficacia” de las medidas llevadas a cabo antes.

Por ello, ha instado al Gobierno de La Rioja a “instrumentar una política fiscal adecuada para un desarrollo más justo, tendente a propiciar el crecimiento sostenible en términos económicos, sociales, la corresponsabilidad fiscal y la preocupación por el empleo como ejes fundamentales”.

“El Gobierno regional desecha la opción de una política fiscal progresiva que logre un aumento de los ingresos por quienes más capacidad tienen”, según el CES, que cree que el Ejecutivo “pone en entredicho los elementos básicos de la justicia social”.

El CES ha acusado al Gobierno riojano de no favorecer el necesario diálogo social respecto a otras medidas y cambios legales que afectan a la ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda, el juego, la actividad comercial y las medidas que afectan al propio personal de la comunidad autónoma.

“El Gobierno regional no ha dado los pasos necesarios para lograr el deseable consenso dentro de un marco de diálogo social y de negociación con los interlocutores y grupos de interés en los ámbitos correspondientes que hubiera sido a todas luces deseable”, según el Consejo.

También cree que el Gobierno debe reevaluar sus políticas de exenciones fiscales en materia de vivienda ante “la realidad del desastroso impacto del desempleo en las personas mayores de 36 años.

El CES estima que existen posibilidades de actuación en el ámbito social que no ha merecido una mención en el anteproyecto para afrontar las graves situaciones en las que viven muchas personas.

Por ello, ha lamentado que se haya perdido una oportunidad de reorientar la política hacia las necesidades de las personas.

La Federación de Empresarios de La Rioja (FER) ha emitido un voto particular a este dictamen del CES, en el que señala que el complicado panorama económico actual obliga a que las administraciones públicas regulen medidas dirigidas a facilitar la reactivación económica.

Ha precisado que deben ponerse en marcha instrumentos de reducción de la presión fiscal y de cargas a las empresas para que ayuden a mantener la actividad económica y eviten el deterioro del tejido empresarial.

La FER ha instado a dotar de una mayor estabilidad las medidas tributarias comprendidas en el anteproyecto de Ley dirigidas a reducir temporalmente la presión fiscal e incorporar en un texto definitivo la regulación de éstas.

También rechaza la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (LOTUR) mediante una Ley de acompañamiento porque no es ni urgente ni necesaria y supondrá una paralización de la actividad económica actual, aumentar las cesiones obligatorias y políticas urbanísticas que no encaja con las actuaciones situaciones de las empresas.

El dictamen del CES critica el procedimiento de urgencia utilizado para un anteproyecto de tal importancia, dada la dificultad que conlleva tener que dictaminar un texto legal tan complejo en tres días hábiles.